«Proyecto Pin»: El encargo del BBVA a Villarejo para desacreditar a Luis Pineda por 500.000 euros al año

Así lo recoge el sumario de actuaciones sobre los contratos que el BBVA firmó con empresas de Villarejo durante 13 años por importe superior a 10,2 millones de euros y que se ha venido siguiendo en secreto hasta esta semana, cuando el juez ha acordado poner el contenido a disposición de las partes. La documentación, a la que ha tenido acceso parcialmente ABC, revela cómo las pesquisas se iniciaron precisamente a instancias de dos denuncias de Pineda: En un auto fechado el 4 de diciembre de 2018, el entonces instructor Diego De Egea acumula esos escritos a la causa Tándem y abre la pieza separada número 9: BBVA.

El juez adoptó esta decisión en linea con Fiscalía Anticorrupción tras considerar que se trataba de «un proyecto más (…) encomendado por altos directivos de la entidad BBVA no identificados al entonces funcionario en activo del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo, prevaliéndose de sus relaciones con el jefe de Seguridad de dicha entidad bancaria Julio Corrochano en cuanto excompañero en el CNP».

Afirmaba que Villarejo habría «utilizado su entramado empresarial para prestar servicios de inteligencia ilícitos e incompatibles con su labor policial a cambio de elevadas sumas de dinero», una tesis que pasados un año y dos meses desde aquel auto, sigue manteniendo el actual instructor, Manuel García Castellón , que ya ha identificado varios de aquellos contratos y pagos por importe de 10,2 millones de euros.

El punto de partida, una «contratación que habría tenido por objeto que Villarejo investigara a Luis Pineda a cambio de recibir del BBVA unos 500.000 euros anuales durante varios semestres, sin concretar fecha, mientras el citado Villarejo era funcionario policial en activo». No fue el único encargo: la pieza acumula ya 17 tomos de pesquisas y diligencias, incluido el material hallado en poder del comisario, la documentación aportada por algunos investigados y las declaraciones de los que se han avenido a responder a preguntas del juez y los fiscales.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos fechado en febrero de 2019 que obra en las actuaciones identifica otros de estos «proyectos» como el denominado King-Prasa cuyo objetivo era el seguimiento del Grupo Prasa por interés del BBVA o el más conocido hasta la fecha, el «Proyecto Trampa», que implicó seguimientos a empresarios, periodistas y políticos para intentar evitar el desembarco en el Consejo de Administración del banco que estaba fraguando el grupo Sacyr entre 2004 y 2005. En estos dos, como en el ‘Proyecto Pin’ contra Pineda, la Policía evidencia «la ejecución de medidas lesivas de derechos», en línea con lo manifestado por García Castellón en el auto por el que esta semana ha acordado levantar el secreto de sumario. Los servicios, ilícitos dada su condición de policía en activo, afectaron derechos fundamentales de las personas objeto de sus «trabajos».