Los peajes acechan a las autovías pero se eliminan en 500 km de autopistas

En 2021 se mantendrán ambas tendencias. En verano se suprimirán los peajes de la AP-2 Zaragoza Mediterráneo y de dos tramos de la AP-7 (Montmeló-Papiol y Tarragona-La Junquera). En total, 474,5 kilómetros según el propio Gobierno en los que se levantarán barreras y pasarán a ser gratuitos.

La razón de esta liberalización es que el 31 de agosto finaliza la concesión de estas carreteras. Y el Gobierno ha decidido no renovar estos contratos. Una política que fue anunciada por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al poco de llegar al cargo en 2018 y que ya ha sido aplicada en tres autopistas. El pasado 30 de noviembre de 2018 se eliminaron los peajes en la AP-1 entre Burgos y Armiñón; el 31 de diciembre de 2019, en la AP-4 Sevilla-Cádiz y la AP-7 entre Alicante y Tarragona.

A finales de agosto le llegará el turno a la AP-2 y a otros dos tramos de la AP-7 , que ya solo estará tarificada en 318 de sus 948 kilómetros. Según los datos de Abertis, la concesionaria que explota estas infraestructuras, a los que ha tenido acceso este diario, una media de 27.386 vehículos utilizaron estas carreteras al día entre enero y noviembre, un 30% menos que en el mismo periodo de 2019. Para este año, las tarifas de estas vías se reducen un 0,08% y la AP-7 entre La Jonquera y Montmeló pasará a costar 14,80 para los turismos. Y si a este trazado se une la AP-2 para llegar hasta Zaragoza el precio se sitúa en los 30,70 euros.

El fin de estos peajes tendrá un impacto en el empleo y mermará aún más el negocio de Abertis, penalizada en 2020 por el desplome de la movilidad. Pero también favorecerá a los conductores y, especialmente, a dos comunidades autónomas: Aragón y Cataluña . La región catalana será de hecho la gran beneficiada en 2021 por el fin de los peajes, ya que además de la AP-7 la Generalitat levantará barreras en otras dos autopistas autonómicas, la C-32 y la C-33. En total, 80 kilómetros que pasarán a ser gratuitos para los conductores.

Otros territorios no tendrán tanta suerte. Es el caso de Castilla y León, que soporta más de 230 kilómetros de peajes. O de Galicia, donde la AP-9 acumula ya cuatro años consecutivos de incrementos y es la autopista más cara de España . El propio Ábalos ha reconocido que esta situación ha generado un «agravio» para los gallegos que es necesario eliminar. Dado que la concesión de esta infraestructura no finaliza hasta 2048 (tras renovarse en dos ocasiones), el Gobierno aseguró que compensaría a los habitantes de este territorio con una importante rebaja del peaje. Un descuento que, aunque fue recogido en los Presupuestos, finalmente se articulará a través de un decreto. Mientras este llega, la AP-9 ha sido la autopista de España que más se ha encarecido con el cambio de año y ha subido un 0,92%. A nivel nacional, las autopistas del Estado se han rebajado un 0,11%.

Las diferencias entre comunidades fue precisamente el motivo por el cuál el Gobierno decidió no renovar las concesiones que vencieran estos años. Y también ha sido el argumento utilizado por el Ejecutivo para abrir el melón del pago por uso en toda la red de alta capacidad española , que aglutina tanto autopistas como autovías.

«No es justo tener territorios con peajes y otros libres de él», afirmó el ministro Ábalos durante su participación en el ‘Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad’, organizado por El Español. Además de las diferencias regionales, los técnicos del ministerio de Transportes también hacen referencia al déficit de mantenimiento de las carreteras españolas, cercano a los 6.000 millones de euros. Una cuantía que, además, crecerá estos años por las liberalizaciones antes descritas.

La intención del Ejecutivo es sacar de los Presupuestos este mantenimiento, que sería financiado con nuevos peajes. Pero el Gobierno no está dispuesto a asumir en solitario el coste político de esta medida. Es por ello que desde Transportes han hecho referencia a la necesidad de encontrar un «consenso» desde el que abordar este asunto.

Hoy por hoy, ese consenso resulta una quimera. El Partido Popular ya se ha posicionado en contra de imponer nuevos peajes en las autovías, porque considera que daría la puntilla a los transportistas, duramente castigados por la pandemia del coronavirus. Tal y como publicó este periódico, el propio Ejecutivo se comprometió el pasado verano ante los transportistas a no imponer ningún tipo de peaje sin negociarlo antes con el sector. Unas negociaciones que ni siquiera han comenzado.

Los próximos meses serán, por tanto, definitivos para comprobar si esta propuesta finalmente sale adelante. El Gobierno pretende aprobar en breve la ley de movilidad sostenible, que se abrió a consulta pública el pasado mes de septiembre. Y entre las 150 medidas concretas que asegura el Ejecutivo que recogerá la futura norma se encontrará la definición de un nuevo modelo de financiación para las autopistas y autovías españolas.