Así es la nueva regulación para los 'riders'

Plataformas como Glovo dicen que la ‘ley rider’ pone en peligro un total de 15.300 empleos

Repartidor de Glovo en manifestación EP

12/05/2021 a las 01:17h.

«La norma aprobada es histórica». Con esas palabras comenzaba ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , su comparecencia tras el Consejo de Ministros. El Gobierno dio por fin luz verde a la ‘ley rider’ , un decreto ley que regulariza las condiciones ... de trabajo de los repartidores de Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart . «Se trata de una norma pionera», relataba Díaz, que defendió que «tenemos que proteger a los trabajadores más allá de la forma de organización tecnológica».

La aprobación del decreto, que deberá convalidarse en el Congreso, llega después de que Trabajo y los agentes sociales llegaran a un acuerdo sobre esta materia hace dos meses. Como adelantó ABC, esta ley obliga a las empresas de reparto a domicilio, como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart a contratar a sus repartidores en un plazo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE . De esta manera, se acaba con la polémica de si los repartidores estaban trabajando como falsos autónomos o no. Un debate que terminó zanjando hace meses el Supremo, dictaminando que la relación laboral de estos con las plataformas era de ajenidad.

Esta relación laboral afecta por ahora a estas plataformas digitales de reparto a domicilio, aunque la propia ministra de Trabajo no descartaba hace meses que se incluyeran más sectores, como podían ser los conductores de VTC , pero eso necesitaría «un «debate más pausado».

La otra pata importante de la norma es, como informó ABC, que los representantes de los trabajadores puedan vigilar los algoritmos que determinan las condiciones de trabajo . Esta parte de la norma afecta a todas las empresas que utilicen algoritmos y no solo a las plataformas de reparto. Así, los sindicatos tendrán que ser informados «de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles».

En concreto, el decreto recoge una nueva letra ‘d’ en el apartado 4 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores . Este tiene la siguiente redacción: «Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».

La ministra tuvo palabras de agradecimiento para la CEOE y los sindicatos UGT y CC. OO ., por su «valentía» a la hora de abordar esta norma. También elogió a la Inspección de Trabajo, que durante este tiempo ha regularizado más de 16.000 empleos, teniendo un impacto de 29 millones de euros para las arcas del Estado en concepto de cotizaciones y demás pagos.

Quejas de las empresas

Las compañías llevan meses acusando a la CEOE de no defender sus intereses. De hecho, Glovo acabó abandonando esta patronal. Unos ataques de los que la CEOE se defiende argumentando que se han eliminado muchas medidas que pedían los sindicatos y que hay sentencias en firme de que los repartidores no son autónomos.

La asociación que integra a las cuatro plataformas explicó ayer que la norma ha sido elaborada «sin tener en cuenta a sus principales actores : restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores».

El director general de Stuart en España, David Gausch , comentó que «lamentamos profundamente la falta de apoyo por parte de la principal patronal hacia las plataformas a la hora de presentar alternativas regulatorias, provocando que finalmente no se haya adoptado ninguna de las propuestas de la plataformas de reparto. Consideramos que esta nueva regulación requería no solo de la participación del sector afectado, sino también un debate parlamentario amplio y sosegado, teniendo en cuenta que este sector actualmente aporta 700 millones al PIB nacional , y pone en peligro más de 15.300 empleos totales en España ».