Pymes y autónomos, en guerra contra la ley de contratos públicos

Critican que el texto deja pagar más allá del límite legal si hay un acuerdo entre partes

ATA y la patronal catalana Pimec denunciarán el texto a la Justicia europea si no se cambia

MADRID Actualizado: Guardar
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El proyecto de ley de contratos del sector público, que ahora tramita el Gobierno, se enfrenta a la oposición de pymes y autónomos. Las pequeñas empresas critican que el borrador actual de la ley permite el acuerdo entre las partes para decidir cuándo se cobra, lo que posibilita que una administración o un contratista imponga a su proveedor un pago por encima del plazo legal, de 30 días para el sector público y de 60 días para el privado. Si el texto definitivo no cambia este punto, organizaciones de pymes y autónomos señalan a ABC que lo denunciarán al Tribunal de Justicia de la UE.

Quedan pocos días para matizar el texto. El plazo de enmiendas para el proyecto de ley, que se prorrogó ayer después de que la Cámara Baja rechazara la enmienda a la totalidad, acaba el próximo jueves 23 de enero. La futura ley de contratación pública afecta a un 18,5% del PIB español y pretende controlar más las licitaciones públicas y luchar contra la corrupción, describió ayer en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El punto que genera mayor polémica es el que permite a empresas y administraciones pagar por encima del límite legal, que el texto detalla así: «El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo, respetando los límites previstos en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004 (...), siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva», recoge el proyecto de ley. «¿Qué es abusivo? Aquí la ley lo deja abierto a interpretación y ahí está la trampa», denuncia Antoni Cañete, secretario general de la patronal catalana Pimec y presidente de la Plataforma contra la Morosidad, que reclama que se elimine de la Ley cualquier posibilidad que incluya pagar a más de 30 o 60 días, según sean administraciones o empresas los contratistas.

Los autónomos también rechazan el actual proyecto de ley. Lorenzo Amor, presidente de ATA y embajador de la Comisión Europea para vigilar la morosidad, señala que si no se cambia recurrirán a la Justicia continental. «Nos vamos a oponer a todo lo que signifique superar los 60 o 30 días de plazo de pago. Espero que el PP no se deje llevar por las presiones de los lobbys y las grandes empresas», asevera Amor.

La Comisión Europea tiene una sensibilidad especial con este tema. La Ley de contratos públicos supone la transposición de una directiva que España debería haber llevado a cabo antes de marzo de 2016, por lo que llega con retraso. Asimismo, la Comisión abrió un expediente a España el pasado miércoles porque las administraciones superan los 30 días de plazo legal que marca la directiva contra la morosidad, ya que la legislación nacional «amplía sistemáticamente 30 días el plazo legal de pago». La UE le da dos meses al Gobierno para aprobar medidas o habrá sanciones.

Otros puntos del proyecto de ley que autónomos y pymes rechazan es que un subcontratista no pueda tener relación directa con la administración, sino solo con la empresa que le contrata, lo que, denuncia Cañete, los deja a expensas de las grandes compañías. También critica que la ley no obliga a las administraciones a controlar que las empresas adjudicatarias cumplen a su vez los plazos de pago de la Ley contra la Morosidad. Cañete también lamenta que la Ley incluya tantas excepciones a despiezar los contratos por lotes. Al dividir una licitación, más empresas –entre ellas, pymes– pueden acceder a un contrato de la Administración.

Conflicto con CEOE

El secretario general de Pimec reprueba el papel asumido por CEOE en la reforma de la ley, ya que «defiende a la gran empresa». Fuentes de CEOE explican que en las enmiendas que han presentado abogan por la armonización con los plazos europeos y piden eliminar cualquier situación excepcional. La patronal también reclama que en la ley solo las administraciones que cumplen los plazos de pago exijan que sus adjudicatarios paguen a sus proveedores en hora. En sus palabras, «las principales incumplidoras en morosidad son las administraciones».