El PP pide subir la desgravación de IRPF para los autónomos hasta 8.500 euros en los planes de empleo

Con el plazo de enmiendas finalizado el pasado 30 de marzo, los partidos políticos ya entregaron sus recomendaciones de mejora al Ejecutivo de cara a la aprobación de la ley. El articulado de enmiendas al que ha tenido acceso ABC recoge un pliego de mejoras técnicas, entre las cuales el PP busca por un lado revertir el recorte de desgravaciones fiscales en IRPF por las aportaciones a planes de pensiones privados -el Ejecutivo ha reducido en dos años de 8.000 a 1.500 euros el máximo deducible- y equiparar el límite máximo de desgravación en planes de empleo de los autónomos al de los asalariados -el proyecto de ley deja en 4.250 euros el máximo para autónomos y hasta 8.500 euros para los asalariados-.

«Hemos realizado propuestas constructivas en colaboración con las asociaciones para enriquecer el proyecto de ley del fondo público de pensiones», señala el diputado del PP en el Congreso y portavoz del partido en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Cabezón , asegurando que su formación tiene la mano tendida para mejorar el texto. «Esperemos que el Gobierno esté más abierto a negociar que en anteriores fases de la reforma», señala el representante de los populares.

En las enmiendas número 9 y 13 presentadas por el PP se recoge por un lado la propuesta de incrementar desde los 1.500 hasta 5.000 euros el máximo a deducir en IRPF por aportaciones a planes de pensiones privados, del sistema individual. «Teniendo en cuenta el actual nivel de desarrollo en España de los sistemas de empleo resulta imprescindible que el límite máximo de reducción por aportaciones a sistemas de previsión social individual se eleve», señala Cabezón.

Además, señalan desde el principal partido de la oposición que «carece de sentido» que, si se busca el desarrollo efectivo del pilar II del sistema de pensiones, se limiten los incentivos en el caso de los autónomos que son quienes más recurren a la previsión social complementaria (pilar III).

En este sentido, advierte la propuesta del PP que de lo contrario, y hasta que se desarrollen plenamente los sistemas de previsión social de empleo, durante varios ejercicios económicos los ciudadanos perderán la posibilidad de canalizar sus ahorros para la jubilación a través de un instrumento de previsión social adecuado.

Por otro lado, el texto de enmienda al que ha tenido acceso ABC apunta que «no permitir que los trabajadores autónomos puedan realizar aportaciones de hasta 10.000 euros (8.500 más 1.500 euros) a planes de pensiones de empleo simplificados, al objeto de conseguir una equiparación con el tratamiento de los trabajadores por cuenta ajena, no sólo es discriminatorio, sino que es contrario a las propias recomendaciones del Pacto de Toledo , que establecen claramente que se debe seguir avanzando en la equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos y asalariados».

Con esta propuesta la posibilidad para los trabajadores por cuenta propia o autónomos de realizar aportaciones a planes de empleo hasta 10.000 euros anuales (1.500 euros de límite general más 8.500 euros de límite incrementado) sería efectiva desde el momento mismo de aprobación de esta Ley, eliminándose el peor tratamiento para los trabajadores autónomos.

La propuesta de modificaciones de carácter técnico trasladad por la vía de las enmiendas al Ejecutivo también recoge modificaciones para los órganos de control de los planes, principalmente los que decidirán sobre el destino de las inversiones en la denominada Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.

Se propone así que este órgano compuesta por trece miembros nombrados por la Comisión Promotora y de Seguimiento. De ellos, dos serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, dos por las organizaciones empresariales más representativas, uno por el Banco de España , uno por la Comisión Nacional del Mercado de Valores , uno por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones , uno por la Secretaria General del Tesoro , uno por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas , uno por el Instituto de Actuarios Españoles y tres por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este sentido, se reduce el peso de empresarios, sindicatos y Administración en estas comisiones para dar cabida a miembros de representantes a las entidades que conforman la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) y colaboradoras.

Otro de los puntos que más controversia había generado en la patronal era el corsé que aplicaba la normativa del fondo público a la política de inversiones de los ahorros depositados por los trabajadores. En este sentido, el PP aboga por eliminar el precepto que obliga a establecer y aprobar un marco común de estrategia de inversión que tendrá un carácter estable y a largo plazo, que deberá revisar al menos cada tres años.

Recuerdan en este sentido que las estrategias de inversión de un plan de pensiones de empleo deben ser definidas en el ámbito de las comisiones de control de cada uno de los planes, en función de los legítimos intereses de las personas trabajadoras en cuyo beneficio se realizan. Por lo tanto, estas estrategias deben estar orientadas a la consecución de los fines propuestos y, por ello, deben determinarse en el ámbito de estas comisiones de las que forman parte, las representaciones tanto del promotor (empresas) como de los potenciales partícipes (personas trabajadoras).

El PP propone en este punto que se amplíe la consideración de planes de pensiones de empleo simplificados aquellos que sean constituidos o promovidos por planes de pensiones promovidos por las asociaciones profesionales de empleados públicos cuyos partícipes sean sus asociados.