Presidencia critica la opacidad de Escrivá con el factor de ajuste de las pensiones

El nuevo mecanismo deberá introducirse vía enmienda al proyecto de ley que actualmente está en el Congreso y la fecha tope para ello es el día 15 de noviembre. Pero antes tendrá que ser consensuado con los agentes sociales y, en caso de no lograrse el acuerdo, el Gobierno procederá a legislarlo unilateralmente. De momento, la opacidad con la que el ministro está llevando el diseño de la nueva herramienta ha sido objeto de fuertes críticas por los grupos políticos y los agentes sociales. Pero también dentro del propio Gobierno. En el informe realizado sobre la primera parte de la reforma por el Ministerio de la Presidencia a petición de la Seguridad Social, se reprocha a Escrivá que solo detalle que se deroga el factor de sostenibilidad sin dar más detalles ni explicación sobre el contenido del nuevo mecanismo.

«Sería deseable que se explicasen los motivos por los que se considera conveniente la derogación expresa del artículo 211 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social una vez que entre en vigor la ley», dice el ministerio. Añade que también «sería deseable incluir una explicación más detallada» sobre el contenido de la herramienta. Así figura en la documentación adjunta a la reforma de pensiones que desde finales de agosto ya tiene el Parlamento y en la que se refleja que tampoco le salen las cuentas al ministro con las proyecciones de gasto por impacto de la escalada de los precios.

Y es que otro de los problemas añadidos a la reforma está siendo la inflación. En la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de ley de reforma de pensiones se estima el efecto económico de volver a ligar las pensiones al IPC y desterrar el IRP, el índice de revalorización que limitaba las subidas al 0,25% en tiempos de crisis. Los cálculos cifran en 1,4 puntos el coste de derogar el IRP en 2030, coste que se elevaría a 2,3 en 2040 y 2,7 puntos en 2050. En el texto se detalla que los cálculos que se han utilizado para realizar la proyección ha sido de una inflación del 1,3% en 2022, del 1,69% en 2023 y para 2024 y siguientes del 2%. Este año la inflación ya ha escalado al 3,3%, lo que deja muy en cuarentena las previsiones.

Aunque esta semana los trabajos en el Ministerio de Seguridad Social se centrarán en la negociación para prorrogar los ERTE, el tiempo apremia también para el diseño del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. El ministro ya reconoció a principios de verano que la generación del ‘baby boom’ tendrá que encajar un «ajuste moderado» en su pensión o bien optar por alargar su edad de retiro. «Será un ajuste bastante moderado. Podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente trabajar algo más. Tenemos que concretar los detalles», dijo entonces.

Uno de los modelos más estudiados entre los expertos en pensiones es el utilizado en Suecia, aunque desde el ministerio de Escrivá se niega que este sistema vaya a ser su foco de inspiración. El mecanismo de ajuste que utiliza el sistema de pensiones de Suecia introduce ajustes periódicos automáticos en las prestaciones teniendo en cuenta la esperanza de vida en el momento de la jubilación, lo que le permite afrontar, al menos parcialmente, las variaciones demográficas desfavorables. La activación de estos ajustes de forma automática son los que querría modificar el ministro para adaptarlos a la realidad española, según las mismas fuentes.

En España, el nuevo factor de equidad intergeneracional comenzará a operar en 2027, un año que estará marcado por la incorporación de los hijos del ‘baby boom’. Un ‘ejército’ nacido entre finales de los 50 y los 70 que comenzará a jubilarse en 2023 y tras largas carreras de cotización. Fue la primera generación que accedió a la universidad y copó los puestos de trabajo más cualificados, lo que les dará derecho a pensiones más elevadas. Esta avalancha de jubilados provocará que durante dos décadas, entre 2030 y 2050, el gasto en pensiones tenga un fuerte aumento hasta cotas cercanas al 16% del PIB, frente al 12% de la actualidad. De ahí que haga falta algún mecanismo de ajuste, teniendo en cuenta que la fuerza laboral en esos años se estará nutriendo de generaciones con baja natalidad. La herramienta, por tanto, está pensada para ceñir su aplicación al ‘baby boom’, donde se producirá el pico más elevado de gasto, que comenzará a bajar a partir de 2050.

La fundación de estudios Fedea realizó a principios de año un análisis del sistema sueco de pensiones. Según su trabajo, el ajuste automático solo se activa en Suecia cuando comienzan a detectarse problemas de solvencia y se traduce en una reducción transitoria del crecimiento de los pasivos del sistema. Uno de los aspectos que destacó Fedea del sistema de pensiones de Suecia es su transparencia, algo que se alinea con el estilo defendido por el ministro Escrivá en varias de sus intervenciones.

La agencia sueca de pensiones envía anualmente a los ciudadanos, a través del llamado ‘sobre naranja’, información sobre los derechos de pensión acumulados en sus cuentas, así como una simulación de su futura pensión con el fin de facilitar la planificación de sus decisiones de ahorro, oferta de trabajo y jubilación. Además, cada año se informa a los ciudadanos sobre la situación financiera del sistema mediante la publicación de su balance. Expertos en pensiones consultados por este diario recelan de las fórmulas mágicas y dudan de que un único elemento vaya a ser capaz de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema en un precario equilibrio.