Ocho provincias argentinas recurren a los «bonos federales» como medio de pago de sueldos, jubilaciones y deudas

BUENOS AIRES. Carmen de Carlos
Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

La crítica situación por la que atraviesan las provincias argentinas ha llevado a ocho de ellas a recurrir a «bonos federales» como medio de pago de sueldos, jubilaciones y deudas comerciales. La decisión responde a una «oferta» del Ministerio de Economía, tras la creación, el pasado mes de agosto, de las denominadas Lecop (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales).

Con vigencia para los cinco próximos años, estos títulos serán utilizados como papel moneda en sustitución del peso, equivalente a un dólar, según la ley de convertibilidad dictada hace una década por el actual titular de Economía, Domingo Cavallo.

El Gobierno nacional ha establecido que las Lecop no devengarán intereses y podrán ser utilizadas sin límite, siempre y cuando no se supere el cupo que le corresponde a cada comunidad, equivalente a la masa salarial que pagan en un mes. En total, la emisión máxima, alcanza los mil millones de pesos.

Cuarenta y ocho horas atrás venció el plazo de adhesión al plan, que ha sido suscrito por Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Misiones, Neuquén, Chubut, Jujuy y la Rioja. José Manuel de la Sota, gobernador de la primera de estas provincias, justificó la aceptación de estos bonos federales, «un poco resignadamente», porque el Gobierno central, «nos debe 250 millones de pesos y nos quiere pagar con eso».

A esta nueva modalidad hay que añadir la emisión simultánea de moneda provincial en varios puntos de Argentina (Corrientes, Tucumán, Catamarca...) que podría, en un futuro, canjearse gradualmente por Lecop. La moneda local más reciente es el «patacón» de Buenos Aires, que lleva en circulación desde el 21 de agosto. Comercios, compañías de servicio y empresas multisectoriales tienen la obligación de aceptarlos.

La necesidad de cumplir con la ley de déficit cero, promulgada el pasado verano, está llevando a Argentina a adoptar sistemas de este tipo, considerados por mucho como una emisión encubierta de moneda. Entre los requisitos exigidos el pasado mes por el FMI, para la concesión de un crédito (complementario al megablindaje del año pasado de casi 40.000 millones de dólares) de 8.000 millones de dólares, figura como condición indispensable no gastar más de lo que se ingresa. En su afán por cumplirlo, la Administración está retrasando sus pagos a proveedores y se dan escenas surrealistas como que, por falta de pago a la concesionaria, durante este mes, unas setenta mil personas no hayan podido sacar sus pasaportes.