La pesada burocracia y los altos impuestos torpedean la inversión extranjera en startups españolas

Este sector lleva años esperando una regulación específica que erradique esas debilidades. El Gobierno ha anunciado la Ley de Startups en varias ocasiones, pero sigue sin tener fecha.Y cuanto más tiempo pasa, más dinero se pierde y más proyectos empresariales sufren las consecuencias.

«Las startups españolas están bien consideradas a nivel internacional, pero el ecosistema normativo español frena la inversión» , lamentan desde la ejecutiva de la Asociación Española de Startups . Insisten en que es imprescindible «que haya un marco legal que reconozca la singularidad de las startups, porque la legislación mercantil de nuestro país está pensada para modelos empresariales tradicionales que no reflejan la realidad de las empresas tecnológicas». Por ejemplo, en algo tan elemental como el capital exigido para constituir una sociedad o las cotizaciones forzosas a los autónomos societarios.

«Cuando lanzas una startup no tienes una empresa sino un proyecto, en el que debes invertir en I+D+i para desarrollar el prototipo. Y el emprendedor, con la normativa actual, se ve forzado a elegir entre dedicar el poco dinero que tiene a desarrollar el prototipo o a gastárselo en crear una sociedad», indican desde la asociación Española de Startups.

Esta patronal subraya que, cuando estos emprendedores tecnológicos dan sus primeros pasos, el dinero escasea y es complicado obtener financiación. Por las propias características de estos proyectos empresariales, es una inversión de riesgo. Así que no abunda el capital dispuesto a apostar por este sector. Si encima el país pone trabas, la tormenta perfecta está servida.

Un serio escollo burocrático es la exigencia que pone España para que cualquier inversor extranjero, con independencia de la cantidad que aporte, tenga que sacarse un Número de Identificación de Extranjeros, el NIE -el equivalente al DNI para los españoles-. Ypara obtener el NIE tiene que acudir a una comisaría española o a una oficina diplomática de España en el extranjero. Es un requisito que no se exige en otros países de nuestro entorno .

«Un ciudadano español puede invertir en Holanda sin tener que cumplir ese requisito, pero un holandés no puede hacerlo en España», explica José Moncada , director general de La Bolsa Social , un fondo que canaliza inversión privada para startups españolas que tengan un componente de «impacto social», en campos como la atención sociosanitaria o el medioambiente, entre otros. La Bolsa Social, a través de una sencilla página web, permite que cualquier persona interesada pueda invertir entre una lista de startups. Tecnológicamente es sencillo, pero la burocracia oficial lo complica.

«Si un francés quiere invertir mil euros en nuestra plataforma, lo puede hacer en tres clicks, pero no podemos formalizarlo ante notario si ese francés no tiene un NIE, un requisito que en otros países no se pide» , explica Moncada. «Son barreras burocráticas un tanto absurdas, que dificultan mucho la captación de inversión extranjera», subraya. Además, reclama «un programa de incentivos fiscales más audaz y favorable, que sea acorde al elevado riesgo que asumen los inversores en startups, proyectos innovadores que aportan riqueza a largo plazo».

En teoría, la Ley de Startups debería abordar estas asignaturas pendientes. Pero esa ley se ha convertido en sí misma en una asignatura pendiente en España. «Sería bueno que se presentase y aprobase cuanto antes, porque ya llega con retraso», advierte el director general de La Bolsa Social.

Desde la patronal de startups Adigital coinciden en que ese nuevo marco legal debe dar prioridad a una mejora de la fiscalidad para la inversión, y en apostar por incentivos para «la atracción de talento e inversión internacional», además de «agilizar los trámites burocráticos y la eliminación de barreras» como el NIE o los excesivos pasos que se deben dar para constituir una empresa.

Adigital aboga, por ejemplo, por implantar «bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social de los autónomos societarios y un mejor tratamiento de las plusvalías de las startups». Y, para captar y retener talento, destacan la importancia de reducir las penalizaciones tributarias que se aplican actualmente al llamado «impuesto de salida» -que España cobra cuando una startup traslada su sede fiscal- o la fiscalidad que azota a las «stock-options», las acciones con las que las startups pueden retribuir a trabajadores estratégicos cuando la empresa aún no tiene capacidad suficiente para hacer frente a altos salarios. Mientras las «stock options» sigan fiscalmente penalizadas, las startups tendrán una herramienta menos -o mermada- para pagar el talento que necesitan.

La fiscalidad que cobra España a las «stock options», o el llamado «impuesto de salida» para empresas que se trasladan, «ahuyentan la inversión» en el estratégico sector de las startups, las empresas tecnológicas. Así lo asegura la patronal Adigital, que insiste en que «la fiscalidad de las inversiones en startup es el punto que marca la diferencia a la hora de atraer capital». Y advierte: «tan importante es atraer talento emprendedor como inversor, pero aún hay mucha inseguridad jurídica».

Frenar la inversión, en particular la que llega del extranjero, es un problema de primer orden para las startups, porque estrangula su nacimiento y desarrollo. «Vemos caer proyectos muy prometedores por falta de inversión», explica el director del fondo La Bolsa Social, José Moncada. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte del dinero que recala en startups españolas es de inversores extranjeros.