La OCDE pide que las autonomías gasten menos a las puertas de las elecciones

El propio Gurría, con Calviño a su vera, ha valorado que en plena desaceleración global, España lo está haciendo «mejor que otros países» si bien los mercados son «menos pacientes y tolerantes». Una defensa que el informe sobre España que presentó ayer el organismo no incluye, al estar repleto de deberes y advertencias para el Gobierno.

La OCDE pide que las comunidades autónomas apliquen con más rigor la regla de gasto –el tope al desembolso ligado al crecimiento del PIB– en lugar del déficit. « Las comunidades autónomas únicamente aplican la regla de déficit , lo que en parte explica que sus gastos sean más cíclicos», denuncia la institución con sede en París.

«Es preciso (...) que la regla de gasto sea el instrumento principal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas», sentenció. El objetivo es que así vayan reduciendo su abultada deuda, del 24,7% del PIB, que según la Ley de Estabilidad debe bajar al 13% en 2020 –un objetivo imposible–. Pese a que las regiones ahora tienen déficits más acotados, la regla de gasto aseguraría que destinaran sus superávits a reducir el pasivo.

La petición del organismo no es casual y llega unos meses antes de las elecciones regionales. Las comunidades, hasta agosto, dispararon su gasto computable a efectos de la regla un 2,7%, por encima del límite del 2,4%. Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Valencia: siete de las ocho tienen elecciones en mayo.

Junto a ello reclama «recurrir a los impuestos ambientales y al IVA» para elevar la recaudación, recomendando elevar el tributo a productos con tipos reducidos y súperreducidos en el impuesto al consumo.

También exige eliminar y deducciones en el Impuesto de Sociedades, así como aumentar los impuestos sobre los combustibles. Tanto en su recomendación sobre el IVA como en impuestos medioambientales –tanto a combustibles como a emisiones– cifra cada alza tributaria en 4.800 millones de euros adicionales .

Otro de los reproches van dirigidos a las diferencias de regulación entre comunidades: reclama potenciar la ley de unidad de mercado y eliminar distorsiones, ya que los servicios públicos difieren considerablemente, lo que arroja distintas tasas de abandono escolar y productividad entre regiones.

También pidió la OCDE «ampliar el periodo de referencia » para calcular la pensión, que ahora está en los últimos 21 años, y «el número de años de cotización exigidos para cobrar una pensión completa». De esta forma se endurecería el cobro de la prestación, que ahora exige 35 años y seis meses trabajados.

El secretario general de la OCDE también ha recomendado al Gobierno « disminuir los incentivos a la jubilación anticipada », así como « vincular la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida en el momento de la jubilación ».

Ello significa elevar la edad de jubilación, que ahora está en 65 años y 6 meses. «Hay que prolongar la vida activa y elevar la edad de jubilación, para hombres y mujeres », ha añadido Gurría, que apostilló que es necesario aumentar también las cotizaciones sociales de empleados y empleadores, además de fomentar los planes de pensiones privados. A ello se le suma que Gurría ha instado a recortar las pensiones y «sus beneficios» en relación al porcentaje del último salario que se cobra en la primera pensión.

La OCDE apunta que en el mercado laboral, España debe mejorar sus salarios y proteger con más ahínco a los desempleados de larga duración. «El riesgo de pobreza es significativo, con un 15% de la población viviendo en hogares pobres en 2014», subraya, para remarcar también la elevada pobreza infantil. En España el 20% que más posee gana seis veces más que el 20% más pobre, por encima de la media de la OCDE. Curiosamente, la desigualdad de ingresos es mayor internacionalmente que la de riqueza, que está por debajo de la media de los 35 países desarrollados incluidos en el organismo.

Por ello denuncia que las transferencias públicas son menores a los más pobres que a los más ricos: el 20% con menores ingresos recibe solo un 55% más que el hogar medio mientras que el 20% más rico recibe un 60% más. Ello se debe a que muchas de las exenciones fiscales en España «tienden a ser regresivas», como ocurre con los tipos reducidos del IVA.