Plus Ultra estaba en causa de disolución un mes antes de ser rescatada por el Gobierno

El balance también reflejaba una situación delicada en otros ámbitos clave para la viabilidad de la empresa. La necesidad de liquidez era urgente, con un fondo de maniobra negativo de más de 31 millones de euros y una deuda con proveedores a corto plazo superior a 20 millones.

Con todo, las pérdidas acusadas dejaban el patrimonio neto de la empresa en -14 millones, mientras su capital era de 18 millones . Una situación económica que dejaría a la compañía en causa de disolución, al no alcanzar el patrimonio neto la mitad de su capital social. Fuentes concursales consultadas por este periódico determinan que la empresa estaba en situación de insolvencia en ese momento y necesitaba con urgencia 23 millones para poder seguir operando, de no ser por la norma de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. La Ley 3/20, conocida porque recoge la polémica moratoria de los concursos de acreedores, aprobada por Sánchez .

Según la auditora, esta norma le exime de computar las pérdidas de 2020 en su patrimonio neto y conservar el del ejercicio anterior. En concreto, la compañía se acoge al artículo 13 de esta ley que determina que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021.

Es decir, la auditora de las cuentas de Plus Ultra señala que el patrimonio neto a efectos de disolución de sociedades es el mismo que en el ejercicio anterior, y por tanto, no caería en esa causa. En todo caso, a pesar de este hecho, la empresa que firma el balance de resultados -Audicar, la misma que en años anteriores- certifica que estaría en causa de disolución de no ser por el préstamo participativo de 6.304.314 euros procedentes de una entidad panameña vinculada a los directivos de la compañía relacionados con el Gobierno venezolano.

La forma de computar este préstamo participativo como patrimonio neto fue ya puesto en duda por distintas fuentes económicas. También se señaló así en el peritaje independiente a las cuentas de la aerolínea ordenado por la Juez de instrucción nº15 de Madrid, Esperanza Collantes . Así, el perito señaló en octubre que la aerolínea cumplía todas las condiciones para ser rescatada, pero ponía en duda su situación de solvencia antes de la pandemia. Entre otros motivos, dudaba de la veracidad del préstamo participativo.

Cabe destacar que las cuentas del ejercicio 2020/2021 no son vinculantes a la petición de rescate al fondo de rescate para grandes empresas que gestiona la SEPI -solo los ejercicios 2018 y 2019-, aunque los números ponen más en duda que nunca el carácter estratégico de Plus Ultra. También que bajo esta situación, la empresa llevó a cabo una reducción de capital de cuatro millones de euros.

En los hechos posteriores de las últimas cuentas, la aerolínea también aplaza su recuperación y reconoció que no cumpliría los objetivos para 2021 del plan de viabilidad enviado a la SEPI con motivo de ser rescatada. La compañía aseguraba que tenía previsto empezar a recuperarse en 2021 y que llegaría a niveles previos a la pandemia en 2022. Ahora no espera recuperarse plenamente hasta los cursos 2023 y 2024. Precisamente, en 2024 será cuando tenga que entregar la primera parte de las ayudas, 19 millones correspondientes al préstamo ordinario concedido por el fondo para empresas estratégicas. El tiempo apremia para la aerolínea , que cerró 2021 llevando a un 26% menos de pasajeros a pesar de la recuperación del tráfico aéreo a Iberoamérica, su principal centro de operaciones.