Las pensiones suben más del 2% y se anticipa una subida de cotizaciones

Este es el grueso de las medidas de reforma que entrará en vigor en 2022:

La norma liga las pensiones al IPC y entierra así el índice de revalorización que obligaba a subir las nóminas un 0,25% si las cuentas no estaban equilibradas. La base de cálculo que se utilizará será la inflación media de los 12 meses anteriores a noviembre . Es decir, el promedio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Así, a primeros de enero la nómina de los jubilados subirá más de un 2% en línea con la inflación media que resulte de este ejercicio, que el Ejecutivo estima que podría estar en torno al 2,5%. La que resulte a final de año también es la que determinará, por su parte, el montante de la ‘paguilla’ que recibirán los jubilados a primeros de año para compensarles por la pérdida del poder adquisitivo, dado que sus rentas subieron un 0,9% a final de año y los precios ya están en el 4%.

En un escenario en el que esa inflación media quedará en torno al 2,5% el pago extra sería el equivalente a 1,6 décimas , lo que implicaría un gasto adicional de unos 2.300 millones, que se consolidaría en las jubilaciones de por vida para próximas subidas. La factura por la desviación de los precios sería, por tanto, de 4.600 millones, sumando el alza y la consolidación. A esta cantidad habría que aplicarle, a su vez, el alza de enero, que volverá a ser la inflación media de 2022.

El diseño de los coeficientes reductores se endurece p ara los que jubilen 24 o 23 meses antes del límite legal y alcanzará el 21% (ahora es el 16%) y a partir de ahí el castigo cae en algunos casos. Por ejemplo, quien deje el mercado laboral 22 meses antes de su edad legal de jubilación verá que su pensión mengua en un 14,67% y no en el 16% . El cambio en las penalizaciones comenzará a aplicarse cada mes en lugar de cada trimestre y el sistema empezará a aplicarse el 1 de enero de 2024 y de forma progresiva durante diez años. Esto evitará que los ‘despedidos del Covid’ no sufran el golpe.

Retrasar el retiro tendrá premio. Los trabajadores recibirán una prima que se abonará de una sola vez de hasta casi 11.000 euros (en el caso de 37.567 euros de pensión) por cada año de retraso. Si se ha cotizado al menos 44,5 años o más, este incentivo alcanzaría los 12.060 euros por cada año de aplazamiento. Por ejemplo, en una pensión de 9.569 euros (683 euros al mes) este pago único sería de 4.786 euros y de 5.264 con más de 44,5 años cotizados. Mientras que en una pensión media de 20.000 euros al año, esta prima única sería de 7.482 y 8.230 euros, respectivamente en función de los años cotizados. Se podrá optar por un aumento vitalicio del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (ahora el incentivo está entre el 2% y el 4%). Podrán combinarse las dos opciones.

Ni las empresas ni los trabajadores con más de 65 años que siguen trabajando pagan cuotas por contingencias comunes, salvo incapacidad temporal. Los periodos no cotizados se computarán como cotizados para la futura pensión.

Los despedidos antes del 1 de abril de 2013 que no hubieran encontrado empleo seguirán accediendo a la jubilación a los 61 años , con las condiciones fijadas antes de la reforma de 2011 , que elevó a 67 años la edad legal de retiro. Se les da una solución definitiva.

Se prohiben cláusulas de jubilación forzosa para empleados de menos de 68 años y se aplicará a los convenios firmados a partir de la entrada en vigor de la reforma . En los suscritos con anterioridad, estas cláusulas podrán ser aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el convenio. Además, si se establecen estas cláusulas, las empresas tendrán que contratar como mínimo a tiempo completo y de manera fija a un trabajador por cada jubilado forzoso . Hay una excepción: las empresas no podrán jubilar a menores de 68 años salvo en sectores en los que las mujeres representen menos del 15% de los empleados.

En los próximos meses habrá regulación para dar acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y para equiparar sus condiciones a las que disfrutan los matrimonios. Se desarrollará un reglamento que garantice que la actividad de los becarios, incluso si no es remunerada, esté incluida en la Seguridad Social. Se fija un descuento del 75% en la cotización de estas prácticas.

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales s e incluirá en una norma intermedia , aunque el compromiso es que esté aprobado antes del segundo trimestre de 2022.