Operario en la AP-7
Operario en la AP-7 - EFE

El fin de los peajes de las autopistas amenaza 1.500 puestos de trabajo

Los sindicatos denuncian que el Gobierno solo pretende subrogar a los trabajadores que actualmente se dedican al mantenimiento de estas vías

MadridActualizado:

Atrapados. Así reconocen sentirse los trabajadores de las autopistas de peaje cuyo vencimiento está próximo. La decisión del Gobierno de no renovar la concesión de estas infraestructuras y pasar a gestionarlas desde el Estado ha dejado en el aire mil puestos de trabajo directos y otros quinientos indirectos, según los cálculos de los sindicatos. El Ejecutivo pretende que parte de este personal se encargue del mantenimiento de las vías, pero también reconoce que el cambio provocará la pérdida de muchos empleos.

El mensaje ha llegado hasta las organizaciones de trabajadores, que han visto cómo en los últimos meses se producían los primeros despidos por el fin de los peajes. Y es que la liberalización de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, producida el pasado mes de noviembre, provocó que Itínere -la compañía que gestionaba esta infraestructura- presentara un expediente de regulación de empleo (ERE) para 111 trabajadores. Finalmente fueron 43 los empleados despedidos.

Es el preludio de lo que se avecina. A finales de diciembre vencerán las concesiones de la AP-7 en el tramo entre Alicante y Tarragona y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. «Calculamos que habrá otros 170 despidos por el fin de los peajes en estas dos autopistas», explican fuentes sindicales. Además, en agosto de 2021 le tocará el turno al tramo de la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol.

Ante esta perspectiva, las organizaciones de trabajadores han mantenido varias reuniones con el Gobierno durante las últimas semanas. En ellas, los sindicatos han reclamado que el Ejecutivo confiera «máxima prioridad» al proceso de liberalización de estas infraestructuras para que, al menos, el licitación del mantenimiento de la AP-4 y la AP-7 se realice de forma «ágil y correcta».

La adjudicación de estos contratos supone un mal menor para estos trabajadores, ya que si bien no permite salvar todos los puestos de trabajo de estas autopistas, al menos asegura decenas de empleos. Según los cálculos de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, el coste anual en mantenimiento de estas carrreteras se sitúa entre los 400 y los 450 millones de euros.

Improvisación

Pero ni siquiera este proceso está siendo sencillo. En el caso de la AP-1, el Ministerio de Fomento tuvo que recurrir a un contrato de emergencia para que la Itínere continuara realizando las tareas de mantenimiento una vez terminada la concesión. El concurso del mantenimiento de esta autopista no llegó hasta meses más tarde, ya en primavera, pese a que el contrato provisional con Itínere finalizaba en julio.

Y cuando se publicó, la ACEX (la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras) impugnó el pliego por no reconocer de forma correcta el presupuesto y los costes laborales del contrato. Como consecuencia, la adjudicación se ha paralizado e Itínere sigue realizando todavía las labores de mantenimiento.

Para evitar que el caos se repita, el Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto, la licitación del mantenimiento de la AP-7 y la AP-4 por 153 millones de euros. Los siguientes pasos serán reunirse con la compañía damnificada, en este caso Abertis, para calcular cuántos trabajadores se subrogarán definitivamente. No obstante, fuentes sindicales advierten de que «con las vacaciones de verano y el parón político de por medio, la aprobación de este contrato va a ir muy justa». Estas organizaciones, de hecho, no descartan que el Ejecutivo tenga que recurrir a un nuevo contrato de emergencia.

Y es que la improvisación está marcando la liberalización de las autopistas de peaje, pese a que la opción de no renovar las concesiones de estas vías lleva años sobre la mesa. Ni siquiera se sabe con certeza qué hará el Gobierno con estas carreteras; si impondrá un nuevo pago por uso o las financiará mediante los Presupuestos. En un principio, el Ejecutivo aseguró que crearía una subcomisión en el Congreso de los Diputados para debatir sobre el modelo de financiación de estas infraestructuras. El propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, señaló en varias ocasiones que era necesario alcanzar un pacto de Estado que cuente con el consenso de los principales partidos políticos y determine cómo se sostendrán económicamente las carreteras de alta capacidad en España. Todos estos planes, sin embargo, han quedado en suspenso por la parálisis política.

En el Ministerio de Fomento prevén retomar estas conversaciones en los próximos meses. Por el momento, mantienen una conversación fluida con la concesionaria y están ya revisando el estado de la AP-4 y la AP-7. El tiempo apremia, pero ni siquiera se ha decidido todavía qué pasará con la AP-2 y con la AP-7 cuando venzan sus concesiones en agosto de 2021. Si finalmente se levantan las barreras de estas carreteras, el Ejecutivo habrá liberalizado más mil los kilómetros en dos años y medio. El 64% de la extensión de la red de autopistas de peaje.