Primera sentencia de cárcel por el caso de fraude fiscal «Cum Ex»

Ha sido un juicio sorprendentemente rápido, solamente 29 días. La fiscalía de Colonia presentó cargos contra a finales de mayo y la sala, de hecho, había planeado más fechas de sesiones para el proceso penal. Y el castigo es mucho más severo que en el primero de los procesos relacionados con este escándalo financiero, en marzo de 2020. Ha quedado establecido que Christian S. era la mano derecha del entonces jefe de Warburg, Christian Olearius, y sabía que los controvertidos acuerdos violaban la ley , según la acusación. En opinión del tribunal, el acusado es ahora solidariamente responsable de un caso de evasión fiscal especialmente grave, tesis defendida por la fiscal principal Anne Brorhilker y el fiscal Hanno Berger.

S. era considerado un confidente cercano del antiguo jefe y accionista de Warburg, Christian Olearius. Como su mano derecha, el representante general estuvo presente regularmente cuando el abogado El primer proceso «cum-ex» terminó hace más de un año, poco antes del primer bloqueo impuesto por la pandemia. En ese momento, los dos banqueros de inversión radicados en Londres que estaban siendo juzgados tuvieron que volar para asistir a la audiencia en Alemania y terminaron saliéndose con la suya, con una sentencia suspendida porque cooperaron ampliamente con la Justicia y, por primera vez, aportaron detalles sobre los controvertidos acuerdos bursátiles que habían cautivado a tantos agentes de la industria financiera por sus enormes beneficios sin riesgo. Se sospecha que entidades como Deutsche Bank, Commerzbank y la filial bancaria de Clearstream, que han sido allanadas en los últimos meses, podrían estar vinculados al caso. La manipulación, que requería la complicidad de varios inversores, permitía solicitar varias veces la devolución del mismo impuesto sobre dividendos.

Para el movimiento ciudadano Verein Finanzwende, con esta segunda sentencia se ha alcanzado un «hito decisivo en el escándalo cum-ex». «Es solo el primer infractor que recibe una pena de prisión por sus actividades delictivas y no debe ser el último», reivindica el diputado verde, Gerhard Schick, «son los primeros pasos para enmendar años de negligencia", que calcula que los daños para las arcas públicas alemanas debido a este fraude alcanzan los “5.500 millones de euros». Pero para la Defensa esta sentencia puede ser recurrida fácilmente, alegando que los acusados solamente aprovecharon en su beneficio un diseño defectuoso en el procesamiento de la carga fiscal de tales transacciones, que permitía que los inversores pudieran pagar el impuesto solamente una vez se reembolsara varias veces. El nombre de estas transacciones surgió precisamente del hecho de que las acciones se negociaban con, es decir, «cum», derecho a dividendos, así como sin, es decir, «ex». Dado que todos los pasos comerciales estaban respaldados por transacciones de cobertura, el riesgo era cero. Los beneficios procedían de las arcas fiscales. Solo en el proceso ya concluido, la Fiscalía estimó el daño fiscal en algo menos de 168 millones de euros.

La Asociación Bancaria Alemana ya había señalado esa laguna fiscal en 2002, momento en el que el negocio llevaba ya funcionando varios años. Participaron en el dudoso negocio muchos bancos y algunos bufetes de abogados. Una comisión de investigación parlamentaria trató de sondear la inacción del Ministerio de Finanzas y ha llegado a la conclusión de que ni siquiera las responsabilidades penales están claras. Varias fiscalías llevan años realizando averiguaciones previas contra más de mil imputados, inversores y consultores acusados en alrededor de 80 procesos, pero incluso diez años después del cambio de la ley, las condenas penales han seguido resultando «manejables».

El banco involucrado, M.M. Warburg ya pagó, por su parte, las reclamaciones fiscales en relación con el escándalo, aunque enfatizando siempre que las reclamaciones adicionales no estaban justificadas. Después de este último fallo, el banco ha expresado dudas sobre si la sentencia resistiría una posible revisión «en vista de las numerosas solicitudes de sesgo rechazadas y las solicitudes de prueba rechazadas». «La responsabilidad principal de los bancos custodios nacionales y los iniciadores de las transacciones no se tiene suficientemente en cuenta», se queja el banco.