Un tesoro de 28.000 millones en oro negro

No hay certeza de que frente a las islas de Fuerteventura y Lanzarote repose la mina de hidrocarburos que apuntan los cálculos, pero de ser así, España tendría por vez primera un yacimiento petrolífero de magnitudes considerables, tanto como para abastecer al país del 10% del consumo diario. Dos peros, sin embargo, afronta la empresa: el empeño del Ejecutivo autonómico en torpedear el proyecto, so pretexto de las consecuencias negativas que podría acarrear al medioambiente y al sector turístico (que supone más del 30% del PIB de la región), y la proximidad de Marruecos a la potencial zona de extracción. De hecho, el reino alauí ya ha autorizado numerosas prospecciones tras la línea imaginaria que separa sus aguas de las españolas, de modo que si España renunciase al proyecto, el riesgo de vertidos que temen las instituciones del archipiélago no desaparecería, al menos no del todo.

España consume cada día alrededor de 1,4 millones de barriles de crudo. En la actualidad, los recursos propios del Estado solo le permitirían disfrutar de 14.000 de esos barriles, es decir, del 1%. En otras palabras: la economía del país ha de importar el 99% del petróleo, lo que el año pasado derivó en un gasto de 30.000 millones de euros. Cabe puntualizar además que el importe de la factura aumentará con toda seguridad en los próximos ejercicios.

El presumible yacimiento canario aligeraría sobremanera esta acentuada dependencia energética. Tan es así, que su producción anual multiplicaría por tres el total de crudo extraído en España en su historia. No en vano, Repsol —la multinacional hispana tiene el liderazgo en los trabajos de prospección— conjetura que podría suministrar más de 100.000 barriles diarios, o lo que es lo mismo, unos 36,5 millones cada año. Hasta 2010, las modestas explotaciones petrolíferas del país apenas fueron capaces de reportar 10,97 millones de toneles. En resumen, la cuota de autoabastecimiento anual se dispararía hasta cerca del 10%, una especie de sueño hecho realidad para la maltrecha economía nacional.

En consecuencia, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (precisamente, el único canario del gabinete de Mariano Rajoy), ha calificado de «extraordinario» el beneficio que la mina de hidrocarburos traería consigo. El también líder del Partido Popular en el archipiélago incluso ha fijado ya, en 28.000 millones de euros, el impulso que la extracción de petróleo daría a la salud de la balanza comercial del Estado. «Si hubiese la suerte de encontrar petróleo y gas en la zona, esto tendría efectos positivos para todos», ha remarcado.

Pero en la comunidad autónoma directamente implicada en el asunto las cosas se ven diferentes, hasta el punto de que su Ejecutivo, que integran los nacionalistas de Coalición Canaria y el Partido Socialista, rechaza sin ambages no ya la posible extracción de crudo, sino también los sondeos que preparan Repsol, la australiana Woodside Energy y la alemana RWE. La postura de la Administración canaria (también los cabildos insulares de Fuerteventura y Lanzarote, ambos de CC, se oponen frontalmente) no ha impedido que el Gobierno publicase ya la encomienda a la multinacional española, pero amenaza con entorpecer los trabajos.

Las instituciones de las islas advierten de que el turismo (que representa en la región más del 30% del PIB y que da trabajo a más de 350.000 personas) no es compatible con la industria petrolífera, y agregan que cualquier vertido arruinaría el motor económico de la región. Además, existe el temor de que la rica biodiversidad marina que albergan las aguas majoreras y conejeras (gentilicios de los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote) pueda verse afectada por los trabajos. Así que organizaciones ecologistas como Greenpeace han hecho causa común con las autoridades del archipiélago, que hasta hace poco las ninguneaban, para intentar hacer fracasar las prospecciones.

El responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Carlos Bravo, ha advertido de que un fallo de las válvulas de seguridad que se utilicen para hacer las prospecciones en aguas canarias generaría « una auténtica marea negra» que afectaría «muy negativamente» a toda la riqueza ambiental del archipiélago, al turismo y a la pesca.

No obstante, dos más son las cuestiones a tener en cuenta: por un lado, la distancia de la zona donde se instalarían los pozos hasta la costa y, por otro, la presencia de Marruecos. Precisamente, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, avisaba días atrás durante el debate sobre el Estado de la nacionalidad de que la autorización de Industria permite a Repsol perforar a solo 10 kilómetros de Antigua, uno de los municipios majoreros, lo que multiplicaría los riesgos.

De inmediato, Repsol precisaba que solo habría prospecciones a 60 kilómetros de las islas, entre otras cosas porque a 10 kilómetros no hay hidrocarburos. La diferencia, obviamente, no es baladí, ya que precisamente la poca distancia hasta el litoral (unos tres kilómetros) ha llevado al mismo Soria a desechar las exploraciones en el golfo de Valencia, lo que en el archipiélago se ha visto como un agravio comparativo. Con todo, el compromiso del Gobierno es firme: «No se harán prospecciones a menos de 60 kilómetros».

A este respecto, una de las opiniones que más ha llamado la atención fue la del embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman, que minimizó con sorna el posible impacto que pudiera tener la actividad petrolífera en la industria turística: «No pienso que unos pozos a 60 kilómetros de la costa afecten la disposición de los británicos para venir a Canarias. Al turista británico, lo que no ve no le molesta», afirmó en Diario de Avisos.

Además, se da la circunstancia de que Marruecos ya ha autorizado a otras compañías a buscar petróleo de su lado de la mediana, de modo que si España renunciase a explorar, no solo perdería la posibilidad de ahorrarse miles de millones de euros, sino que los supuestos riesgos que expone la administración autonómica seguirían latentes, habida cuenta de que la distancia que separa Lanzarote del reino alauí apenas supera los 100 kilómetros. Sea como fuere, el gabinete de Rivero ha decidido recurrir los permisos en el Tribunal Supremo y pedir medidas cautelares para detener las prospecciones.

Pero para Canarias no solo hay riesgos (riesgos que Repsol y el Gobierno descartan de plano precisamente por la susodicha distancia de 60 kilómetros), sino también beneficios. Lejos de la visión del gabinete autonómico, el mismo Soria ha hecho hincapié en la riqueza que el yacimiento supondría para la depauperada economía isleña, una de las más dañadas por la crisis. En el archipiélago, que padece una de las tasas de pobreza más altas , casi el 31% de la población activa está en paro, uno de los porcentajes más elevados del país y también de Europa. Rivero argumenta que estos potenciales beneficios serían, en todo caso, coyunturales; Soria no lo ve así y hay previsiones que secundan su opinión.

«No podemos ser el único sitio en el mundo que sabe que tiene petróleo y no se alegra por ello, esto no nos lo merecemos los canarios», indica Benicio Alonso, ingeniero industrial y expresidente de la Asociación de Industriales de Canarias. «Sería una gran inyección para Canarias por toda la industria auxiliar que generaría, junto con nuevos procesos que podría iniciar la refinería de Tenerife», agrega. Sin embargo, las instituciones canarias han presentado numerosas alegaciones en contra. Muchas, extemporáneas, «confusas, especulativas y alarmistas», según recoge la Dirección General de Política Energética. La más curiosa, una que solicita la incorporación de una valoración de impacto según la perspectiva de género. La Dirección General responde que se trata de un texto de «naturaleza estrictamente técnica» y, en consecuencia, «ni en el fondo ni en la forma, prevé medidas o implica consecuencias que puedan suponer discriminación alguna entre hombres y mujeres».

Gran parte de las argumentaciones hacen referencia al impacto ambiental de las prospecciones y «se limitan a transcribir las alegaciones de organizaciones ecologistas como WWF España, Greepeace, Seo Birdlife, El Guincho-Ecologistas en Acción, Agonane y Ben Magec-Ecologistas en Acción» que, según la Dirección General de Minas, «no tienen la consideración de interesadas en este procedimiento per se, en el sentido de que los permisos de investigación de hidrocarburos son concesiones demaniales», no de explotación, fase posterior en la que serán tenidas en cuenta sus peticiones.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria lo tiene claro: «Sería una gran noticia que tuviéramos petróleo», dice tajante José Sánchez Tinoco. «Si no buscamos nosotros el petróleo, ¿cree que Marruecos no lo va a hacer? Seamos serios», añade y cuenta su experiencia en Guinea, donde ha visto cómo se han creado ciudades para el personal que trabaja en las plataformas, con un nivel de consumo muy alto. «Esos técnicos estarían en Canarias. Evitaríamos eso que siempre nos ha distinguido, que es tener todos los huevos en la misma cesta y dedicarnos solo a una actividad económica, en este caso, el turismo».