IFM presenta ante la CNMV su solicitud de OPA sobre el 22,7% de Naturgy

IFM considera que ese importe, que se pagará en efectivo , cumple las condiciones para ser considerado «precio equitativo», lo que se ha justificado mediante un informe de valoración de un experto independiente incluido también entre la documentación que aportada a la CNMV.

En un anexo con la solicitud de autorización, IFM ha presentado la documentación acreditativa de la constitución de dos avales otorgados por BNP Paribas por importe de 3.260 y 1.800 millones de euros para afrontar esta operación, que en conjunto suman los 5.060 millones calculados por el total de 220 millones de acciones. Los avales garantizan la totalidad de la contraprestación ofrecida por el fondo por la totalidad de las acciones de Naturgy a las que se dirige la oferta.

El vicepresidente de Infraestructuras de IFM Investors, Jaime Siles, aseguró que la transacción propuesta «es atractiva para los accionistas de Naturgy, que pueden obtener un precio elevado por sus acciones, y en el mejor interés a largo plazo de la compañía, en su camino hacia la transición energética».

La oferta queda ahora sujeta a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, 164.834.347 acciones, equivalentes al 17% del capital social de la energética. En concreto, la CNMV cuenta con un periodo de 20 días hábiles para aprobar o rechazar la oferta. Pero, este plazo se podrá alargar en el tiempo, ya que se reiniciará cada vez que el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura solicite información adicional.

Además, la oferta del fondo IFM tendrá que recibir el visto bueno del Gobierno de coalición en virtud de una norma aprobada el pasado marzo, al comienzo del primer estado de alarma. Esta ley antiopas prohíbe a las empresas extranjeras la compra de más del 10% de compañías españolas de sectores protegidos, entre los que se encuentra el energético. Por lo tanto, IFM deberá presentar su petición a través del Ministerio de Industria con el objetivo de recibir la autorización pertinente por parte del Consejo de Ministros a la operación. Desde su registro en Industria, el Ejecutivo contará con hasta seis meses para tomar una decisión.