El motín de los alcaldes ante Montero pone en jaque los Presupuestos

Así, regidores de 31 ciudades de España, se reunieron ayer de forma telemática para acordar combatir el acuerdo que suscribió el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hace un mes, tildándolo de «injusto» e «insolidario» . Este pacto consiste en que el Ministerio dejaría gastar 5.000 millones de euros de su remanente a los consistorios entre 2020 y 2021 para hacer frente a la crisis del coronavirus, a cambio de que los ayuntamientos le transfirieran a Hacienda 14.000 millones de euros en ahorros de años precedentes en un préstamo a diez años (o quince, si así lo pedía alguno). Hacienda no les deja gastar este montante aplicando la Ley de Estabilidad y defiende la transferencia ya que, constitucionalmente, los municipios no pueden incurrir en déficit. Eso sí, solo los municipios que entregaran su remanente podrían acceder a este instrumento.

Una propuesta que el pleno de la FEMP aprobó por la mínima hace un mes, con los votos en contra de PP, Cs y los independentistas catalanes, y que solo logró aprobarse por la abstención del representante de IU-UP y el voto del propio presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo Abel Caballero.

Esta división no solo no se ha superado sino que se ha incrementado y ha saltado al terreno nacional. Alcaldes socialistas también se oponen en privado a la solución de Hacienda mientras que, en público, estos 31 ediles piden al Gobierno un fondo «sin condiciones» de 5.000 millones y de mil millones para el transporte, a través de un nuevo decreto «exprés» que tumbe la norma que ahora tramita el Congreso. Estos fondos procederían del Estado, y no del remanente de los ayuntamientos, « tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros», recuerdan los alcaldes díscolos en un comunicado.

«Será difícil que se aprueben unos Presupuestos que no contemplen un acuerdo satisfactorio para los ayuntamientos» , advierte a ABC el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. El PNV ya advirtió al Ejecutivo de que el debate sobre el ahorro de los municipios «no se puede separar» del de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Precisamente, las cuentas deberán contener el impacto de la medida aprobada, que también afecta al año que viene, por lo que la negociación que el Ejecutivo ha iniciado con Podemos y el resto de partidos políticos tendrá este punto como prioritario.

El Congreso de los Diputados debe convalidar el decreto para que así salga adelante y los municipios correspondientes puedan gastar ya 2.000 millones este año (los otros 3.000 son para 2021). Hacienda, asimismo, ofreció suspender la regla de gasto este año y el siguiente, además de proponer que se convalide el decreto para luego tramitarlo como proyecto de ley incluyendo cambios en la parte de los 14.000 millones de remanente a entregar. Fuentes del Ministerio rechazan que se contemplen nuevas modificaciones de momento.

Sin embargo, los 31 alcaldes descartan que se vaya a aprobar el decreto, como se escenificó gráficamente en la Comisión de Hacienda del pasado lunes , en la que el único partido que defendió el acuerdo fue el PSOE, con críticas incluso de Podemos. «Estamos hablando de un decreto que puede tener 200 votos en contra» , advierte Azcón.

Los alcaldes advierten además de que si Hacienda no retira el decreto, los 31 alcaldes rebeldes acudirán al Congreso de los Diputados a protestar el día que se convalide. Se tratande los regidores de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Cádiz, Córdoba, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Gerona, Lérida, Marbella, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel y Torrelavega.

Los municipios son las únicas administraciones que han cosechado superávit año tras año desde 2012, debido a la aplicación férrea de la regla de gasto, que impide gastar el excedente en todo aquello que no sea reducir deuda o pagar a proveedores. Sin embargo, esta buena salud financiera también se explica porque cuentan con un impuesto como el de Bienes Inmuebles (IBI) que, haya crisis o no, nunca han reducido su recaudación.