Los paraísos fiscales, en el ojo del huracán

La cantidad de dinero que se mueve a través de estos mini países o jurisdicciones no es fácil de calcular pero algunas estimaciones hablan de entre 21 y 32 billones de dólares, sin tener en cuenta obras de arte, activos inmobiliarios o cualquier otra riqueza física, más allá del dinero. Entre estos paraísos fiscales se han encontrado durante muchos años territorios europeos como Mónaco, Liechtenstein o el propio Luxemburgo, en este último caso desde 1929.

La ventaja de tener una cuenta o ser titular de una sociedad en un país o territorio considerado paraíso fiscal es, primero, la confidencialidad, ya que estos sitios nunca informan de quiénes son los titulares de los productos de inversión y, segundo, la escasa o nula fiscalidad, o lo que es lo mismo, apenas se pagan impuestos. Estos dos factores han hecho que desde 2008 la comunidad política y económica internacional, sobre todo a través del G-20 (el grupo de los países más industrializados del mundo), se lanzara en su persecución, cosa que ha tenido un resultado modesto cuando menos, lo que se ha podido comprobar ahora con la publicación de los 11 millones de documentos de Panamá.

Otro de los problemas añadidos es la disparidad de criterios de cada uno de los países a la hora de considerar paraíso fiscal un determinado territorio. En el caso de España hay 33 territorios que tienen esta consideración. Muchos no coinciden con los que consideran países de nuestro entorno como Francia o Alemania. Entre los 33 países o territorios que denomina España como paraísos fiscales están Gibraltar o Liechtenstein, entre otros.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se encarga de organizar las reuniones al más alto nivel junto con el G-20 para coordinar actuaciones en el ámbito internacional de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, ha actualizado en los últimos años la lista de paraísos fiscales. Ello ha generado bastante controversia ya que ha sacado de la lista a países y territorios que simplemente suscribieron acuerdos de intercambio de información con otros países pero, en muchos casos, se trataba de países denominados paraísos fiscales que intercambiaban información entre ellos mismos, lo que no tiene ningún valor a la hora de luchar contra el fraude .

Así las cosas la lucha contra el fraude fiscal a nivel internacional no ha avanzado mucho a tenor del goteo de nombres diario de implicados en los Papeles de Panamá, algunos de ellos de manera legal pero sin duda amoral. Lla Unión Europea y Estados Unidos han vuelto ahora de nuevo a la carga en la lucha contra este tipo de estructuras que merman la capacidad recaudatoria de las arcas públicas de los países avanzados.

Un ejemplo paradigmático es lo que sucede en Luxemburgo, país que desde el 1 de enero de 2015, facilita información fiscal al magistrado que lo solicite, pero no da la identidad del beneficiario económico de la cuenta corriente. El Gobierno de este pequeño país centroeuropeo lo denomina «optimización de los servicios bancarios», en una demostración más de que son los reyes del eufemismo. La pregunta del millón es si los políticos, algunos de los cuáles se han beneficiado personalmente (entre ellos el Primer Ministro británico, David Cameron o el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson), serán capaces de impulsar la aprobación de nueva legislación para ponerle coto real a este tipo de jurisdicciones libres de impuestos.

Otra de las cosas que observan los expertos es que a medida que aumenta la presión en Europa occidental hay evasores que buscan nuevos «paraísos», en este caso más hacia el Este, como es el caso de Singapur o de Hong Kong.

Una de las instituciones donde más se ha luchado contra los paraísos fiscales es la OCDE. Su secretario general, Ángel Gurría, aseguró el día después de que se revelara este nuevo escándalo que «nosotros llevamos años alertando y advirtiendo de los riesgos de que países como Panamá no estén cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia fiscal. Ese país tiene que poner su casa en orden y cumplir de manera inmediata con los mencionados estándares».

Ante la magnitud del escándalo de los «Papeles de Panamá» la propia OCDE convocó el miércoles pasado una reunión de urgencia en París a la que asistieron autoridades fiscales de 46 países, entre ellas de España, para dar una respuesta coordinada tras las filtraciones. Este tipo de reuniones no tienen precedentes, de ahí la importancia que tiene este caso que ha supuesto la publicación de 11 millones de documentos y han arrojado luz sobre 210.000 empresas en paraísos fiscales, también denominados «offshore». Desde Bruselas la Comisión Europea ha aprobado esta misma semana una propuesta para atajar la elusión fiscal de las multinacionales mediante la introducción de obligaciones de divulgación de información para las empresas más grandes de la Unión Europea, en aras de evitar la planificación fiscal agresiva.

Mientras tanto en Washington, en el marco de la cumbre de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), también trataron el delicado asunto de los «Papeles de Panamá». Vitor Gaspar, director del departamento de Finanzas Públicas del FMI, aseguró que «la lucha por la transparencia financiera ha realizado muchos progresos pero debe mejorar aún mediante el refuerzo del intercambio de datos discales entre países para detectar mejor los abusos».

Desde España la reacción de los políticos a la publicación de algunos nombres de los implicados en los «Papeles de Panamá» ha sido tibia en el sentido de que no es necesariamente ilegal tener una cuenta o una sociedad en un paraíso fiscal. Los despachos de abogados tienen un papel activo a la hora de conseguir satisfacer las necesidades de optimización fiscal de sus clientes. Los más relevantes en nuestro país se agrupan en la «Fundación Impuestos y Competitividad», organización que rehusó valorar para este periódico con ningún tipo de comentario la legislación sobre los paraísos fiscales.

Posición distinta es la que ha tomado el Consejo General de Economistas REAF-REGAF, cuyo presidente, Jesús Sanmartín, ha asegurado a ABC que «España y Panamá firmaron el acuerdo de doble imposición en 2011, coincidiendo con la adjudicación a algunas empresas españolas de las obras del Canal de Panamá, ya que a estas últimas les perjudicaba que se las aplicara una legislación tributaria de paraíso fiscal, en tanto en cuanto no podían beneficiarse de una serie de subvenciones en el impuesto de sociedades. Pero lo que se ha destapado ahora es otra cosa, un fraude masivo que utilizaba Panamá para ocultar dinero y actividades económicas».

El representante de los economistas y asesores fiscales añade que «lo que ocurre ahora es que los españoles que no se acogieron a la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno y que siguen teniendo dinero fuera están bastante asustados porque se está estrechando el cerco por la vía de la lucha contra los paraísos fiscales y contra la ocultación de fondos, también para luchar contra las vías de financiación del terrorismo internacional».