Mutua pagó a Villarejo para investigar a su expresidente y dos exdirectivos

Pomatta había cesado como presidente de la Mutua en 2008, mientras estaba enfermo, y culpó de ello al grupo mayoritario que impulsó hasta la presidencia a Ignacio Garralda. Se desató entonces una «guerra» con dos bandos: Pomatta y sus fieles frente a quienes pasaron a controlar el nuevo consejo de administración. El hombre fuerte de Garralda en el relevo fue el vicepresidente Luis Rodríguez Durón , de quien Pomatta había prescindido.

Según fuentes confidenciales de la propia Mutua, Rodríguez Durón tenía una fluida relación con el entonces jefe de seguridad de la Mutua, el comisario en segunda actividad Benjamín García Cañón . Fue este quien realizó el encargo a Villarejo, al que le une amistad además de relación profesional, según confirman a ABC fuentes policiales. El presidente saliente, Pomatta , se había garantizado una jubilación de 21 millones de euros que la nueva dirección no estaba dispuesta a pagar. En el litigio judicial, Mutua encargó la investigación patrimonial a Villarejo (finalmente el Supremo anuló la onerosa jubilación de Pomatta). Los sables estaban en alto.

García Cañón, de quien este diario ha intentado sin éxito recabar su versión, habría realizado el encargo «siguiendo órdenes» . Es en este punto donde están saltando chispas en todos los consejos de administración de las grandes empresas investigadas en el caso Tándem: los directivos culpan a los jefes de seguridad y éstos sostienen que seguían instrucciones. La preocupación en las empresas por esta causa es máxima, y el caso de la Mutua Madrileña no es una excepción.

De hecho, hace apenas unas semanas que la aseguradora reunió a un gabinete de crisis para analizar la situación, según ha sabido este diario. Les preocupa especialmente un hecho: cuando pagaron a Villarejo este era comisario de la Policía Nacional en activo, motivo por el que la actual dirección de la Mutua teme que la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procedan contra ellos por un presunto cohecho, entre otros posibles delitos.

Los pagos a la empresa de Villarejo, el grupo Cenyt, ascendieron a 16.000 euros repartidos en tres facturas a lo largo del año 2012 (Ramírez Pomatta falleció dos años después, en 2014). El diario «El Independiente» publicó una de las facturas que Cenyt giró a la Mutua. El concepto solo dice «estudios solvencia patrimonial» .

En cuanto al importe, fuentes consultadas por este diario sostienen que es « poco dinero» para las tarifas del excomisario Villarejo . Otras fuentes apuntan a que el encargo no era «complicado», sino algo «habitual».

Benjamín García Cañón es un policía con una agenda envidiable, pues antes de dar el salto a la empresa privada fue coordinador de la Jefatura de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey , cargo para el que fue nombrado el 30 de julio de 1997 por el entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja. Dejó sus funciones en la Policía Nacional y fue fichado por Mutua Madrileña. Salió de la compañía en 2014 en el centro de una polémica que fue silenciada y que tenía que ver con contratos derivados del Mutua Madrid Open de Tenis . Actualmente el área de Seguridad de la Mutua la dirige un comandante de la Guardia Civil, Antonio García Valledor.

Fuentes oficiales del Grupo Mutua dicen a ABC que l os únicos pagos a Villarejo fueron esos 16.000 euros por hacer «estudios de solvencia patrimonial por un litigio» que en ese momento, 2012, tenía la empresa. En cuanto a la identidad de las personas a las que se pidió investigar y quién ordenó y materializó el encargo a Cenyt, las mismas fuentes aseveran que no pueden decir «nada más , ya que el caso se encuentra bajo secreto judicial».

La aseguradora, solo superada en España por los grupos VidaCaixa y Mapfre, declara una cartera de más de 13 millones de clientes . En 2018, último ejercicio con resultados consolidados, el Grupo Mutua ganó 266,9 millones de euros y facturó 5.270 millones.