El nuevo Gobierno tendrá que hacer un ajuste de 5.000 millones

La cuestión es que el Ejecutivo comunitario exige a nuestro país, así como a otros del club comunitario, un tope de desequilibrio de las cuentas públicas de un 3,1% para el próximo año, lo que implica que el nuevo inquilino de la Moncloa tendrá que hacer un ajuste presupuestario de 5.000 millones de euros en 2017, bien por la vía del ajuste del gasto o por el aumento de los ingresos vía alzas de impuestos.

La Comisión Europea había recomendado el pasado mes de marzo una serie de medidas para garantizar la corrección del déficit, con especial hincapié en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit también en las Administraciones Territoriales .

En respuesta a esa recomendación de la Comisión Europea el Gobierno envió ayer también el Informe de Acción Efectiva que contempla el resumen de las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del 4,6% de déficit en el año 2016.

Entre estas medidas el Gobierno en funciones destaca la reforma del Impuesto sobre Sociedades, aprobado el pasado 30 de septiembre, que supondrá un anticipo en este impuesto a cuenta del de 2017 y con el que Hacienda espera ingresar 8.300 millones de euros extra. La medida, como era de esperar, ha sido vivamente criticada por los representantes empresariales con el argumento de que se ha tomado con precipitación y sin consultarles, lo que según ellos introduce inseguridad jurídica de cara a los inversores.

Entre las novedades del Plan Presupuestario de ayer figura también un alza de la previsión de Indice de Precios al Consumo para este año, del -0,2% previsto al 0,7% por el alza de los combustibles y después de que los precios volvieran a terreno positivo con un alza de un 0,2% en septiembre. Para 2017 se eleva del 1,2% al 1,4% la previsión de IPC.

En materia de paro, uno de los principales problemas de la economía española, también hay novedades aunque en este caso negativas. Para este año el Gobierno en funciones eleva la tasa de paro en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 18,6% que estaba previsto al 19,7% y para 2017 del 16,6 al 17,8%. La principal razón de esta revisión al alza estriba en la ralentización que se espera para la economía mundial, y también para la española, en 2017. La previsión para nuestro país es que pase de un crecimiento del 2,9% de este año a un 2,3% en 2017. A pesar de la previsión al alza del paro Moncloa sigue confiando en que se creen 900.000 empleos netos acumulados entre 2016 y 2017.

El Ejecutivo explica en el plan enviado a Bruselas que «la actualización del cuadro macroeconómico está basado en hipótesis prudentes para el desarrollo del ciclo económico en 2017 y que confirma la senda de recuperación de la economía española ».

Pese a que se trata de una prórroga y que, en teoría, tiene que replicar la previsión de ingresos y de créditos que estaban previstos para 2016, en aplicación de la normativa comunitaria se hace una proyección de ingresos y de gastos para 2017.

En el capítulo de ingresos la previsión es que alcancen el 37,8% del PIB en 2016, proyectándose para 2017 un importe equivalente al 37,7%. El Ejecutivo explica que «a pesar del impacto de la reducción de impuestos directos derivados de la reforma fiscal (esencialmente IRPF e Impuesto de Sociedaes) en 2015 y 2016 se logra mantener la ratio de ingresos sobre PIB estable, gracias al crecimiento de la recaudación en impuestos indirectos algo por encima del crecimiento del PIB, y del crecimiento de las bases imponibles tanto de los impuestos directos como indirectos.

En materia de cotizaciones sociales se han proyectado en línea con el cuadro macroeconómico presentado que prevé un crecimietno del empleo del 2,7% en 2016 y una ligera moderación en 2017 cuando crecerá un 2,2%.

Por el lado del gasto público la ratio se reduce hasta el 42,2% del PIB en 2016 y hasta el 41,3% en 2017 debido a que el crecimiento del gasto nominal en estos dos años queda por debajo del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). En cuanto a la remuneración de los asalariados, se estima que el impacto de la devolución de parte de paga extra de 2012 que se ha realizado en 2016 es similar al registrado en 2015 y, por tanto, no derivará en un aumento de gasto respecto al año anterior. Para 2017 el Gobierno estima que la remuneración de asalariados incorpora en su nivel el incremento derivado de las nuevas incorporaciones derivadas de ofertas de empleo público anterior, lo que dará como resultado que la remuneración de asalariados, en términos relativos al PIB, disminuirá del 11% de 2016 al 10,6% en 2017.

El gasto en intereses será una de las partidas que más se reducirán en 2016, más de un 7%, en un contexto de reducción del déficit y consolidación de la recuperación económica, por encima del resto de socios europeos, con ganancias de confianza que afectan a bajos tipos de interés. Para 2017 el Gobierno en funciones asegura que ha realizado un previsión conservadora, teniendo en cuenta que los tipos de financiación se encuentran ya en niveles mínimos, y por tanto la reducción del gasto en intereses pasará del actual 2,8% del PIB al 2,7%. El gasto en transferencias sociales, fundamentalmente en pensiones, crecerá en torno al 3% fruto de las reformas , lo que supone que se revalorizarán el 0,25%.

En este contexto será el nuevo Gobierno, en su caso, el que tenga que aprobar los Presupuestos definitivos correspondientes al año 2017 y llevar a cabo los cumplimientos pactados con la Comisión Europea en materia de reducción del déficit.

El Informe recoge además, de modo destacado, las medidas llevadas a cabo por l as Comunidades Autónomas en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; en segundo lugar, en el terreno de los gastos en los Presupuestos Generales del Estado , figuran, tanto el Acuerdo de no disponibilidad que se adoptó a mediados de año, como el cierre del ejercicio presupuestario adoptado en julio.

El documento sobre Acción Efectiva que se remitió a Bruselas también se hace eco de la preparación de la transposición de las Directivas de la Unión Europea sobre contratación pública, a la espera de la aprobación como Proyecto de Ley . Se trata de un texto ya muy ultimado que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para dar publicidad a determinados contratos negociados, que hasta la fecha no era exigida pero que ahora tiene que ser incluida.