La nómina de los funcionarios se dispara hasta 150.000 millones, más de lo que España recibirá de la UE

Este gasto, sin embargo, es un cálculo a la baja pues no tiene en cuenta la entrada en la Administración de nuevos funcionarios que, a tenor del aumento de las tasas de reposición, elevará el montante. La tasa ordinaria de reposición aumentará hasta el 110% el año próximo, lo que significa que por cada 100 jubilaciones o bajas se incorporarán 110 nuevos funcionarios. Esa tasa crecerá hasta el 120% para los sectores prioritarios y la administración local y al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El alza que se aplicará a los empleados públicos en 2022 está en línea con la previsión del promedio de inflación del Ejecutivo para el próximo ejercicio y viene a sumarse, además, al fuerte impacto que la desviación de los precios, ya en el 4%, tendrá en las cuentas públicas. Y es que pese a que los entornos de elevada inflación suponen un aumento de recaudación en algunos impuestos como el IVA, también aumenta otros compromisos de gasto, como las pensiones. Por lo pronto, la Seguridad Social tendrá que desempolvar en enero la conocida como ‘paguilla’ compensatoria para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, dado que sus rentas subieron un 0,9% y la inflación terminará el año muy por encima de ese porcentaje, según coinciden economistas y servicios de estudios.

Así, a primeros de 2022 los jubilados percibirán la diferencia entre el alza que se les aplicó y la inflación media con la que cierre el ejercicio. En un escenario en el que esta inflación media quedará, en el mejor de los escenarios, en torno al 2,5%, el pago extra sería el equivalente a 1,6 décimas, lo que implicaría un gasto adicional de unos 2.300 millones, que se consolidaría en las jubilaciones de por vida para próximas subidas. Tal y como avanzó ABC, la factura por la desviación de los precios sería, por tanto, de 4.600 millones , sumando el incremento y la consolidación. A esta cantidad habría que aplicarle, a su vez, el incremento de enero, que volverá a ser la inflación media de 2022.

La mejora salarial de los empleados públicos llega, no obstante, sin la bendición de los sindicatos, que reclamaban un alza mayor, en línea con la inflación. Las condiciones fueron rechazadas por CSIF y UGT, al considerar que supone una pérdida de poder adquisitivo. CC.OO. ya había anunciado el lunes que no acudiría a una cita que consideró «una farsa» y «un desprecio a la negociación colectiva». Y es que en el encuentro de ayer no medió negociación alguna, el Gobierno se limitó a comunicar su decisión, según las fuentes consultadas.

El sindicato mayoritario en la Función Pública, CSIF reclamaba una subida de, al menos, la previsión de la inflación más un punto y medio . También que se compensara a los trabajadores por la desviación de los precios, tal y como se hará con los pensionistas. Ambos colectivos vieron como sus nóminas aumentaban a primeros de año un 0,9%, porcentaje que ya está muy por debajo de la inflación, que ya está situada en el 4% . Lamentan las centrales que si finalmente los precios terminan en estos valores, los empleados públicos habrían perdido casi tres puntos de poder adquisitivo este ejercicio.

Desde el Gobierno, sin embargo, se señalaba que el Programa de Estabilidad refleja simplemente un compromiso para mantener el poder adquisitivo del colectivo . El documento refleja que «a partir de 2022 se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios». Desde CSIF, sin embargo, se ha insistido en que se reconozca el esfuerzo exigido a los empleados públicos durante la pandemia. Lejos de la propuesta del Gobierno, el sindicato reclamaba un acuerdo para los dos años que restan de legislatura en los que se avanzara en la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, que cifran «en torno al 10%». «Además, hay que compensar la subida de los precios que se va a producir este año , teniendo en cuenta que la subida fue del 0,9%, y que volveremos a perder al menos un punto de poder adquisitivo», puntualizan.

Aunque CSIF valoró como un avance el aumento de la tasa de reposición sí aseguró que era insuficiente, teniendo en cuenta que había pedido su eliminación al objeto de que las comunidades autónomas puedan convocar plazas estructurales y reforzar los servicios que durante la pandemia se han visto muy tensionados. El sindicato argumenta que esto permitiría que las autonomías pudieran dedicar fondos recibidos de la UE para la recuperación de la Sanidad o la Educación .

Denunció que miles de contratos de refuerzo que se hicieron por el Covid van a extinguirse a finales de año y alertan de que solo en Sanidad se podrían perder unos 90.000 puestos de trabajo. El mismo avisó lo extendió al SEPE, que este año se quedará sin 1.500 contratos de refuerzo . «Este mes de octubre se extinguen 500 coincidiendo con la renovación de la prórroga que incrementará la carga de trabajo, sumado a los miles de contratos que lamentablemente pasarán a las filas del paro por el fin del verano», avisó.