Ofensiva de los propietarios para exigir compensaciones al Gobierno por el límite del precio del alquiler
Asval pregunta a sus asociados por la posibilidad de lanzar acciones legales
El Gobierno intervendrá todos los alquileres de vivienda y se abre a extender su plan más allá de junio
La prórroga de los límites del alquiler costará mil millones a los caseros
Guillermo Ginés
Los propietarios se plantan frente al intervencionismo del Gobierno en materia de vivienda. Los caseros preparan una ofensiva contra el Estado por la decisión del Ejecutivo de ampliar el límite del 2% a las subidas de los alquileres más allá del 30 ... de junio. En el colectivo, de hecho, ya se contempla la posibilidad de iniciar una batalla judicial para pedir compensaciones millonarias por el agravio ocasionado por la iniciativa.
Según ha podido saber este periódico por fuentes del sector, la asociación de propietarios Asval ha lanzado una encuesta entre sus 4.000 asociados para conocer la aceptación que tendría esta ofensiva. La organización analiza «posibles medidas legales para reclamar al Estado compensaciones para los propietarios por esta limitación al incremento de las rentas de nuestras propiedades en alquiler». «Se trata de una transferencia de rentas injustificada de los propietarios a los inquilinos», añade en una misiva que acompaña a la encuesta.
El sondeo plantea una única pregunta: «¿Estás dispuesto a sumarte a Asval y solicitar una compensación por esta limitación de subidas del precio del alquiler?». La encuesta no se cerrará hasta dentro de algunos días, pero según ha podido saber este periódico por el momento el 'Sí' gana por goleada .
Los fondos de inversión se han mantenido al margen de este proceso, que serviría para unificar posibles demandas contra el Estado por parte de los pequeños propietarios. Caseros que son particulares (no empresas) y que representan cerca del 95% total de propietarios en España, según aseguran desde el sector. Desde Asval prefieren no hacer declaraciones sobre esta encuesta y se limitan a señalar que el tope de los alquileres limitará aún más la oferta del 'stock' de vivienda, tirando al alza así los precios.
La asociación de propietarios, además, no entiende que el Gobierno compense a las eléctricas por el tope del gas o a las gasolineras por la bonificación del combustible de 20 céntimos el litro y no haya ninguna ayuda para los caseros pese a que van a tener sus rentas limitadas durante, en principio, seis meses. Aunque todavía no hay anuncio oficial, todo apunta a que el Gobierno extenderá los topes hasta el 30 de septiembre.
Respecto a la cuantía que se reclamaría, fuentes consultadas explican que todavía es pronto para conocer la cifra. Porque el procedimiento ni siquiera está todavía asegurado. El portal inmobiliario Idealista ha explicado que la prórroga de los topes del alquiler tendrá un impacto económico para los caseros de 560 millones de euros , que se unirán a los 479 millones que ya ha costado limitar los alquileres al 2% en lugar del IPC entre el 30 de marzo y el 30 de junio. Es decir, los topes tendrían un coste total para los propietarios de más de mil millones de euros, según este portal.
Intervencionismo
Como fuere, el colectivo pretende con estas acciones protestar contra un nuevo atropello del Gobierno . Asval, con el respaldo de consultoras y portales inmobiliarios, ya explicó cuando se anunció la ampliación de los límites que esta medida suponía «cargar sobre los propietarios» la crisis ocasionada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
El sector inmobiliario confiaba en que los topes de los alquileres, que se aprobaron el pasado 30 de marzo, fueran una medida excepcional y motivada por el impacto que generó en los hogares la invasión de Ucrania. Es decir, que no se mantuviese más allá del plazo inicial de tres meses . Con la decisión del Ejecutivo de prorrogar esta medida al menos otros tres meses, en el sector existe ya el miedo de que esta medida pase de ser excepcional a permanente.
No sería la primera vez. Entre los propietarios todavía escuece la prohibición de los desahucios para colectivos vulnerables que aprobó el Ejecutivo durante la pandemia. En principio iba a ser temporal, pero todavía sigue vigente. Y ni siquiera se plantea ya la supresión de la medida.
A ello se unen otras políticas intervencionistas impulsadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en los últimos meses, como la ley de vivienda. Una reforma que incluye medidas como el control de los precios del alquiler en zonas tensionadas o un recargo fiscal en el IBI para los propietarios que mantengan viviendas vacías.
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