Los piquetes de Cádiz, envalentonados y agresivos tras la derogación de las penas de cárcel

Esa fuerte hostilidad está incentivada por el hecho de que en abril pasado, las Cortes suprimieron del Código Penal las penas de cárcel para los miembros de los piquetes violentos que fueran condenados. La medida, aprobada por todos los partidos excepto PP y Vox, formaba parte de los acuerdos del PSOE, Unidas Podemos y del resto de socios del Gobierno y era una histórica reivindicación de los sindicatos.

En concreto, se suprimió el punto 3 del artículo 315, que decía que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».

Unos 300 sindicalistas habían sido condenados en los últimos años a penas de cárcel por formar parte de piquetes violentos pero ninguno de ellos, según fuentes sindicales, llegó a ingresar en prisión bien porque las condenas no eran tan elevadas como para entrar en la cárcel, bien porque eran indultados.

«Hoy es un gran día para la democracia en nuestro país y para los trabajadores y trabajadoras», dijo el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, después de que el Senado aprobara en abril la derogación del artículo 315.3 que castigaba con penas «desproporcionadas» a los sindicalistas «con el objetivo de coartar el derecho de huelga».

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, afirmó que «durante estos años hemos visto que el término ‘coaccionar’ ha dado pie a una interpretación amplia del delito: esto ha causado que conductas no violentas hayan sido perseguidas por procesos penales. Que personas trabajadoras que tan solo defendían sus derechos y los de sus compañeros y compañeras hayan sido oprimidas en unos procesos penales injustos, inciertos e interminables».