Los planes de Sánchez: Recuperar la ultraactividad y quitar peso al convenio de empresa

¿Qué reforma intentará llevar a cabo el Ejecutivo? Recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa es un objetivo de primer nivel. Con ello pretende matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, devolver el protagonismo perdido a los sindicatos en las empresas y, por otro, frenar los recortes de salarios que implicó en 2012 dar todo el poder a las empresas en los convenios. Devaluar salarios fue la alternativa a los despidos de la crisis.

La norma aprobada por el PP introdujo altas dosis de flexibilidad para modificar las condiciones laborales y evitar las extinciones de empleo. La idea era permitir que una empresa que se encontrara en una situación de dificultad dejara de aplicar el convenio, incluida las subidas salariales previstas en pactos de ámbito sectorial, y diera preferencia a los acuerdos firmados en su centro de trabajo. Esta opción parece que tiene los días contados.

La denominada ultraactividad, limitada a un año por la reforma del Gobierno del PP, está también en la diana. El Ejecutivo buscará fórmulas para quitar los actuales límites. Este mecanismo era uno de los mayores elementos de control que tenían los sindicatos en las negociaciones de los covenios. Si este llegaba a su fin y no se renovaba, permanecía vigente hasta que se firmaba el nuevo y lo hacía sin fecha de caducidad.

Luchar contra la temporalidad en el empleo y contra la contratación fraudulenta (temporales, falsos autónomos, trabajadores que cotizan a tiempo parcial y hacen las horas de un tiempo completo etc...) son dos problemas para los que habrá medidas. La exministra de Empleo, Fátima Báñez, ya puso el foco sobre la economía irregular . Y la Inspección de Trabajo acaba de aprobar su plan Estratégico 2018-2020.

Ayer, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, también aseguró que revisaría la «utilidad» de las bonificaciones y tarifas planas que perciben los autónomos, el colectivo que ha tirado del empleo los últimos años en España. El PSOE se ha mostrado partidario de mantener las ayudas, y muy probablemente a lo que se refería ayer la titular del departamento es que el coste de las mismas dejarán de cargarse a la Seguridad Social y pasarán a la cuenta de los impuestos. Algo sobre lo que también trabajaba el anterior Gobierno.

El éxito de esta medida - 50 euros el primer año de cuota para emprender - la reflejan los números. Desde su entrada en vigor 1.500.000 han sido los beneficiarios y más de 500.000 de ellos jóvenes. Y ha ayudado a aflorar 600.000 actividades sumergidas que se realizaban sin cotizar a la Seguridad Social, según los datos de ATA.

Modificar la legislación de las subcontratas para lograr la equiparación salarial entre los trabajadores de la empresa contratante y la subcontratada y reformar los contratos de relevo y la implantación de un sistema de ayudas a la formación a trabajadores que se vean inmersos en un expediente de regulación de empleo temporal están también en la agenda social.

Para abordar todos estos cambios es idea del Gobierno convocar de forma inminente a los agentes sociales, con los que espera entenderse.