Necesidad de certidumbre

Es algo que ya empezamos a vislumbrar en el último Barómetro de ATA relativo al primer semestre de este año. Así, pese a considerar de forma generalizada que la situación económica es positiva, los autónomos bajan sus expectativas de cara a la segunda mitad del año y lo que es más preocupante, el porcentaje de autónomos que tiene previsión de mantener la plantilla ha bajado del 72,5% registrado en diciembre de 2017 al 59,2% y el número de autónomos que considera que en lo que queda de año tendrá que despedir a alguno de sus empleados ha subido del 19% en diciembre al 25,3% de junio.

En los últimos meses y tras el cambio de Gobierno, no han cesado de producirse anuncios en forma de «globos sonda» sobre posibles cambios en el entorno normativo y fiscal que afectarían a los autónomos. En los primeros días del nuevo Gobierno se anunciaba una subida de impuestos sobre los carburantes, y no se descartaba la necesidad de subir otro tipo de impuestos. Se anunciaron cambios en la reforma laboral y, dentro del debate sobre pensiones y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social , parece que los autónomos volvemos a ser la causa de todos los males. Esa percepción ha llevado a que las cotizaciones de los autónomos -por escasas- y la revisión de la tarifa plana -para limitar el «insoportable coste» que suponen para las arcas de la Seguridad Social- se conviertan en temas del verano.

Temas que se han tratado en muchas ocasiones sin tener en cuenta la complejidad que conllevan, sin una evaluación exhaustiva de su impacto económico y desde el desconocimiento del mundo de los autónomos. Tanto es así que la tarifa plana, medida estrella de la recuperación del empleo y afloramiento de actividades sumergidas, con cerca de 1.500.000 beneficiarios desde su puesta en marcha, se convierta en el gran problema del mercado laboral , «única causa de los falsos autónomos» , que ahora parece ser el único trabajo autónomo que existe.

Puede que sea todo ese contexto el que ha provocado que no se sepa nada de una medida tan aplaudida y esperada como la tarifa plana para autónomos en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, aprobada en los PGE y con partida presupuestaria asignada. O que la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social nos haya sorprendido con un cambio de criterio para poder compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con el ejercicio de una actividad por cuenta propia que ahora requiere que la contratación de al menos un trabajador por cuenta ajena tenga que ser ahora dentro de la actividad. Criterio no establecido en la ley y que supone que hoy convivan autónomos acogidos al esquema de jubilación activa con unas condiciones y los nuevos, a partir de ahora, con otras.

No pretendo con estas consideraciones que se entienda que no hay cosas que mejorar. De hecho, desde los comienzos de este nuevo Gobierno, el diálogo con el Ministerio de Trabajo ha sido constante y fluido y hemos presentado ya propuestas consensuadas entre las dos organizaciones mayoritarias de autónomos, ATA y UPTA ; entre otras la revisión del sistema de cotizaciones en función de rendimientos netos de los autónomos, la mejora de prestaciones como el cese de actividad y medidas de lucha contra la economía sumergida o los falsos autónomos , como la puesta en marcha de un registro Trade en el que se declare la empresa o grupo de empresas para la que se presta servicios de forma exclusiva o casi exclusiva.

Espero que en los próximos meses se aclaren muchos de estos aspectos, que el debate sobre los posibles cambios se produzca con quiénes representamos a los autónomos y en los foros designados para ello, y, sobre todo, que se evite este tipo de anuncios que generan preocupación e incertidumbre en el colectivo, y volvamos a hablar de los autónomos como solución y no como «problema» de nuestro mercado laboral.