El presidente del Supremo pide disculpas y niega haber recibido una llamada de los bancos

En un encuentro con periodistas al comienzo de la jornada de puertas abiertas de la institución, Lesmes ha reconocido que hubo una gestión «deficiente» del asunto, que no se ha gestionado bien y que ha causado un daño y una desconfianza en el alto tribunal de una institución que lleva «206 años trabajando, ni a favor ni en contra de ningún sector».

El alto tribunal, ha recordado, se pronunció sobre las cláusulas suelo y no precisamente a favor de la banca, al declarar su abusividad, y también respecto de otros gastos asociados a la firma de hipotecas, por lo que no cabe achacarle preferencia por ningún sector de la sociedad.

A lo largo de la jornada del jueves, cuando se hizo pública la sentencia que atribuye a las entidades financieras, y no al cliente, el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, Lesmes mantuvo varias conversaciones con el presidente de la sala tercera, Luis Díez Picazo, que es la que emitió el fallo. Picazo le explicó que había tenido conocimiento de la sentencia por la prensa, que comenzó a difundir «cuestiones inciertas, como si eran las comunidades autónomas las que tenían que hacerse cargo del impuesto, o los bancos directamente».

Para paliar esa incertidumbre, Lesmes sugirió a Díez Picazo que se redactase una nota aclaratoria, porque «no genera desconfianza sino que despeja incertidumbres, quizás no todas pero sí algunas», pero el presidente de la sala optó por convocar una reunión del Pleno para el próximo 5 de noviembre.

Aunque en su opinión una nota aclaratoria hubiera despejado más incertidumbres que una reunión del pleno, que por otra parte es una práctica normal, Lesmes ha asegurado que en ningún momento solicitó la dimisión de Díez Picazo, del que ha dicho que es un buen magistrado que ha realizado «una labor encomiable».

No se trata de que una u otra persona haya cometido un error, ha añadido, sino que se trata de una serie de circunstancias que han provocado una percepción de desconfianza sobre el Supremo y una serie de incertidumbres.

De lo que se trata ahora, ha indicado, es de que no se vuelvan a repetir en el futuro situaciones como ésta, que tanto ha afectado a la imagen de la institución que ha sufrido un gran daño reputacional.

Es lógico que una sentencia sobre un tema como el impuesto de las hipotecas genere una gran expectación, ha señalado, como ha ocurrido en otras ocasiones, como cuando se emitió un fallo sobre las cláusulas suelo que ha desembocado en más de 250.000 demandas, una situación que no se puede calificar de «colapso pero si de difícil».

El Tribunal Supremo ha trabajado con «calidad y eficacia» siempre en beneficio de la sociedad española, y no al revés, ha dicho, y ha reiterado que los problemas de gestión los van a «corregir».

El Alto Tribunal ha fijado para el próximo 5 de noviembre el Pleno en el que se convalidará, revocará o matizará la nueva doctrina dictada que exonera al cliente del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas. El presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picaco avocó este asunto a Pleno veinticuatro horas después dejando en un limbo jurídico a quién corresponde ahora este pago: si al cliente o al banco.