Primeras condenas a los controladores aéreos juzgados por los paros de diciembre de 2010

En relación a los 73 controladores que aceptarían que abandonaron el servicio en el inicio del «puente» de la Constitución de 2010 , abonarían 1.000 euros de indemnización a cada uno de los pasajeros afectados por los paros. Además, cada uno de dichos trabajadores aeroportuarios pagaría también una multa de 15.000 euros. Dicha multa ascendería hasta los 31.500 euros en el caso de quienes además eran dirigentes sindicales. Estos últimos también aceptarían una inhabilitación de cinco meses.

Inicialmente, la Fiscalía planteaba que los 80 controladores de Baleares deberían responder ante la Justicia de dos posibles modos distintos , o bien por un presunto delito de abandono del puesto de trabajo y el consiguiente pago de una multa, o bien por un presunto delito de sedición, que podría implicar cuatro años de cárcel. El acuerdo alcanzado esta mañana entre todas las partes deberá ser rubricado ahora por los citados controladores . En caso de que algún controlador no estuviera conforme con dicho acuerdo, declararía entonces finalmente en la vista oral.

El juicio se ha iniciado esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma , con la presencia de una veintena de acusados. El pasado mes de septiembre la Sala ya había previsto que la comparecencia de los encausados sería de manera escalonada, por turnos, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y evitar posibles problemas en el tráfico aéreo.

El origen de la situación que ha derivado en este proceso judicial cabe situarlo en diciembre de 2010 , coincidiendo con el «puente» de la Constitución de aquel año, cuando la mayoría de controladores aéreos de Baleares no trabajaron, o bien no se incorporaron a sus turnos, o no cogieron el teléfono estando de guardia. Esa situación se produjo tras varios meses previos de conflicto laboral latente vinculado a la regulación de las jornadas de trabajo.

Los 80 controladores ahora encausados presentaron escritos en aquellas fechas en los que alegaron que no estaban en condiciones de poder desarrollar su función. Por su parte, el juez instructor de la causa llegó a la conclusión de que lo que se pretendía en realidad era paralizar el tráfico aéreo, sin tener en cuenta las repercusiones que esa circunstancia podría tener sobre las personas que tenían previsto viajar en aquellos días.

La actuación de los controladores de Baleares implicados en los paros provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el sucesivo cierre de los sectores aéreos. Esta situación se produjo no sólo en los aeropuertos de Palma, Ibiza y Mahón , sino también en otros aeródromos del resto de España. Todo ello motivó que el 3 de diciembre de 2010 se produjera el cierre del tráfico aéreo. El Gobierno central decretó el estado de alarma un día después, el 4 de diciembre de 2010, y el tráfico se reanudó finalmente unas horas más tarde. Los citados hechos acabaron derivando con el tiempo en causas judiciales únicamente en dos autonomías, en Madrid y en Baleares.