Portugal pone en marcha los alquileres vitalicios

El caso es que se reconoce el derecho a residir sin límite de tiempo en una vivienda ajena, siempre que el contrato entre el propietario y el inquilino así lo refleje. Para ello, deberá efectuarse un depósito inicial que oscilará entre el 10% y el 20% del valor del inmueble , así como desembolsar una determinada prestación mensual que se actualizará según la inflación.

Tal vez el punto más polémico es que al propietario no le asistirá la potestad de romper el acuerdo , ya que la normativa establece que esa capacidad residirá únicamente en manos del inquilino. Solo entonces podrá recuperar su depósito , bien de manera total o parcial, según el periodo transcurrido desde la firma del contrato.

Esta circunstancia se traduce en que, si el inquilino en cuestión no interrumpe antes el contrato, el mismo extenderá su vigencia hasta el día de su fallecimiento . Eso sí, cuando suceda que tal persona tenga hijos, entonces no se admitirá el traspaso automático del alquiler. De esta forma, debería negociarse un nuevo pacto bilateral, si así se requiriera.

En último término, estamos ante una fórmula intermedia, pues no se concibe como un alquiler convenciona l ni tampoco es que llegue a reconocerse una especie de derecho de propiedad acerca de la vivienda ajena.

Se supone que ambas partes saldrán beneficiadas: el ocupante porque logra una solución para el grave problema de alojamiento que se manifiesta en Portugal como consecuencia de las rentas por estancias cortas auspiciadas por determinadas plataformas de internet y el propietario porque los pagos que le ingresen desembocarán en una ampliación de su capital.

De todas formas, los portugueses han de comprobar en la práctica que se cumplen todas estas premisas, por lo que será importante la verificación a lo largo de los próximos meses.

Si los socialistas lusos consiguen que la población ponga en juego y haga uso de semejante medida, habrá taponado un problema que genera múltiples preocupaciones a la gente. Otra cosa es que no todas las normas auspiciadas por el Ejecutivo de Antonio Costa han respondido en la realidad a las expectativas creadas, como sucedió en casos como el autoproclamado «programa de repatriación» de emigrantes portugueses en el extranjero.