«Las autonomías deben hacer en 2011 el ajuste que el Estado ya ha hecho»

—¿Cumplirá este año España su compromiso de reducción del déficit?

—Cumpliremos los objetivos. Estamos reconduciendo las cuentas públicas y la estima por nuestra economía debería subir un poco. Y no ha sido fácil. Hemos tenido que realizar ajustes en los gastos, alguna subida de impuestos, pero los resultados están ahí. Estamos convencidos de que los beneficios en términos de recuperación de la confianza y de la estabilidad, que se traducirán en el trato que recibirá España por parte de los mercados, superan cualquier coste que se haya podido producir. Aún así no hay que caer en la autocomplacencia porque todavía tenemos dos años por delante de ajustes importantes.

—¿Qué queda por hacer en estos dos próximos años?

—La Administración Central ya ha dado muchos pasos en la dirección correcta pero otras administraciones tienen todavía que adoptar medidas. A lo largo de 2011 debería producirse un ajuste en las comunidades autónomas similar al que se ha producido en el Estado. Y cuando se dice esto, hay que recordar que este no es un mensaje contra las comunidades autónomas. Cada administración debe gastar de acuerdo con los recursos de los que dispone y para conseguirlo aún falta dar algunos pasos.

—¿Tiene el Estado elementos suficientes para controlar el gasto de las comunidades autónomas?

—Hay un debate ya antiguo sobre si el Estado tiene o no instrumentos suficientes para controlar el gasto de las comunidades autónomas. Lo que está claro es que si queremos tener un país descentralizado, cada administración tiene que ser responsable de sus cuentas. Y para ello lo más importante no es quizás reformar las leyes o crear más instrumentos de control. Lo prioritario es aplicar los instrumentos que ya existen. Por ejemplo, autorizando la emisión de deuda sólo a las CC.AA. que cumplen, como ya venimos haciendo. La disciplina fiscal también la tienen que imponer los inversores. Cada comunidad autónoma a la hora de pedir prestado le tiene que explicar a quienes le van a prestar cuál es su perspectiva de futuro. Y esto es algo que quizá ha tardado en ocurrir, pero ya está ocurriendo. En mi opinión esa es la vía, aunque también el refuerzo institucional puede ayudar.

—¿No cree que las autonomías deberían fijar techos de gasto, igual que el Estado, para evitar desviaciones en el ejercicio?

—Los techos de gasto son tremendamente útiles porque nos facilitan la elaboración del presupuesto. Dicho esto, nuestro sistema constitucional deja que cada comunidad autónoma sea la que decida si adopta o no estos mecanismos.

—¿Pero el Estado podría obligarles por ley a que fijen techos de gasto o iría en contra de la Constitución?

—En mi opinión, hacerlo interferiría de lleno en la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas.

—La administración ha hecho públicos los datos trimestrales de déficit de las comunidades autónomas. ¿Seguiremos avanzando en transparencia y podremos conocer esos datos cada mes?

—Dependerá de la voluntad política de las autonomías, porque sin la información, que está dispersa entre las distintas administraciones, sería imposible dar una sola cifra. Felizmente se ha producido una toma de conciencia por parte de las comunidades autónomas de que hay que aumentar la transparencia. En este sentido, la información que se ha dado a conocer es un primer paso. Si la Administración Central facilita información cada mes y lo hace con todos los ajustes, también pueden hacerlo las comunidades autónomas.

—La rebaja de calificación a Castilla-La Mancha y Murcia ha coincidido en el tiempo con la publicación de sus datos. ¿El miedo a la reacción de los mercados puede influir en las comunidades a la hora de hacer públicas sus cuentas?

—Es una forma de mirarlo. Otra, es que la discriminación que empiezan a realizar los mercados premia a los que mejor lo hacen.

—¿Y cómo se sanciona a las regiones que incumplen sus objetivos?

—La sanción es que no pueden endeudarse y además tienen que presentar un plan de saneamiento para reconducir la situación.

—¿Qué pueden hacer las comunidades autónomas para racionalizar el gasto?

—Un 70% del gasto autonómico se destina a educación y sanidad y otro gasto social, pero el 30% restante, se destina a empresas, inversiones, fundaciones, consorcios... En este apartado se puede realizar un ajuste similar al que ha hecho la Administración Central. No hay diferencia entre esas empresas públicas y las nuestras, entre sus consorcios y los nuestros...

—¿Cómo podrían hacerlo?

— Hay muchas formas de abordar la cuestión y no corresponde al Gobierno elegir una de ellas, pero estoy convencido de que hay margen de actuación. El gasto autonómico no es inflexible, hay margen para actuar. La realidad de las regiones es distinta. Alguna está reduciendo su televisión autonómica y otras, por ejemplo, están reduciendo transferencias y subvenciones. En otros casos alguna empresa se puede privatizar y hay alguna actividad pública que no tiene sentido mantener y que se podría suprimir. Incluso en la parte del gasto social también hay medidas que se pueden adoptar, aunque en este caso hay que ser más cauteloso. En este ámbito creo que más que en reducir el gasto hay que pensar en gastar con más sentido común y justicia.

—¿Habrá que ir hacia medidas como el copago sanitario o el aumento de las tasas universitarias?

—No hay duda de que en ámbitos de la sanidad o la dependencia habrá que adoptar medidas de racionalización del gasto. Y esto los ciudadanos lo pueden entender en la medida que sirva para mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos. La sostenibilidad del gasto autonómico exige acometer algunas reformas que tienen que ser pactadas y obtener un respaldo amplio. Y esta circunstancia quizá las hace más complicadas en el corto plazo.

—Usted ha dicho que nos quedan dos años de ajuste ¿y nuevas subidas de impuestos... verdes?

—Estoy convencido de que desarrollaremos la imposición verde, pero de la mano de la Unión Europea. Dentro de quizá diez años los impuestos verdes formarán parte de la cesta de impuestos con un peso importante, pero no ahora. No es este un tema que haya que ligarlo a la crisis.

—¿Están considerando cualquier otra subida de impuestos?

—En la medida en que el problema fiscal lo tenemos razonablemente encauzado, la prioridad ahora es volver a crecer y esto significa reformas, reformas en muchos ámbitos de la economía. Y en materia impositiva las medidas no deben entorpecer la recuperación. A corto plazo lo deseable sería no hacer ajustes fiscales significativos.

—Si las pensiones están garantizadas durante los próximos 20 ó 30 años. ¿Por qué se insiste en la urgencia de la reforma del sistema?

— El énfasis tiene que ver con dos cuestiones: una que si vivimos en promedio más de 80 años, y vivimos mucho mejor es perfectamente razonable que la edad hasta la que seguimos trabajando sea algo más alta. En términos de sacrificio personal, como es algo que se hará de forma gradual, será relativamente fácil de asumir y de entender por los trabajadores. La otra razón tiene que ver con lo que se están preguntando quienes compran nuestra deuda, que quieren saber si vamos a ser capaces de devolverles lo adeudado dentro de diez o quince años. Y esa es una pregunta muy razonable, porque quien te presta dinero quiere saber si el conjunto de la economía española está en condiciones de cumplir sus obligaciones financieras dentro de diez, doce o quince años.

—No está tan claro que los ciudadanos lo entiendan. Es difícil comprender que lo más urgente en este momento, con casi cinco millones de parados, sea alargar la vida laboral de los trabajadores, o recortar pensiones futuras. ¿No habría que meter antes la tijera en muchos gastos superfluos de la Administración?

—La reforma del sistema de pensiones no es para recortarlas, sino para que aumenten o se mantengan en términos reales. Y, efectivamente, el listado de reformas no acaba ahí. Pero yo insisto en que mi percepción no es que la sociedad rechace la reforma, al contrario.

—Prácticamente todas las encuestas muestran un rechazo a retrasar la edad de jubilación.

—Yo creo que en general la sociedad entiende que debe ser así.

—¿Pero en qué va a quedar finalmente ese retraso? El presidente habla ahora de una jubilación flexible a los 67 años. De modo que si un trabajador lleva suficientes años cotizados pueda jubilarse a los 65 años sin penalización.

—El compromiso del Gobierno, sin duda ninguna, es que la jubilación se retrase dos años.

—Pero el presidente del Gobierno aseguró públicamente que se iban a aplicar fórmulas flexibles, con excepciones para algunos trabajos.

—Ese es un mensaje que se ha entendido mal y que quizá induce a la confusión. Lo que vamos a hacer es que igual que ahora la edad legal de jubilación es a los 65 años, va a pasar a 67, aunque sea con un periodo transitorio.

—Pero ¿no se podrá jubilar nadie antes de los 67 años sin penalización, aunque tengan unas carreras de cotización muy largas?

—Donde antes decíamos 65 años, ahora decimos 67 años, ese será el cambio. Eso no quiere decir que no haya quien se jubile antes. Eso ya es así. El mensaje tiene que ser claro, donde estaban los 65 años ahora están los 67 años.

—Pero las empresas están despidiendo a trabajadores con 50 años. ¿Cómo se va a poder compatibilizar esto con retrasar la edad de jubilación?

—Socialmente es un desastre que los trabajadores salgan del mercado laboral a los 50 años. Pero la edad legal de jubilación serán los 67 años.

—Los objetivos de consolidación fiscal para este año 2010 parecen casi conseguidos, pero muchos economistas dudan de que se puedan cumplir los del año que viene, en el que la previsión de crecimiento del Gobierno casi duplica la de la mayoría de organismos. ¿Tienen preparadas nuevas medidas?

—Lo que hay que hacer en 2011 son reformas, y mantener el compromiso incondicional del Gobierno de cumplir los objetivos de consolidación fiscal, aunque eso nos obliga a tomar decisiones que son difíciles, como ha ocurrido este año 2010. Esa misma disposición la seguiremos teniendo el próximo año. Pero igual que la gran prioridad en 2010 era realizar esos ajustes, ahora lo que nos tiene que preocupar es que nuestra economía empiece a crecer.

—¿Y qué reformas quedan pendientes?

—En el mercado de trabajo queda la reforma de la negociación colectiva y hacer un desarrollo razonable de la reforma laboral; hay que reformar las pensiones, que aunque tendrá un efecto lento, como señal tiene un efecto potente, y en los sectores de la economía real también hay reformas pendientes. Por supuesto en el sistema financiero, hay que acabar el proceso de consolidación. En el sector servicios, todavía están pendiente algunas medidas ligadas al desarrollo de la directiva europea; el sector de energía requiere también una reforma de cierta importancia… Todas estas son reformas importantes y que se deben hacer cuanto antes.

—Pero ¿hasta cuando vamos a tener que seguir haciendo sacrificios?

—Tenemos que entender que los sacrificios que estamos haciendo son para recuperar el crecimiento.

—¿Y qué más medidas se podrían adoptar? ¿Hay margen para seguir privatizando?

—En lo que a la Administración Central se refiere, el sector público empresarial es ya relativamente pequeño y no hay grandes operaciones pendientes.

—La competencia fiscal entre comunidades autónomas está provocando ya cambios de residencia de altos directivos en busca de una tributación más baja. ¿Lo ha detectado también Hacienda?

—Cambiar de residencia no es tan fácil. El lugar de residencia en términos fiscales lo fija el domicilio habitual del contribuyente y no el lugar donde desempeña su trabajo. Además, no tengo constancia de que ese fenómeno se esté produciendo.

—Y en el caso de las sicav, ¿el endurecimiento de su tratamiento fiscal de estos instrumentos de inversión está provocando una huida de las grandes fortunas?

—No tengo ninguna información que sugiera que esto esté pasando.