Los Presupuestos recortan en un 7,9% la dotación de un Sepe con grietas heredadas

El 98,1% del presupuesto (28.566 millones de euros) se dedicará al pago de las prestaciones por desempleo y a impulsar las políticas activas de empleo. Solo para lo primero dedicará un montante de 22.457 millones (2.568 millones menos), un 10,2% menos que el año pasado por la mejora del empleo por la recuperación. Respecto a las políticas activas de empleo (orientación, formación, ...), programas como el de f omento de la inserción y estabilidad laboral se lleva 3.640 millones, la mayoría a financiar las bonificaciones a la contratación (1.798 millones de euros). Otra partida importante es la destinada a formación profesional para el empleo que verá incrementada su dotación en un 7,2% hasta los 2.030 millones de euros. Destacan también los 255 millones de euros destinados al fomento del acceso al empleo de los jóvenes o los 150 millones para nuevos proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerables (discapacitados, parados de larga duración).

Esto sucede apenas unos meses después del ciberataque sufrido el pasado mes de marzo por el organismo, que paralizó durante varios días sus sistemas y dejó al descubierto sus vulnerabilidades (servidores anticuados, múltiples aplicaciones ad hoc y parches, etc). Todo ello, a través de un virus de tipo 'ransomware ' llamado 'Ryuk', que secuestra los datos a cambio de un rescate económico previo a su recuperación. El organismo ya ha adjudicado algún contrato para reforzar la seguridad de sus sistemas informáticos y digitalizar su funcionamiento, como el que ganó Fujitsu Technology Solutions por un importa de 402.025 euros para la recuperación de los sistemas tras el ciberataque. Precisamente, el organismo tiene consignado 47 millones de euros este año destinado la digitalización de todos los procedimientos administrativos y la actualización de los equipos. informáticos.

No ha sido la única polémica que ha rodeado al organismo encargado de gestionar las prestaciones por desempleo durante este año: los sindicatos, especialmente CSIF, han venido coincidiendo en las críticas por las condiciones laborales en que han tenido que hacer frente a la fuerte carga de trabajo consecuencia directa del repunte de los parados y la multiplicación de los ERTE por el Covid. Al respecto, el pasado mes de junio, saltó a los medios la noticia de que el SEPE se desharía progresivamente de los 1.500 empleados interinos contratados como refuerzo por la crisis económica derivada del Covid. Más recientemente, el pasado 28 de septiembre, CSIF, UGT y Comisiones Obreras mandaron una misiva conjunta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz pidiéndola una «reunión urgente» para evita el «colapso» del organismo.

En línea con lo manifestado en meses anteriores, la representación sindical criticaron la merma de la plantilla y el aumento del número de jubilaciones «ante la incertidumbre de la reforma de las pensiones y la alta edad media» de los funcionarios del SEPE. Además añadían a sus críticas que en la última década , el organismo había perdido 3.400 empleados a los que sumar la salida de los 1.500 interinos incorporados por el Covid. El año que viene contará con menos dotación presupuestaria.