Los planes de pensiones de Escrivá restarán hasta 5.000 millones de ingresos en cuotas a la Seguridad Social

Sin embargo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , espera poder arrimar los apoyos que ahora le faltan realizando mínimas modificaciones sobre el texto que recientemente aprobó el Consejo de Ministros. Señalaba Escrivá este jueves durante la rueda de prensa de presentación del avance de los datos de afiliación de medio mes, preguntado por la posibilidad de incluir nuevos incentivos que acercasen a los partidos de la oposición al proyecto de ley, que la concesión de exenciones fiscales o de cotización a la Seguridad Social tiene un impacto presupuestario que hay que calcular con «precisión», confirmando que la ley está «compensada» en este aspecto.

Teniendo en cuenta la actual redacción del texto, que además de las deducciones en IRPF a los trabajadores por las aportaciones realizadas al plan de pensiones también prevé reducciones en la cuota de Seguridad Social para el empresario de hasta 400 euros al año por las aportaciones realizadas a beneficio de cada empleado, el sistema de Seguridad Social podría dejar de ingresar de aquí a diez años una cuantía anual de hasta 5.000 millones de euros si se cumplen las proyecciones realizadas por el propio Ministerio de Seguridad Social .

Concretamente, el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros recoge la posibilidad de que las aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos a favor del empleado se puedan sacar de la base de cotización del trabajador. Según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Seguridad Social, esto supondría poder excluir de dichas bases de cotización hasta 1.380 euros anuales, lo que se traduce en un ahorro de 400 euros por trabajador al año.

Estas proyecciones, que en su día fueron remitidas a Bruselas para glosar el potencial de este instrumento, apuntan a que en 2030 la red de planes de pensiones de empleo de gestión pública podrían estar ya gestionando los ahorros de 13 millones de trabajadores -a día de hoy rondan los dos millones, los que están adscritos a un plan de pensiones de empleo- y que el patrimonio gestionado podría dispararse desde los 35.000 millones actuales hasta los 100.000 millones de euros.

El rechazo frontal de Podemos a hacer este incentivo a las empresas puede venir de que en un escenario eventual en que las empresas aprovecharan al máximo el rendimiento del mismo y si el número de partícipes evolucionara como espera Seguridad Social el coste para las arcas públicas del dispositivo superaría los 5.000 millones de euros anuales.

Sin embargo, no parece que el Gobierno tenga intención de mover su postura, si bien en las últimas horas se habrían mantenido conversaciones con Cs para tratar de moderar su postura y sumar sus votos para la votación. Cabe recordar que la formación naranja incluyó en las enmiendas un incremento de las exenciones fiscales para los trabajadores autónomos en IRPF desde los 4.250 euros anuales hasta los 8.500 euros, a lo que el Ejecutivo arroga un coste presupuestario de 148 millones de euros; además de añadir la petición de incrementar de manera transitoria la desgravación prevista para las aportaciones a planes individuales de 1.500 a 4.000 euros anuales, que tendría por su parte un coste fiscal de 321,5 millones al año.

«No tengo por qué pensar que (esta ley) no va a salir con estos elementos. Siempre hay ruido, pero es una reforma muy equilibrada en términos de beneficios fiscales», aseguró el ministro Escrivá, apuntando que cuando se renuncia a ingresos públicos los motivos «deben estar perfectamente justificados» .