La morosidad del Estado crece al nivel máximo en 20 años y asfixia a las pymes: ya debe 110.000 millones

De este modo, desde el Ejecutivo entienden que la liquidez es un elemento fundamental para la supervivencia de las empresas con dificultades, y más aún considerando que parte de los problemas que atraviesan las empresas en nuestro país tienen un carácter coyuntural. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , incluyó en su plan de choque contra el impacto económico de la guerra y la crisis energética la puesta a disposición de 10.000 millones de euros extra en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Aunque este dinero aún no ha sido verificado por Bruselas para su puesta en circulación, el Gobierno aprobó recientemente el primer tramo de 5.000 millones . En préstamos superiores a los 400.000 euros, se garantiza el 80% de nueva financiación a autónomos y pymes y hasta 70% al resto de empresas, con plazo de amortización de hasta 8 años.

Sin embargo, aunque el Ejecutivo se ha remangado en los úlitmos meses para proveer de esta financiación a pymes y autónomos, no parece predicar con el ejemplo en los contratos que desde los diferentes niveles de las Administraciones Públicas se suscriben con estos. Lejos de ello, la práctica hace que desde el poder público se asfixie al colectivo más vulnerable ante a crisis.

Así, las Administraciones Públicas (central, comunidades y ayuntamientos), deben un total de más 110.000 millones de euros a sus proveedores al cierre del primer trimestre, según destaca la PMcM con arreglo a los datos del Banco de España relativos al último trimestre de 2021. «El panorama es desolador a todos los niveles», alerta el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete , aseverando que «ya es más importante el incumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas que lo que viene por los fondos 'Next Generation' «.

La cifra es la más elevada de toda la serie histórica desde 2003, suponiendo un crecimiento del 28% con respecto al trimestre anterior. En este cálculo, en el que se aplica la metodología del Banco de España y la Unión Europea , se hace referencia a las «obligaciones pendientes de pago» consolidadas y se excluyen las deudas entre administraciones públicas. Según las estadísticas de balance financiero de entidades no financieras a cierre de 2021, el importe de créditos comerciales y anticipos por pagar ascendía a a 455.664 millones de euros.

Según el presidente de la Plataforma, las medidas que se están tomando no son suficientes, ante un escenario que se va a agravar en los próximos meses, con la finalización de los créditos ICO y de la moratoria concursal. Cañete destaca medidas como el Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos , que «solo llegará a unos pocos», o la Ley Crea y Crece , que «necesita cambios para ser eficaz y eficiente». «Hay que vencer la morosidad a golpe de acciones decisivas, como un régimen sancionador que multe a las empresas morosas», asegura

En este sentido, cabe recordar que el Ministerio de Asuntos Económicos ha prorrogado el contrato que suscribió con la consultora PwC hace ya dos años . En marzo de 2020, el Ejecutivo puso en marcha 100.000 millones de euros en avales públicos para garantizar liquidez a empresas y autónomos durante el Covid. El Estado actúa como avalista y la banca concede el crédito. Meses más tarde se sacaron otros 40.000 millones de euros en garantías, pero en este caso el destino del dinero era para inversión.

El resultado hasta ahora, según el propio ICO : «A fecha 30 de abril de 2022, conjuntamente las líneas de avales han desplegado avales por importe de 105.452,50 millones de euros que han permitido movilizar 138.501,80 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.176.752 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos».