España desdeña la investigación del subsuelo para detectar posibles yacimientos de petróleo y gas
España desdeña la investigación del subsuelo para detectar posibles yacimientos de petróleo y gas - EFE

Ni petróleo ni gas: España desprecia su riqueza oculta

Las reservas sin explotar de gas permitirían autoabastecerse durante al menos 45 años y las de petróleo durante cuatro ejercicios, según diversos estudios

La inseguridad jurídica y la cruzada del Gobierno de Sánchez contra el «fracking» ahuyentan definitivamente a las empresas que buscaban hacer negocio en nuestro país

Madrid Actualizado: Guardar
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Existe un capítulo de «Los Simpson» en el que Homer y Lenny, hartos de vivir, piden trabajo en una plataforma petrolífera. Saben que aquello es un cementerio de almas, un lugar al que ir a morir. No quieren continuar y, en comandita, deciden terminar sus días bañados al menos en el llamado «oro negro». Un sol de justicia, con el calor abrasando su piel amarilla, hasta que ocurre lo que buscaban: cierran un pozo y alzan sus gafas al cielo en señal de victoria con la mala suerte de que los cristales hacen de lupa y prenden unos restos de petróleo. Un círculo de fuego les rodea y se anticipa su final. El capítulo de la serie norteamericana se pergeñó mientras Estados Unidos tomaba poco a poco el mando de esta materia prima. Hoy, ya son el primer productor mundial incluso por encima de Arabia Saudí. ¿Cómo? Gracias a la fracturación hidráulica, popularmente conocida como «fracking».

Esta es una técnica de perforación del subsuelo para extraer petróleo y gas, aunque antes se requiere de un extenso y costoso trabajo de exploración para localizar los yacimientos. EE.UU. apostó por ello y ahora domina buena parte de la producción hasta el punto de que pudo rebajar los precios del barril, empujando al cártel de la OPEP a hacer lo propio. El «fracking» les dio independencia energética y poder geopolítico, además de que hizo ricos a los dueños de las tierras donde se perfora ya que allí el subsuelo es propiedad de quien tiene el suelo, al contrario que en España, donde pertenece al Estado.

Si Estados Unidos es el oasis del «oro negro», nuestro país -y buena parte de Europa- está más que en las antípodas. En 1964 brotó por primera vez petróleo en la plataforma de Ayoluengo (Burgos). El pico de producción en España se alcanzó en 1975, con más de dos millones de toneladas entre dos yacimientos y, en cuanto a gas, alcanzamos el máximo en 1989 con 16 millones de gigavatios/hora, según datos de Cores. Cantidades que en ningún caso suponían la independencia energética del territorio pero sí ayudaban. Ahora esos tiempos son cosa del pasado. Solo producimos un 0,14% del total de petróleo que consumimos en un año y un 0,3% del gas. La dependencia exterior es total, más grave si cabe teniendo un consumo de estos dos hidrocarburos sobre el total de energía primaria del 65,5% en 2018. Es decir, representan casi dos tercios del consumo.

El pecado de España está en que no se conoce lo que hay bajo la superficie... ni hay voluntad de conocerlo. «Somos uno de los países en los que menos se conoce el subsuelo porque no se ha dedicado dinero a ello. Se exploró en los años 60 y después se ha hecho muy poco», comenta Ramón Rodríguez, director del máster en Ingeniería de Petróleo y Gas en la Escuela de Minas y Energía de la universidad Politécnica de Madrid (UPM). La misma afirmación realiza Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), quien añade que «España tiene el menor ratio de sondeos hechos de Europa».

Tesoro oculto

Lo cierto es que, en cuanto a gas, hay ciertas estimaciones de que nuestro país podría autoabastecerse durante décadas si se explotaran las reservas. Desde el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas (Cscim) hablan de gas para 45 años, en Deloitte aumentan la cifra a 60 años y desde la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep) señalan que 70 años. Estos últimos también reseñan que, en petróleo, tendríamos para abastecer el 20% del consumo anual durante 20 años (cuatro años con un 100% de consumo).

Sin investigación, estas cifras son inútiles. Y la culpa -dicen las fuentes consultadas- está en la presión social y en la Administración. Hubo un bum hace aproximadamente una década pero pronto dejaron de otorgarse licencias de exploración y explotación. «Hubo un movimiento social muy importante contra los recursos no convencionales que provocó que muchas comunidades autónomas legislaran en contra del ‘‘fracking’’, mientras estaba permitido a nivel estatal. Eso creó un conflicto importante y se terminó por no dar permisos. Los políticos se apuntaron», comenta Ángel Cámara, decano-presidente del Cscim. Sin embargo, tal como recuerda Luis del Barrio, senior manager de Monitor Deloitte, el Tribunal Constitucional tumbó algunas de esas normativas regionales por inmiscuirse en competencias estatales, como fue el caso de Cataluña. Asimismo, este último experto asegura que explotar las reservas ya conocidas no es rentable económicamente, al tiempo que destaca que las actividades llevadas a cabo en otros países también han desanimado al sector. «Lo que ha frenado la expansión de este método de explotación ha sido el resultado obtenido en otros países. Polonia, que era el país europeo con mayor probabilidad de replicar el éxito de Estados Unidos, vio fracasar su intento de explotar los campos por las dificultades tecnológicas. Argentina, otro de los países llamados a ser líder de producción de gas no convencional, con su descubrimiento de Vaca Muerta, terminó revelando costes tres veces mayores que los de EE.UU.», defiende. Habla de aquello de lo que se tiene constancia; el problema radica en que nadie se ha preocupado por escarbar de verdad para comprobar qué riqueza existe en España.

La dependencia exterior es total, más grave si cabe teniendo un consumo de estos dos hidrocarburos sobre el total de energía primaria del 65,5% en 2018

Esta postura contrasta con la de la patronal y, en cierto modo, con un informe de la propia Deloitte de 2014. Entonces calcularon que desarrollar el sector aportaría, en el escenario medio para 2040, más de 44.000 millones de euros a la economía, un 3,65% del PIB actual, 206.000 empleos y 40.000 millones a la balanza de pagos.

Así las cosas, la intención del Gobierno es prohibir la exploración y explotación no convencionales («fracking»), tal como viene recogido en la nueva Ley de Cambio Climático. Frente a ello, Margarita Hernando, presidenta de Aciep, es tajante: «Aunque trabajemos por una energía más limpia y sin emisiones, hay mucho petróleo que vamos a necesitar y sería mucho más ecológico si lo produjéramos en España. Al hacerlo localmente, lo produces con todas las garantías de una legislación más estricta que la de los países de los que importamos, y te ahorras las emisiones del transporte». Asimismo, añade que el fin de los hidrocarburos es un panorama difícil de imaginar. «Son una materia prima fundamental. Están en móviles, ordenadores, procesos industriales... Van a seguir siendo necesarios y utilizados, lamentable o afortunadamente», dice. Según cifras del World Energy Outlook de 2018 de la Agencia Internacional de la Energía, para 2040 todavía el 50% de la energía primaria serán hidrocarburos. Una muestra más de lo lejos que está no solo España sino el mundo de lograr una economía descarbonizada.

Sin interés de las empresas

A día de hoy, ninguna empresa solicita permisos de investigación. No queda nadie interesado en hacer florecer esta industria que en España ha permanecido prácticamente sin visibilidad. «Las compañías se han ido por la dejadez de la Administración. Lo que no se puede prohibir es el conocimiento del subsuelo, que es de todos los españoles», sostiene Rodríguez Pons. Todo ello bajo un panorama en el que, a nivel mundial, el consumo final de productos petrolíferos y gas tiene una perspectiva al alza. Solo el carbón está enfrentándose a su fase final.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, actualmente hay en vigor 23 permisos de explotación, 28 de investigación y cuatro de almacenamiento. Otros 29 permisos de investigación permanecen paralizados, con el expediente en «standby». «Solicitado», aparece en las estadísticas, lo cual significa en algunos casos que se ha aparcado en un cajón, en otros que están pendientes de algún informe o simplemente que la empresa ha desistido de continuar hace tiempo por la dejadez de la Administración pero aún no se ha actualizado. Sea como fuere, en un lustro no se ha solicitado ninguna nueva licencia. No queda nadie interesado... y las escasas plataformas de petróleo y gas que resisten en activo se van apagando poco a poco. Casablanca, Rodaballo, Poseidón... son solo algunos de los nombres de esas plantas que están quedándose a cero, sin posibilidad de ser sustituidas por otras. La única luz al final del túnel la representa el yacimiento de Viura, que impulsó en 2018 la producción de gas total del país hasta el millón de gigavatios/hora. Las multinacionales extranjeras ya han descartado España, aunque desde la industria se confía en que esto pueda reflotar en algún momento. Exigen, al menos, la posibilidad de investigar.

El objetivo del sector es poder disfrutar de las condiciones legales de otros países como Polonia y Reino Unido, dos de los territorios donde más se ha apostado por los hidrocarburos. Francia, en cambio, con una de las mayores reservas de la UE -según Cámara-, tiene totalmente prohibido el «fracking» y se dedica más a la energía nuclear.

Casablanca, Rodaballo, Poseidón... son solo algunos de los nombres de esas plantas que están quedándose a cero, sin posibilidad de ser sustituidas por otras

En España, ahora, los ojos no están en el petróleo y el gas sino en las renovables. «La apuesta por las renovables, las nuevas tecnologías de combustibles renovables y la mejora de la eficiencia energética se vislumbran como una buena alternativa para reducir la dependencia con el exterior y, además, luchar contra el calentamiento global y la contaminación en las ciudades», defiende Del Barrio.

Esa posición coincide con la de los ecologistas. « Por muy buena que sea la técnica de ‘‘fracking’’, lo que estás haciendo es impedir que se desarrolle lo que tenemos que potenciar: las energías renovables. Nos estamos hipotecando durante décadas mientras frenamos inversiones en renovables. No necesitamos gastar dinero en investigación de hidrocarburos», sostiene Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace. Entre sus postulados está la lucha férrea contra la técnica de la fracturación hidráulica y confía en que no vuelva a surgir un nuevo bum. «Es la parte más moribunda de la extracción de hidrocarburos», prosigue.

Entre las manchas de los combustibles fósiles está el proyecto Castor, un almacén de gas que terminó por causar seísmos, fue suspendido por el Gobierno y este mismo tuvo que indemnizar con más de 1.300 millones a la empresa que lo puso en marcha (ACS). «Inyectaron a un ritmo superior al que debía haberse hecho, con unos movimientos sísmicos como reacción, aunque no causaron daños. Ahí se decidió dejarlo en suspenso. Eso ha hecho mucho daño porque no se han explicado bien las causas y se ha trasladado a los consumidores el coste de semejante obra», comenta Hernando. Buena parte del estigma de la producción viene de entonces.

Castor es a España lo que la planta petrolífera de «Los Simpson» a Homer y Lenny. Un dolor de cabeza que pintaba que no acabaría bien. La sorpresa es que cuando los dos protagonistas iban a quemarse en fuego negro aparecieron Marge y Carl para salvarles. Ahora bien, la duda está en quién quiere y puede salvar al «fracking» español.