El PP reclama en Bruselas que las comunidades autónomas participen en la gestión de los fondos europeos

El objetivo último, según Montserrat, es «que no se derroche ni un solo euro» y que los fondos «lleguen de la forma más directa posible a todos los europeos, a la Europa real». Tras recordar las dramáticas consecuencias del coronavirus en pérdida de vidas humanas y en cierre de empresas que provocan pérdida de empleos, Montserrat consideró que los fondos de recuperación son una respuesta «rápida y eficaz» a esta dura realidad. «Los fondos europeos son para crear empleo, empleo y más empleo, y ofrecen una oportunidad de futuro a nuestros jóvenes. Frente a los discursos antieuropeístas que hablan del fin de un modelo es una inyección económica sin precedentes para crear millones de empleos, reactivar nuestro tejido productivo y reforzar nuestros sistemas sanitarios», explicó la portavoz popular.

Estos fondos, según añadió, también, son «la respuesta para construir una Europa más competitiva que apueste por el crecimiento sostenible y la digitalización,apoyando a sus autónomos y a sus pymes» . Pero estas partidas, recordó de nuevo la portavoz popular «pertenecen a los europeos y a todos los españoles, no son propiedad de ningún gobierno ni de ninguna ideología». Por tanto, advirtió que no van «a permitir que gobiernos populistas puedan utilizar los fondos para despilfarrar sin control, creando redes clientelares, y adjudicándolos a dedo».

El pleno del Parlamento Europeo aprobó este miércoles las reglas para que los estados reciban el fondo europeo de recuperación, que fijan las condiciones y el procedimiento para acceder a los 672.500 millones de euros que distribuirá a los estados miembros entre transferencias y préstamos.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF) ha salido adelante con 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones . El dinero no llegará a los países hasta que todos los Estados ratifiquenel el Consejo de la UE la normativa que da luz verde a la Comisión emitir la deuda para financiar el Fondo, algo que hasta ahora solo han hecho seis países.

Una vez completado este proceso, los gobiernos podrán enviar a la Comisión Europea sus planes con las reformas e inversiones que financiarán estas ayudas . A España le corresponden unos 70.000 millones en transferencias no reembolsables y un montante en créditos de hasta el 6,8% del PIB de 2019.

A partir de su aprobación final, Bruselas contará con un plazo de dos meses para analizar los planes antes mencionados que serán enviados por cada gobierno . El fin último será evaliar si los proyectos recogen el equilibrio exigido entre inversiones y reformas o si se incluyen planes que impulsen las transiciones ecológica y digital, .

Los planes nacionales también deberán contemplar «todas o un conjunto significativo» de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea ha hecho a cada uno de los países en sus evaluaciones macroeconómicas anuales. Aquí es donde obliga a España a acometer reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones o retocar la legislación laboral para facilitar la contratación indefinida. Otras recomendaciones que las autoridades europeas han dirigido a España tienen que ver con mejorar el apoyo a las familias, adoptar inversiones para fomentar la innovación, la eficiencia energética, mejorar las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, aumentar el apoyo a la I+D y avanzar en la ley de unidad de mercado.