Nadal asegura que las eléctricas deberán informar sobre ventajas e inconvenientes de un cambio de contrato

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a fecha de noviembre de 2016, revelan una tendencia al alza en los contratos con contratos de electricidad en el mercado libre (14 millones de clientes), frente a los 11,8 millones que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Para evitar la posibilidad de que haya personas que tengan dificultades a la hora de afrontar los gastos de su factura eléctrica el ministro ha señalado que el Gobierno «va a hacer un decreto dentro del Bono Social» que obligará a las compañías eléctricas a « informar » a los usuarios que cambien de contrato.

Así, las empresas deberán explicar a las personas interesadas en acogerse a una nueva tarifa «sobre las ventajas e inconvenientes y los derechos que ganan y los que pierden, para que de esta forma puedan estar mejor informados », ha explicado Álvaro Nadal.

El ministro ha incidido en «la libertad» de los ciudadanos «a la hora de elegir su tipo de contrato, aunque ha defendido que para él «el régimen más favorable es el que regula el propio ministerio: que es el PVPC».

«Mi tipo de contrato es el estándar, PVPC. Sólo tiene un inconveniente, que es más volátil, pero en la media y a lo largo del tiempo es por el que menos se paga», ha defendido el ministro.

Sobre la posibilidad de una subida de la luz en Galicia para pagar el canon eólico, como ha sucedido en Cataluña, La Rioja, Valencia y Castilla-La Mancha, el ministro ha señalado que la política del Ministerio «es que los recibos de la luz sean iguales en toda España».

Nadal ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en diferentes recibos los impuestos establecidos por las comunidades autónomas en los recibos de la luz durante 2012 y que «ya se ha hecho cumplimiento de esa sentencia ». «Sobre esta cuestión no hay nada más, salvo que alguien recurra», ha ahondado el ministro.

En su intervención el ministro ha reivindicado que «la política» de su departamento «es siempre que la electricidad sea lo más barata posible para todos los ciudadanos», pero ha explicado que «si hay una sentencia del TS hay que cumplirla».

«Cuando las administraciones autonómicas ponen impuestos en el sistema energético se corre el riesgo de que esto lo acabe pagando el usuario», ha concluido el ministro.