El número dos de Blesa pide el archivo del caso y niega haber asignado «tarjetas black»

En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el que fuera 'número dos' del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa defiende que estas funciones fueron desarrolladas, por delegación del Consejo de Administración , por el «presidente ejecutivo, dentro de las facultades estatutarias atribuidas al cargo».

Sánchez Barcoj, que cargó 575.071 euros a su tarjeta y a quien el juez acusa de ser el encargado de gestionar los 'plásticos ' investigados, afirma que los fondos asignados a los miembros de Alta Dirección era una contraprestación por los servicos prestados y su disposición «no causa perjuicio alguno al patrimonio de Caja Madrid o Bankia».

A su juicio, nada prohíbe utilizar una tarjeta como medio de asignación de una parte de la retribución y es «lógico y razonable» que la caja pretendiese compensar así la dedicación «exclusiva y permanente» de sus beneficiarios, que no tenían un «horario limitado».

«No hay razón para considerar que carezca de sentido atribuir la percepción de una parte de la retribución como un incentivo que representa menos de un 5% de la retribución total y que se hace efectiva a través del uso de la tarjeta », añade.

Dicho esto, dice que las tarjetas fueron objeto de una operativa y estaban automatizadas en un único circuito, para añadir que existía un contrato de fecha de 1994 que daba cobertura a las 'visa' que el presidente atribuía.

Sánchez Barcoj concluye que la «opacidad es inexistente» al estar recogidas en una cuenta contable que era «reiteradamente» analizada por los servicios de inspección del Banco de España y de la Agencia Tributaria.

El juez dictó el pasado 23 de diciembre un auto en el que transformaba las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, para concluir la investigación y proponer sentar en el banquillo a 66 antiguos representantes de Bankia y Caja Madrid por utilizar las 'tarjetas black', que fueron emitidas «sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios », que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que los hechos podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el del resto de directivos que los utilizaron.