El «mordisco» fiscal alcanzó los 415.000 millones de euros en 2017, el 36% del PIB

La recaudación ha vuelto a los niveles previos a la crisis , los que se dieron en 2007. En euros constantes, la recaudación de 2017 ha sido ligeramente superior a la que se dio hace diez años.

Entre la Administración del Estado, sus organismos, las administraciones autonómicas y las entidades locales –fundamentalmente, los ayuntamientos-, la «factura» fiscal girada al cobro durante el último año a particulares y empresas sumó unos 14.000 millones de euros más que en 2016.

Ese es el paisaje de fondo que asoma tras la particular receta que la semana pasada lanzó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando propuso dar una vuelta de tuerca más a la presión fiscal en España. Planteó crear una nueva «cesta de impuestos» que, entre otras cosas, tenga como beneficiaria a la Seguridad Social. El resultado inmediato sería un aumento de la presión fiscal en un país en el que, a tenor de los datos de los últimos años, el Estado en su conjunto se lleva prácticamente el 36% de la riqueza que es capaz de generar el país cada año.

Según los datos oficiales recopilados por ABC, en 2016 se alcanzaron los 401.000 millones de euros por impuestos y cotizaciones en España. Las cifras oficiales de 2017 aún no se han hecho públicas, pero a tenor de los incrementos acumulados hasta noviembre, la «factura» de conjunto habrá rondado los 415.000 millones de euros. Es decir, el «mordisco» público al bolsillo de ciudadanos y empresas salió en 2017 por unos 14.000 millones más que en 2016 . Eso sí, sin aumentar la carga tributaria de conjunto, que en términos de PIB fue del 35,9% en 2016 y del 35,6% en 2017. Se ha recaudado más, porque la economía ha ido mejor.

El mayor recaudador es la Administración central. Entre la Administración del Estado, sus organismos y la Seguridad Social cobran el 63% de todo lo que los ciudadanos pagan en impuestos, tasas, precios públicos y cotizaciones . En torno al 26% del total lo recaudan las comunidades autónomas, mientras que el 11% restante las entidades locales, entre las que se incluyen las diputaciones forales, que en el País Vasco suplen a la Agencia Tributaria estatal.

La lista de recibos que pagamos al sector público es extensa: impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, precios públicos, gravámenes estatales, autonómicos y locales, y cotizaciones a la Seguridad Social.