Ofensiva de CEOE y sindicatos para recuperar el peso perdido en la formación

 El nuevo sistema de formación en las empresas está en marcha desde 2015, fruto del rosario de escándalos y de prácticas irregulares que durante años escaparon a todo tipo de controles y provocaron una bateria de detenciones en España, en especial en Andalucía . Los agentes sociales fueron apartados de la gestión que, junto a la impartición de los cursos, —los que se financian con cuotas sociales, fondos públicos y europeos— se abrieron a la libre concurrencia.

Tras dos años de puesta en marcha de la reforma sindicatos y empresarios han puesto en marcha una ofensiva para demostrar que su exclusión de la gestión no ha tenido los efectos deseados . Los agentes sociales denuncian que trascurridos esos dos años de cambios no se ha publicado ninguna de las normas previstas en la ley y «se vive una situación de transitoriedad y desorden muy graves», aseguran UGT y CC.OO. en un informe que han presentado al Gobierno al que ha tenido acceso ABC.

«No pretendemos volver a la situación anterior a la reforma, pero queremos participar en la definición del modelo de formación, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno», aseguran fuentes empresariales a este periódico tras recalcar que «es necesario recuperar la gobernanza social» frente a un sistema «burocratizado».

En el documento que han elaborado la centrales que dirigen José María Álvarez y Ignacio Fernández Toxo explican que la formación permanente ha dejado de responder a las demandas del mercado de trabajo para centrarse en las características formales de la oferta de cursos de centros privados. Añaden que «se ha obstaculizado o impedido la participación de empresarios y sindicatos en la programació, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa y no se ha respetado el carácter finalista de la cuota».

La organización que dirige Juan Rosell, presentará la semana próxima el Libro Blanco de la Formación, un trabajo en el que realizan un diagnóstico de la situación de la formación, que coincide a grandes rasgos con que la realizan las centrales sindicales. Además de la diagnosis, el Libro Blanco incluirá también propuestas de modificación de la normativa actual. La patronal insiste en que la empresa debe ser el centro de la formación en España », aseguran las fuentes consultadas por este periódico que insisten en que la formación debe considerarse como un factor de competividad empresarial. Entre sus peticiones siempre está la generalización del llamado «cheque-formación» , que facultaría a las empresas la libertad total a la hora de elegir los centros en los que se imparten las clases.

Desde que se aprobó la reforma la patronal que lidera Juan Rosell hizo de la misma «casus belli». Considera que los cambios «ha consolidado un sistema intervencionista, politizado, burocrático y poco transparente en cuanto al destino de los fondos», así como «muy alejado de las necesidades empresariales». La CEOE recuerda que empresas y empleados son quienes financian el sistema mediante la cotización de la cuota de la formación profesional y, por eso, deberían «ser considerados como los auténticos protagonistas del modelo ». Cada mes empresa y trabajador pagan un 0,70% de cuota de formación, de los que 0,60 corresponden a los primeros y el 0,10 restante a los empleados. «No se puede dejar la planificación y diseño de la formación en manos de intereses privados», dicen los sindicatos.

Una de las principales críticas que realizan los agentes sociales al Gobierno es que dos años después de aprobar la reforma no se ha publicado ninguna de las normas previstas en la ley y «se vive una situación de transitoriedad y desorden muy graves ».

El trabajo sindical refleja que los colectivos afectados por la crisis o con mayor riesgo de pérdida de empleo, como mujeres, jóvenes y personas con bajo nivel de cualificación, no acceden suficientemente a la oferta formativa y las pymes y micropymes han abandonado prácticamente la formación bonificada.

Entre sus conclusiones, que son compartidas por la organización empresarial, destaca que en 2012 y 2013, mientras el resto de países de la UE-18 han intensificado sus esfuerzos por adaptar las cualificaciones y competencias de su población a las exigencias de cambios del sistema productivo, en España, por primera vez, en más de una década, ha descendido el porcentaje de personas que realizan actividades de formación permanente (ver gráfico adjunto).

Los resultados del documento también reflejan que los trabajadores menores de 35 años, que hasta 2008 representaban la mitad del alumnado de la formación programada por las empresas, no llegan a un tercio en la actualidad. Una reducción que está estrechamente vinculada a la pérdida de más de la mitad del empleo juvenil durante la crisis, pero también, según UGT y CC.OO. a la nueva reforma.

Del documento que las centrales ya han presentado al Ejecutivo se desprende también las pymes cada vez usan menos la formación. La tasa de cobertura ha pasado del 31,1% en 2012 al 27,7% en 2016.

Desde el Ejecutivo se ha insistido desde que se puso en marcha la reforma en que el principal motivo de excluir a los interlocutores sociales del órgano colegiado encargado de decidir a quién se conceden las subvenciones es «evitar cualquier conflicto de interés». Insisten en que han «tratado de garantizar así el principio de objetividad establecido en la Ley de Subvenciones».