El Gobierno elevará desde este miércoles el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas

Este decreto incluye la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de más de cincuenta trabajadores, ya que actualmente lo son para las compañías con mas de 250 trabajadores. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores tendrán tres años para elaborarlos, mientras que se da un margen de un año a las empresas que tengan más de 250 trabajadores.

Se caen finalmente del decreto, eso sí, la presencia equilibrada de mujeres en los consejos de administración y el régimen de sanciones que contemplaba en caso de vulneraciones a la igualdad laboral.

En cuanto a la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, las bajas para los progenitores pasarán de 5 a 8 semanas este año cuando entre en vigor el decreto, de 8 a 12 el año que viene para quedar en 16 en 2021. El coste de esta medida será de 1.266 millones, como ya informó ABC . Para este año, el coste del decreto será de 610 millones , ha descrito Calvo. El decreto se publicará el próximo martes y entrará en vigor el miércoles.

Los permisos no serán transferibles, de forma que las dos primeras semanas las tendrán que coger de baja al mismo tiempo que la madre –como ocurre ahora–. En 2020 serán las cuatro primeras semanas mientras que en 2021, serán las seis de inicio.

Finalmente y sobre la bocina, también ha entrado la reforma de la ley del alquiler, después de negociaciones de última hora entre Podemos y el Gobierno. El decreto se publicará mañana en el BOE y entrará en vigor el domingo y descarta regular los precios al alquiler como quería la formación morada, pero sí acota las subidas: no deberán ir ligadas al IPC pero en ningún caso podrán superar este indicador, volviendo a la redacción de la Ley de 1994.

El decreto emplaza a las regiones a hacer índices de precios de referencia a los que vincular el mercado en un plazo de ocho meses, pero clarifica que no habrá regulación. «Estos índices, ni los que las comunidades o ayuntamientos puedan regular o desarrollar a partir de ellos, en ningún caso habilita a esas administraciones al establecimiento de sistemas de regulación de precios de alquiler », sentencia el Ministerio de Fomento.

Además, se protege más al inquilino al ampliar la prórroga obligatoria de 3 a 5 años –o a 7 si el arrendador es persona jurídica–. Además, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización los hará frente el arrendador cuando sea persona jurídica.

Eso sí, el Gobierno ha accedido finalmente a las peticiones de Podemos y ha habilitado penalizaciones -en lugar de incentivos- fiscales para estimular la oferta de vivienda. En concreto, el Ejecutivo habilitará a las comunidades para que estas puedan regular el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que los Ayuntamientos aprueben sobre los propietarios de viviendas vacías.

Este “castigo” fiscal ya estaba recogido en la ley, pero en teoría iba a ser el Gobierno el que redactara una definición de vivienda vacía para articular la medida. Finalmente serán las regiones las que realicen esta acotación. El recargo en el IBI para viviendas vacías existe desde 2002 y algunos consistorios lo aplican, como el de Barcelona.

Por contra, el Gobierno ha dejado finalmente fuera de su reforma del alquiler los incentivos fiscales previstos para los propietarios que alquilasen su vivienda barato. Solo se beneficiarán de la bonificación en el IBI los propietarios de pisos sociales.

Así, el Gobierno toma en consideración las peticiones de Podemos para sacar adelante su reforma. La formación morada, que ha elaborado junto al Ejecutivo la iniciativa, ha reiterado en varias ocasiones que era partidaria de imponer penalizaciones fiscales antes que bonificaciones. Una posición que chocaba con la del PdeCat, cuyo apoyo también es necesario para aprobar la iniciativa.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación de una Autoridad Macroprudencial que se encargue de intentar detectar futuras crisis. El organismo se encargará del análisis de los posibles factores de riesgo sistémico; la emisión de opiniones; la publicación de alertas sobre cualquier aspecto que pueda afectar a la estabilidad financiera y la formulación de opiniones a los supervisores sectoriales instando a la adopción de medidas concretas.

Con periodicidad anual, la Autoridad Macroprudencial elevará a las Cortes un informe de carácter público, en el que se analizarán los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas vinculantes adoptadas y las recomendaciones y avisos emitidos.