Martínez-Aroca, en un momento de la entrevista
Martínez-Aroca, en un momento de la entrevista - ISABEL PERMUY

«La multa a España por las renovables la vamos a pagar todos en el recibo de la luz»

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), cree que España tendrá que seguir afrontando multas millonarias por la energía

MADRIDActualizado:

España perdió hace unos días el primero de los arbitrajes internacionales por los recortes aplicados desde 2010 a las ayudas a las energías renovables, lo que le supondrá pagar 128 millones de euros más intereses a una empresa británica. Desde la principal asociación fotovoltaica española, Anpier, se asegura que esto no ha hecho más que empezar y que España tendrá que seguir afrontando multas millonarias.

—¿El fallo del Ciadi da esperanzas a las otras 26 demandas internacionales que están interpuestas?

—Sin duda, porque la reforma energética que hizo el PPen 2014 no contempla ninguna medida compensatoria, lo que le ha llevado a perder el arbitraje, frente a los dos que ganó el Reino de España por los recortes que había llevado a cabo el PSOE. Este laudo es el primero de todos los procedimientos de arbitraje internacional presentados contra las reformas del PP. El tema es tan claro que ni siquiera el árbitro propuesto por el Gobierno ha votado a favor de él, o lo que es lo mismo, hubo unanimidad absoluta de los árbitros, tanto de una parte como de la otra, en el sentido de que el Gobierno de España causa un daño importante a los inversores internacionales, por lo que le condena a pagar 128 millones más el 50% de las costas arbitrales, más el 2,5% mensual de intereses desde 2014, más las costas de los profesionales a los que recurrió España, que le han costado otros 2,8 millones. Y, contestando a la pregunta, hay 26 pendientes de resolver en el mismo organismo, que con este fallo ya ha marcado criterio, no solo para los 26 pendientes, sino para otros tantos que a la vista de ese resultado se van a sumar.

—¿De qué montante podríamos estar hablando?

—No sería inferior a 7.000 millones de euros solo para los fondos de inversión extranjeros que tienen derecho a acogerse a la Carta de la Energía, a los que habría que sumar los inversores nacionales que hemos presentado demandas de daño patrimonial ante el Tribunal Supremo, que es el órgano que tiene que resolver si existe daño o no. Al Supremo no le es vinculante lo que ha dicho el Ciadi, pero este organismo usa una serie de argumentos legales y económicos demoledores, por lo que el Supremo lo va a tener difícil.

—¿Entonces es usted optimista?

—Mucho, pero tristemente optimista porque esto ya lo denunciamos el mismo día que se produjo la reforma del PP. Consideramos que fue un atropello de una magnitud tremenda y el gran error fue no sentarse a dialogar con organizaciones profesionales representantivas, como sí hicieron otros países con el sector energético y con los que consensuaron recortes, como Italia y Grecia, que consiguieron reducir la factura energética renovable sin hacer el ridículo internacional y sin poner en un serio apuro a su Alto Tribunal para el caso de que falle que los inversores nacionales no han sido dañados y no tienen derecho a indemnización alguna.

—Pero una cosa así no se aguantaría...

—Podría ocurrir. La situación judicial es resultado de decisiones políticas equivocadas llevadas a cabo por Nadal, el hermano del actual ministro, y lo importante es que el Supremo resista las presiones veladas que debe estar recibiendo.

—¿Cuál es el montante total?

—Alrededor de 10.000 millones, de los que 3.000 corresponden a inversores nacionales. La actitud prepotente del tandem Soria-Nadal ahora está dando sus frutos.

—¿Cuántos inversores españoles están atrapados?

— Somos 65.000 familias que invertimos entre 2007 y 2008 unos 25.000 millones de euros. Se construyeron 3.800 megawatios de potencia solar fotovoltaica.A día de hoy debemos a la banca 16.500 millones de euros.

—¿Y qué dicen los bancos?

—Se han visto obligados a refinanciar todos esos proyectos con refortalecimiento de garantías, subidas de tipos de interés y alargamiento de los plazo de devolución. La banca va a cobrar, incluso más aún de lo que tenía previsto por las nuevas condiciones. La banca siempre gana. El Gobierno pretende pagar las indemnizaciones con el superávit del sistema eléctrico, con el ahorro en el déficit de tarifa, es decir, lo vamos a pagar todos los españoles en el recibo de la luz. El Gobierno, con su sistema de producción energético vertical, beneficia a Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa.

—En este complicado contexto, ¿cómo enfoca Anpier la subasta de renovables de la próxima semana?

—Es una oportunidad perdida porque deja fuera a la parte social (pymes, autónomos, nuestros pueblos, comunidades). Lo que pretende la subasta es concentrar nuevamente el poder en torno a grandes empresas que sean las que construyan esos parques. Si solo se valora el precio de la unidad productiva es imposible que la parte más social, más débil y pequeña pueda entrar en igualdad de condiciones en esa subasta. Y, además, es un error porque aparentemente puede ser más barata al principio pero infinitamente más cara a largo plazo, dejando fuera a nuestro sector de pymes. Además, no se distribuye la riqueza entre nuestras comunidades autónomas y nuestros pueblos. Se opta por centralizar en grandes parques la energía con unas condiciones para pujar en las subastas que solo pueden entrar las empresas más grandes.

—¿Cuáles son los avales?

—Son 100.000 euros de aval por cada megawatio y si salen a subasta 3.000 megawatios, pues no hay nada más que hacer la cuenta,m y solo para ir a la subasta. Italia y Francia, por ejemplo, han distribuido la subasta de energía por tecnologías, compiten en igualdad de condiciones y solo van a precio estricto, de modo que la gran eólica está infinitamente mejor posicionada que la fotovoltaica y la biomasa.