¿Qué recomendaciones del FMI ha seguido el Gobierno en los últimos años?

El FMI sugiere en último informe que se retire la prestación a los desempleados que no estén en búsqueda activa de trabajo y que tampoco asistan a cursos de formación. El Ejecutivo no se ha pronunciado sobre este medida, pero ya en los últimos años se han reforzado los controles para evitar el fraude en el cobro y ya se recortó la prestación en 2012. Desde entonces, la prestación por desempleo equivale al 50% de la base a partir del séptimo mes en vez del 60% anterior.

Esta recomendación se repite año tras año. El organismo dirigido por Christine Lagarde considera que España debería aumentar el gravamen y reclasificar los productos con tipos reducidos y superreducidos para conseguir que la recaudación de este impuesto en España aumente en 20.000 millones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha rechazado en varias ocasiones el alza de este impuesto por considerar que la recaudación va bien y no es necesario.

El Ejecutivo ya subió el IVA en 2012 al elevar el tipo reducido del 8% al 10% y el general del 18% al 21% . También se trasladaron algunos productos desde el tipo reducido al general.

La petición de subir los impuestos medioambientales es una constante en los informes del FMI. Sin embargo, el Gobierno no ha movido ficha en este asunto. Sin embargo, nada más acceder al Gobierno en la presente legislatura, anunció una subida de los impuestos especiales. Así, se ha aplicado un aumento del 5% al impuesto al alcohol, un 2,5% a los cigarrillos y un 6,8% al de picadura.

En el último informe se vuelve a solicitar la implantación del contrato único para acabar con la dualidad del mercado de trabajo entre fijos y temporales y la «mochila austríaca» para reducir el coste del despido. Este contrato, que el FMI a medias entre el indefinido y el temporal, también ha sido defendido por los economistas de Fedea y la OCDE. Pese a que el FMI lleva pidiendo el contrato único desde 2010 , hay sentencias anteriores del Tribunal Constitucional que establecen la obligatoriedad de que se establezcan indemnizaciones diferentes en función de las causas del despido.

Por otro lado, Gobierno ya mostró su rechazo a la denominada «mochila austríaca» cuando fue propuesta por Ciudadanos en plena campaña electoral. Se trata de modelo de contrato indefinido en el que las indemnizaciones se van sumando mediante aportaciones empresariales a cada trabajador. Mediante este sistema se abarata el despido para las empresas, pero el trabajador mantiene la indemnización a efectos de antigüedad cuando cambia de compañía.

Otro de los deberes más recurrentes para España es el de la moderación salarial. Una tarea a la que las empresas españolas se han acogido como medio para salir de la crisis y que ha sido defendido desde diferentes instituciones como el Banco de España. La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió hace unos días que la contención salarial ha evitado la destrucción de casi un millón de puestos de trabajo desde 2012.

Esta vieja receta del organismo internacional se convirtió en norma en 2013. Con la Ley de unidad de mercado las empresas cuentan con una licencia única para operar en cualquier comunidad autónoma. Sin embargo, esta ley todavía debe ser completada por el Gobierno.

El organismo dirigido por Christine Lagarde instó a España a implantar el copago en sanidad y en educación en su informe d 2015. El Gobierno zanjó el debate al declarar que no estaba abierto el debate de pagar por ir al médico a pesar de que sí se hace en otros países europeos. Sin embargo, Sanidad sí ha admitido que estudia una reforma «más justa» del copago farmacéutico de los jubilados.

El Gobierno decidió incluir en su reforma fiscal de 2012 una de las recomendaciones que había realizado años atrás el FMI: la supresión de la deducción por vivienda. La desaparición de esta ventaja fiscal afecta a los inmuebles adquiridos a partir de 2013.