La nueva ley antifraude del Gobierno dejará a Andorra fuera de la lista de paraísos fiscales

Pablo Echenique, portavoz de la formación morada en el Congreso, aseguró ayer en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que de llevar a cabo esta iniciativa se podrían aplicar las cláusulas que fijan que el traslado de residencia a este país no implique dejar de pagar el IRPF en España por un periodo de cinco años. Echenique defendió además endurecer los criterios de la lista de paraísos fiscales para incluir a otros como Bulgaria o Rumanía. «Cuando alguien deslocalice una vivienda tiene que quedar claro que no lo hace por pagar bajos impuestos. Tiene que pagar el IRPF en España», dijo. «Este problema ya existía antes de que existiera Internet y YouTube» , dijo, tras remarcar que «cuantitativamente el fraude fiscal está en su mayor parte en las multinacionales y los multimillonarios de toda la vida».

Lo cierto es que el actual proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude prevé ampliar la lista de paraísos fiscales bajo la denominación de jurisdicciones no cooperativas atendiendo a más criterios además del intercambio de información tributaria y financiera. Si bien bajo la redacción de un texto que aún puede incorporar enmiendas, se contempla «la existencia de baja o nula tributación», lo que podría incluir a Andorra , al ser un resultado conjunto de variables, el Principado se quedaría fuera.

Andorra dejó de ser considerado paraíso fiscal tras el acuerdo firmado en 2010 –y que entró en vigor en 2011 con todos sus efectos– para el intercambio de información tributaria. Precisamente, esta transparencia es el criterio que suelen utilizar organizaciones y países para determinar si una jurisdicción es o no paraíaso fiscal. La última lista cuenta con 33 estados, 15 menos que la anterior, por estos motivos.

Tampoco es considerado como paraíso fiscal para la Unión Europea, que incluye a doce territorios como no cooperadores en su llamada lista negra. Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles están en esta relación, mientras que Andorra está en la lista verde , donde figuran países que cooperan con la UE y aplican todos los compromisos. Desde 2009, la OCDE también eliminó a Andorra de su lista de jurisdicciones no cooperadoras. Organizaciones como Oxfam han reclamado endurecer los criterios para incluir jurisdicciones habituales en redes de ingeniería fiscal, como Países Bajos o Irlanda.

De los 90.976 millones declarados por españoles en el extranjero en 2013, en la primera declaración de bienes y derechos en el exterior, en Andorra reposaban 4.161 millones. De ellos, 965 descansaban en cuentas bancarias, 758 en acciones, 627 en inmuebles, 1.262 en valores y derechos y 455 en seguros y rentas temporales y vitalicias