La nueva ley del teletrabajo no se aplicará en la pandemia pero la empresa pagará los gastos
La norma ordinaria regirá el trabajo en remoto en la crisis sanitaria y el desembolso que tengan que hacer las empresas se determinará en convenio
El teletrabajo ha llegado para quedarse. Esta frase repitió una y otra vez durante los meses más duros del confinamiento. En solo tres meses, los trabajadores desde sus casas llegaron a suponer el 35% de la población activa, lo que permitió a muchas empresas capear ... así el cierre total de actividad. Antes de la crisis sanitaria nunca se intentó legislar porque el trabajo en remoto siempre ha sido una fórmula residual en España, muy al contrario de lo que ocurre en Europa . Pero esa falta de regulación ha terminado provocando, en muchos casos, jornadas maratonianas y costes añadidos para los trabajadores.
Tras tres meses de negociaciones el Gobierno ha logrado pactar con empresarios y sindicatos una norma que ayer fue aprobada por la vía de urgencia, y que asegura que esta forma de trabajo sea voluntaria, sin menoscabo de derecho alguno y sin costes añadidos para el trabajador. Será la empresa la que los asuma.
Siempre que la actividad lo permita (no todos los trabajos pueden realizarse a distancia), empresas y trabajadores deberán negociar y plasmar por escrito un acuerdo que establezca las bases para acometerlo cumpliendo con la nueva norma y sus principios de voluntariedad y reversibilidad, entre otros.
Pero el contador comenzará a correr pasada la pandemia. Los empresarios han logrado que el trabajo en remoto que se ha implantado en los últimos meses seguirán rigiéndose por la normativa laboral ordinaria , si bien las empresas sí están obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo a distancia, así como el mantenimiento que resulte necesario. La compensación de los gastos queda a expensas de la negociación colectiva.
Para las empresas que ya tuvieran regulado por escrito el teletrabajo, la obligación de adoptar todas las novedades de la ley llegará en el momento en el que los convenios pierdan su vigencia. Si esos convenios no tienen un plazo de vencimiento, la norma será aplicable íntegramente al pasar entre un año y tres.
Un 30% de jornada
Esta nueva normativa se aplicará a todos los trabajadores que teletrabajen «regularmente» y eso queda definido en el texto como el desempeño del trabajo a distancia «en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo». Quedan fuera de la norma los teletrabajadores ocasionales o aquellos que, por ejemplo, solo teletrabajen un día a la semana.
Los negociadores también se han dado un plazo de 20 días desde la publicación del decreto en el BOE . Posteriormente, el real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento, donde podría, por tanto, sufrir alguna modificación.
La ministra Yolanda Díaz agradeció ayer el esfuerzo por llegar a un acuerdo con los agentes sociales tras destacar que esta ha sido «la negociación más dura y difícil» que ha afrontado su gabinete. Destacó que la nueva regulación supone un «auténtico proceso de modernización» en la legislación española , un «cambio de paradigma». Díaz logra así uno de sus primeros triunfos como ministra en una materia en la que no empezó con buen pie. A finales de junio, tan solo un día después de que el diálogo social alumbrara un acuerdo sobre la extensión de los ERTE ligados al Covid , la futura regulación del teletrabajo irrumpió como un elefante en una cacharrería en la relación entre Gobierno y empresarios.
La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero , tuvo que mediar y garantizar que la nueva regulación se haría «en el seno del diálogo social», después de que las ideas planteadas por Trabajo en las consultas públicas y borradores para su próxima regulación despertaran fuertes recelos entre los empresarios. Sin mediar negociación la titular de Trabajo cargaba la totalidad de gastos a las empresas. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a advertir al Gobierno de que si a una empresa le ponen condiciones imposibles de cumplir puede contratar fuera de España, en Portugal o en Brasil, dijo entonces.
Pero la gallega también ha tenido sus más y sus menos con el ministro de Seguridad con esta norma, tal y como informó ABC. Aunque las competencias son de Díaz, Escrivá ha realizado también alguna aportación y sus puntos de vista no han sido coincidentes. Frente a las prisas de la titular de Trabajo, el de Seguridad Social apostaba por un proceso más pausado que el que se ha seguido.