Imagen de archivo de una oficina del Popular, ahora propiedad del Santander
Imagen de archivo de una oficina del Popular, ahora propiedad del Santander - AFP

Los primeros fallos judiciales ven irreales las cuentas de Popular y alientan a reclamar

Otra juez anula una compra de acciones en 2016 y obliga al banco a devolver 17.851 euros

MADRIDActualizado:

La Justicia ha empezado a resolver las demandas de accionistas del Popular que invirtieron en la ampliación de capital del banco en 2016 y que un año después perdieron su dinero durante la resolución del banco. Un juzgado de Fuengirola (Málaga) ha anulado la compra de acciones por un pequeño inversor en esa operación y obligado a la entidad, ahora propiedad del Santander, a devolverle los 17.851,20 euros que invirtió más intereses y costas judiciales. La sentencia, la segunda favorable a accionistas de tres emitidas hasta la fecha, concluye que el demandante invirtió inducido por información irreal sobre la verdadera situación del banco.

El Popular, bajo la batuta de su expresidente Ángel Ron, amplió capital en junio de 2016 por 2.505 millones de euros para sanearse. El folleto de emisión advertía de que la entidad necesitaba hacer provisiones por 4.700 millones y ese año registraría unas pérdidas de 2.000 millones. Al final, esas dotaciones rozaron los 5.700 millones y las pérdidas superaron los 3.600.

El fallo del juzgado de primera instancia número 5 de Fuengirola considera que el denunciante, representado por LEAN Abogados, adquirió 14.261 acciones a 1,25 euros por título «motivado exclusivamente por una información, facilitada y promulgada por Banco Popular sobre su estado financiero, patrimonial y contable, que no se ajustaba a la realidad, con unas cuentas anuales de 2016 que no eran correctas y que con posterioridad tuvo que corregir». La magistrada considera que esa correción posterior de las cuentas «es claramente reveladora del incumplimiento de los deberes de información de la entidad».

Un fallo de un juzgado de Oviedo anuló en marzo otra compra de acciones en la ampliación y obligó a resarcir al accionista al entender que «la imagen de solvencia publicitada y divulgada no se correspondía con la situación económica financiera real». Ambas sentencias, ante las que cabe recurso, van en contra del primer fallo sobre este caso y en el que un juez de Bilbao dio la razón al banco al entender que al adquirir acciones «se puede ganar o perder» y que el demandante no había acreditado que la información tuviera inexactitudes, como defiende la entidad.

El Popular argumentó en el caso de Fuengirola que las mayores pérdidas sufridas se deben a hechos extraordinarios posteriores a la ampliación y que actuó siempre con transparencia y que el inversor trata de hacer cargar al banco con ese riesgo de invertir en Bolsa.

El precedente de Bankia

La jueza admite que la Bolsa siempre conlleva un riesgo de pérdidas, pero basa su fallo en que el Popular informó indebidamente al accionista «mediante una información que reflejaba una situación financiera distinta de la real». Y además usa como jurisprudencia varias sentencias de Audiencias Provinciales sobre la salida a Bolsa de Bankia que también concluyeron que la entidad captó dinero de los inversores con información contable irreal.

«El caso es muy similar sino idéntico en la medida en que el folleto tampoco reflejaba la realidad de la entidad», dice a ABC la letrada de LEAN Abogados encargada del caso, María del Carmen Robles. Este despacho cree que el fallo «sirve de aliciente para que muchos otros inversores del Popular se animen a reclamar judicialmente para recuperar su dinero».

«Además las demandas ya no se dirigen contra las autoridades por resolver el Popular, sino contra el banco por falsedad contable», dice el socio fundador de Zunzunegui Abogados, Fernando Zunzunegui, quien recuerda que expertos y altos cargos del Banco de España ya han admitido en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que las dificultades del Popular venían de años atrás.

Los abogados creen que el informe pericial sobre el Popular encargado a dos inspectores del Banco de España por la Audiencia Nacional puede ser el detonante de una oleada de reclamaciones, como sucedió con Bankia cuando los peritos judiciales concluyeron que esta salió a Bolsa con cuentas maquilladas, lo que obligó a la entidad a establecer un proceso para resarcir a los pequeños inversores que habían perdido su dinero. «Si la conclusión va en esa línea, las demandas contra el Popular llegarán en masa», augura Zunzunegui.