Las químicas piden energía más barata para mejorar su fórmula competitiva

Con estos números en la mano el presidente de la patronal del sector, la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Antón Valero, ha pedido al Gobierno un reajuste de las tarifas eléctricas, en el sentido de que reduzca de una vez por todas los costes sociales de la energía, incluidos los peajes, «que deben encontrar acomodo fuera del sistema, como son el coste de la extrapeninsularidad, el déficit de tarifa y las subvenciones a la energía renovable. Y en la medida en que se trasladen estos costes, también será posible reducir hasta su futura eliminación los tipos impositivos que afectan a la generación de energía, un impuesto que pese a recaer en la generación se traslada indefectiblemente a los consumidores».

Valero explicó que «queremos que se nos trate igual que a nuestros competidores de los países de nuestro entorno. Somos un sector competitivo que nada tiene que envidiar a los de otros países, contamos con personal especializado y no es razonable que seamos menos competitivos simplemente porque tenemos que afrontar unos costes extra de la energía que no son razonables y que deben trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado. En muchos países se dan compensaciones a la industria. Si España quiere cambiar el esquema energético hay que hacer sacrificios, pero no a costa de otros sectores consumidores intensivos de energía como es la industria química».

La realidad es que estas peticiones no son nuevas, ya que esta reclamación tiene ya años y además es compartida por otros sectores industriales, y el Gobierno, según Valero, se ha mostrado receptivo a ellas pero se ha quedado ahí y la velocidad de implantación de los cambios es lenta. El argumento nuevo es que, según la mencionada patronal, hay que aprovechar el crecimiento económico para hacer las reformas ahora y no cuando llegue de nuevo una crisis, cosa que ocurrirá con total seguridad.

Reivindicaciones al margen, los datos refrendan que la producción química ha atravesado un periodo especialmente dulce desde el año 2017, nada menos que un alza del 31,2% hasta diciembre de 2018, si se cumplen las previsiones, por el tirón de la economía española, que en los últimos años está creciendo a una tasa interanual del 3%, al aumento también de la demanda internacional y a la caída del precio del crudo.

Este sector, que genera el 12,8% del Producto Interior Bruto (PIB), se sitúa ya 16 puntos por encima de los registrados en 2007, dato que contrasta con el comportamiento experimentado por la industria española en su conjunto que, si bien todavía se halla 21,4 puntos por debajo de las cifras productivas de 2007, desde 2015 hasta 2018 experimenta una mejora de 10 puntos.

Ni que decir tiene que la demanda internacional de productos químicos ha tirado también mucho de la producción española, lo que está provocando que las exportaciones crezcan un 7,4% este año hasta los 34.876 millones de euros, cifra que se elevará hasta los 36.306 millones de euros en 2018, un 4,1% más.

Este dinamismo de la economía a nivel internacional ha hecho posible que las exportaciones sean ya el 50% del destino de la producción química española, porcentaje que se elevará hasta el 56% el próximo año.

Por áreas geográficas, y como en el resto de sectores productivos españoles, la Unión Europea continúa siendo el destino preferente, con un 59% del total. En los últimos 18 años, según datos de Feique, las exportaciones han ganado competitividad diversificando los mercados especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, China o Suiza.

Una de las bazas que juega también esta industria a la hora de reclamar ante la Administración es su fortaleza en materia de creación de empleo. Da trabajo de manera directa a 193.000 personas, lo que supone un aumento de un 7,5% respecto al año pasado, y para 2018 calcula que el número de empleados crecerá un 2,1%, hasta los 197.000. Si se computan los empleos directos e indirectos que genera este sector, el total de empleo se eleva a 645.000.

Al margen de los siempre fríos números la realidad muestra que esta industria genera empleos de calidad y estabilidad, ya que los contratos indefinidos suponen el 94% del total y el nivel de retribución asciende a una media de 38.100 euros por trabajador, uno de los más elevados de la industria en general que repercute a su vez, de forma directa, en una mayor contribución a la economía española vía cotizaciones sociales e Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El balance anual de esta industria también fue ocasión para que el presidente de su patronal volviera a insistir en la necesidad de «que la política industrial esté situada en el mapa de las prioridades del Gobierno y de los diferentes partidos políticos si se persigue que España sea un país capaz de generar empleo estable y de alta cualificación, empresas de elevado valor añadido y un tejido productivo intensivo en innovación y con vocación exterior. Es imprescindible acordar un Pacto de Estado por la Industria a partir del cual desarrollar una estrategia de crecimiento industrial independiente del Gobierno que esté en el poder.

Un claro ejemplo, según Valero, de esta ausencia de una política enfocada a la industria se aprecia en el transporte. «España va retrasada en la elevación de la Masa Máxima Autorizada de carga de los transporte de carretera de 40 a 44 toneladas, tal y como está ya permitido en la mayoría de los países comunitarios, por lo que es más urgente que nunca que se alcance un acuerdo entre cargadores, transportistas y el Ministerio de Fomento». En el mismo ámbito del transporte, «esta industria ha apoyado siempre que se acabe la construcción del corredor Mediterráneo y del resto de corredores transeuropeos que afectan a la península ibérica, no solo mediante la nueva construcción e implantación del tecer hilo, sino también desarrollando parque ferroviario que permita la circulación indistinta en ancho ibérico o ancho internacional, proyectos en los que ADIF está actualmente trabajando».

La idea expresada es que «el desarrollo de infraestructuras y servicios de transporte es esencial para España si queremos aprovechar el potencial de nuestro país para acceder al mercado europeo desde terceros países y conectarse eficazmente con los mercados el arco Mediterréneo, Oriente Medio, África y Latinoamérica».

España, según Feique, tiene déficit de industria en general en relación con la media europea ya que, junto con la producción de energía, supone alrededor del 16% del PIB español, frente al objetivo europeo de que alcance el 20% en el año 2020. « Necesitamos una política industrial valiente que tenga en cuenta los cambios que se avecinan y el cambio que supone la producción de energía renovable», explicó Valero.

Otro de los asuntos que no podía dejar de tratarse en la reunión anual de balance de la industria química instalada en nuestro país es el reto de la economía baja en carbono, la conocida como «economía verde». Antón Valero se mostró convencido de que ese es el futuro y el importantísimo reto que debe asumir toda Europa para evolucionar hacia una economía baja en carbono y circular, «que solo serán posibles avanzando en la innovación, área en la que la contribución de la química será esencial, especialmente en ámbitos como la generación y el almacenamiento de energías renovables, la eficiencia energética, la captura de CO2 o el desarrollo de biomateriales».

También señaló que Europa se encuentra atrasada en movilidad eléctrica y que se deberían poner las bases para desarrollar esta tecnología con ventajas con respecto a otras zonas del mundo, si bien se ha felicitado porque el continente europeo haya vuelto a ser considerado como una zona de inversión por las multinacionales.

Y en relación con esta transformación de la manera de producir, y como no podía ser de otra manera, también hubo referencia al marasmo normativo europeo, español y dentro de este último autonómico. «Es muy importante mantener mayor homogeneidad en la legislación comunitaria aplicable a cada país en la Unión Europea, ya que no es infrecuente observar cómo en nuestro país, y también a escala autonómica, se introducen en determinadas ocasiones, fundamentalmente en la transposición de directivas, plazos y condiciones más estrictas que las exigidas en otros países con los que competimos o, en otras ocasiones, en nuestro país no se adoptan al mismo nivel que en otros ventajas competitivas que permite la legislación comunitaria como es el caso de las redes cerradas de distribución o la compensación de los mencionados costes indirectos».

En cuanto a la radiografía del sector, y como ocurre en la actualidad en todas las áreas productivas, hay también baile de fusiones y adquisiciones. En el mundo se fabrican alrededor de 9.000 productos químicos y en España hay alrededor de 3.000 empresas dedicadas a esta actividad, número que según la patronal del sector podría reducirse a medio y largo plazo mediante operaciones de fusión y adquisición, tanto dentro de nuestras fronteras como con operaciones provenientes de empresas provenientes del exterior.

Según datos de Statista las fusiones y adquisiciones registrada en el sector industrial y químico fueron las protagonistas absolutas ya que alcanzaron el 20% del total en 2016, seguidas de las relacionadas con la tecnología, el 15,1% del total, y los servicios financieros, que fueron el tecer sector en importancia en fusiones, con el 13,9% del total.