La morosidad de las empresas empeora y tardan 89 días en pagar sus facturas, 12 más que en 2016

Como fuere, el retraso en el pago de facturas varía entre unas empresas y otras según su tamaño. Cuanto más grandes son, más tardan en abonar los servicios contratados a otras empresas . Así, y según la encuesta hecha por ATA entre sus socios y autónomos, las grandes compañías del país son las que peor pagan, en una media de 122 días, duplicando los dos meses de máximo fijados en la citada ley . Y eso que son las únicas empresas que desde 2016 han mejorado su periodo medio de pago, en 8 días.

Con esa excepción de la gran empresa, el aumento de la morosidad ha sido generalizada entre el tejido empresarial. Las micropymes cumplían hace tres años el plazo tope de dos meses al pagar en 52 días; actualmente, sin embargo, pagan de media en 70, 18 días o un 34,6% más tarde que en 2016. Las pequeñas empresas han empeorado su periodo medio de pago en 16 días o un 26,6%, al aumentarlo de 60 a 76 días, pasando también de cumplir a no cumplir la legislación vigente. Son las compañías de tamaño medio las que más han elevado su morosidad, en 22 días, de 94 a 116 días.

Los autónomos, por su parte, siguen siendo los mejor pagadores, abonando sus facturas en una medida de 61 días, uno por encima del máximo legal. Hace tres años cumplían sobradamente la ley, al pagar en 49 días. Es la primera vez que el colectivo, de media, la incumple, algo que achaca precisamente al retraso que los trabajadores por cuenta propia sufren en el cobro de sus servicios a las grandes empresas y al sector público . «Si los autónomos y pequeños empresarios han incrementado unos días sus periodos medios de pago es por lo mal que ellos cobran de las administraciones y de las grandes empresas», explica el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor.

«Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo», denuncia Amor, que insiste en reclamar un régimen sancionador para quienes incumplan los plazos estipulados por ley de manera sistemática y asidua .

La ley contra la Morosidad de 2004, reformada en 2010, limita el periodo de pago a 60 días, pero no contempla sanciones. En 2017 el Parlamento empezó a estudiar una proposición de ley para fijar multas de casi 820.000 euros en los casos más graves; sin embargo, una enmienda del PSOE hace un año desvirtuó el proyecto y su tramitación parlamentaria acabo decayendo en marzo de 2019 con la disolución de las Cortes por las elecciones.