Los peajes inflarán el precio del transporte de mercancías

El acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el ministerio y el sector del transporte -representado en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -, que ha permitido que el gremio desconvoque los paros previstos inicialmente para ayer, hoy y mañana, dedica un apartado entero a la financiación de las carreteras. Dentro de este epígrafe, el Ejecutivo se compromete a presentar un estudio de alternativas que «analice las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación», además de abordar el asunto desde el «consenso» con el sector.

Ambos puntos, explican desde el sector, ya venían recogidos en el acuerdo que firmaron los transportistas con el anterior secretario de Estado, Pedro Saura, en verano de 2020. La novedad llega en el último punto del epígrafe, que reza que «se analizarán los mecanismos para que este coste se traslade al precio del transporte de manera obligatoria».

El secretario general adjunto de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) , Dulsé Díaz, explica a este periódico que este punto supone un compromiso del Ejecutivo por el cual «el sector del transporte podrá repercutir los peajes» a los cargadores. «Si ahora mismo cobramos 100, con los peajes cobraremos 100 más el coste de la tasa», explica Díaz.

El Gobierno todavía no ha comunicado públicamente cómo articulará la implantación de estas tasas. No obstante, las fuentes consultadas explican que el modelo consistirá en la aplicación a corto plazo de una viñeta y a largo plazo de un sistema de pago por kilómetro. Además, el Ejecutivo ha insistido, por activa y por pasiva, que no impondrán los peajes y las nuevas tarifas serán pactadas, tanto con la oposición política como con el tejido productivo. Los transportistas, por su parte, exigían compensaciones directas si les llegaban a afectar los peajes, un supuesto que con el nuevo acuerdo queda en el aire.

Por otro lado, el acuerdo entre Ministerio y transportistas podría echar más leña al fuego en el conflicto que el sector mantiene con los cargadores. Porque, además de tener que asumir los peajes, a la distribución también le incumben medidas como la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga y la revisión obligatoria del precio del transporte por la variación del precio del carburante. Esta última modificación, haría obligatoria «la revisión automática del precio del transporte en los supuestos de variación del precio del gasóleo desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte».

Desde las grandes cadenas distribuidoras lamentan que no se les haya llamado a la mesa de negociación, a pesar del impacto que las medidas pactadas podrían tener en el sector. Aunque por el momento prefieren no pronunciarse sobre la futura norma.

«De momento no sabemos qué supone ni qué implicaciones tendrán los mecanismos sobre el coste de los peajes que se están estudiando, ni tampoco en lo referido a la revisión de tarifas en función de la evolución del gasóleo. Dicen que antes de 60 días habrá una norma que lo regule. Entonces hablaremos», relatan a este periódico fuentes de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) .

Los distribuidores del gran consumo celebraban este fin de semana la suspensión de las huelgas, pero lamentaban al mismo tiempo la duración de las negociaciones. Una tardanza que según los representantes del sector ha tenido un sobrecoste de varios cientos de millones por el esfuerzo efectuado para adelantar las compras «y evitar un desabastecimiento».

En todo caso, las modificaciones parecen que están próximas a aprobarse. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró el pasado sábado que el acuerdo con los transportistas se materializará en un real decreto ley que se aprobará a finales de febrero a más tardar. Un acuerdo que la titular del antiguo Ministerio de Fomento espera que sea «duradero» con el sector del transporte.