Las recetas económicas de los principales organismos

El último en pronunciarse fue el Banco de España que, en su último informe anual, apremió a la Administración resultante de los comicios del 26J a retomar la consolidación fiscal, incrementar el IVA y los impuestos especiales y una rebaja de las deducciones y bonificaciones fiscales.

En concreto, en el terreno laboral, el supervisor bancario considera necesario flexibilizar más las remuneraciones, para recortar los salarios en función de las necesidades económicas y promover los convenios de empresa en vez de los sectoriales. En el aspecto fiscal, señala que la magnitud de los ajustes pendientes resulta «todavía significativa», puesto que en 2015 el margen de mejora se originó por el crecimiento económico y no por la adopción de medidas estructurales. Con este motivo, apela a los sistemas coercitivos de la ley de estabilidad presupuestaria, para que las comunidades autónomas no se desvíen de los objetivos de déficit.

En el documento «Propuestas empresariales ante las elecciones generales del 26 de junio de 2016» la CEOE apremió a los partidos políticos a suprimir el entramado de impuestos autonómicos y pide que el próximo Ejecutivo se abstenga de recuperar gravámenes o imponer otros «que no tienen ni eficiencia ni interés general».

La patronal española, asimismo, apuesta por revisar el número de contratos, el régimen de bonificaciones, así como potenciar la contratación a tiempo parcial y sistemas más flexibles para los jóvenes.

La patronal también aboga por ahondar en la lucha contra la evasión fiscal y defiende que se mantengan los sistemas tributarios especiales para las sociedades de inversión de capital variable (sicav) o las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) , cuya eliminación «provocaría deslocalización de patrimonios, menor inversión española y extranjera y, a medio plazo, menor recaudación».

La OCDE elevó sus previsiones de crecimiento de la economía española para este año durante esta semana hasta el 2,8% , porcentaje una décima superior a lo anticipado durante el pasado mes de noviembre. Una pequeña muestra de confianza por parte del organismo que dirige Ángel Gurría en la economía española, matizada por la rebaja de los números de 2017, que recortó en dos décimas hasta el 2,3%.

El club de los países ricos considera que tanto el «sólido crecimiento del empleo» como el entorno de los bajos tipos de interés seguría apuntalando la evolución de la economía española, pero cree que los efectos del abaratamiento del petróleo y de la política monetaria expansiva del BCE se irán disipando a partir del año que viene, lastres que se suma a la incertidumbre surgida «desde las elecciones generales en diciembre de 2015», que «pesarán sobre la demanda, si se mantiene».

En este sentido, la OCDE recomienda adoptar medidas para procurar un «aumento de la productividad», una « condición necesaria para el crecimiento sostenible a medio plazo », reformas que deben ser «adicionales» a «la reducción del grado de integración» en «el mercado de la electricidad» y la rebaja de las «barreras a la entrada de las oportunidades profesionales».

Asimismo, aconseja llevar a cabo «más reformas para aumentar los recursos y la eficiencia de los servicios públicos de empleo, estimular a los parados y la asignación de más fondos hacia sistemas de formación eficaces». También considera prioritarias medidas para «combatir el abandono escolar y proporcionar oportunidades de segunda oportunidad para aquellos que no han completado la educación secundaria».

El FMI, mientras tanto, advirtió el pasado mes de mayo que el crecimiento potencial de la economía española se mantiene «constreñido» por la elevada deuda pública, « el débil aumento de la productividad» y el «abultado desempleo estructural », pese a que las reformas estructurales acometidas en el pasado y «los vientos a favor en las condiciones exteriores, así como por la relajación fiscal del pasado año» permiten continuar con la senda de «fuerte recuperación» en España, superior a la media de la Unión Europea.

En su último informe sobre la economía española, publicado en julio de 2015, el organismo encabezado por Christine Lagarde aconsejaba al Gobierno de Mariano Rajoy profundizar en la reforma laboral para «mantener el crecimiento de los salarios en función de la evolución de la productividad y la competitividad externa» y que los salarios reflejen «adecuadamente» las «diferentes condiciones de negocio entre las empresas, la reducción de la dualidad y la mejora de las habilidades de los parados de larga duración». Asimismo, abogaba por la eliminación de «obstáculos» para que las pequeñas empresas «crezcan», de manera que puedan «beneficiarse de las economías de escala tanto en los mercados internos y externos», así como favorecer el «desapalancamiento privado».