Así queda el teletrabajo para los más de dos millones y medio de empleados públicos

Ante un panorama de convivencia con la pandemia que parece alargarse cada vez más en el tiempo, el Gobierno y los sindicatos de las administraciones (CSIF, UGT y CC.OO.) firmaron ayer un acuerdo para reconocer el derecho permanente de teletrabajar a los más de dos millones y medio de empleados públicos de todas las administraciones. La regulación establecerá, eso sí, que su utilización deberá venir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades de la función. El acuerdo se rubricó en la Mesa General de las Administraciones Públicas, en la que están representadas comunidades autónomas y ayuntamientos junto al Estado.

El teletrabajo será reversible y voluntario pero esta opción no será absoluta y se garantizará la atención directa presencial en la Administración. De esta forma, un requisito previo será la valoración de cada puesto para identificar si las tareas asociadas al mismo se pueden realizar a distancia. De lo contrario, no habrá teletrabajo en estos casos.

Asimismo, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán seis meses para adaptar la regulación a su ámbito competencial . La regulación se hará incluyendo un artículo 47 bis al Estatuto Básico del Empleado Público, si bien no se marcarán ni porcentajes ni horas de teletrabajo, ya que cada departamento será el que negocie los detalles de cómo se implantará esta modalidad. Por ejemplo, en la Administración General del Estado, durante el confinamiento se articuló una modalidad de trabajo no presencial con prioridad para los empleados con hijos a cargo y enfermedades crónicas, con al menos cuatro días.

S erá la Administración la que asuma los costes de equipamiento para asegurar el teletrabajo por parte del personal público. Como señalan fuentes sindicales, en principio iba a ir mañana a Consejo de Ministros, pero la negociación con la regulación del teletrabajo en el sector privado se ha complicado.

«La pandemia está poniendo el sistema al límite», incide el presidente de CSIF, Miguel Borra, quien reclama abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social.

La Administración además se compromete a la formación «en competencias digitales» necesarias para la prestación del servicio, desarrolla el derecho a la deconexión digital y a la intimidad. Ahora deberán de abrirse las mesas en cada administración para negociar en cada subsector el detalle del teletrabajo.