¿Medidas impopulares para reducir el déficit?

Entre los países sujetos al procedimiento de déficit excesivo de la UE, España tiene ya solera. Porque el sector público lleva desde 2008 gastando mucho más de lo que ingresa. No hemos cumplido los objetivos en ninguno de los años de la crisis y los datos oficiales de 2015 dicen que tenemos el segundo déficit más alto de la UE tras Grecia (y el mayor si no se consideran los intereses de la deuda). Hace algún tiempo se practicó cierta austeridad en el gasto y hubo subidas impositivas, para contener la hemorragia del déficit. Pero esa austeridad quedó abandonada hace años y además el Gobierno ha reducido últimamente los impuestos por motivos electoralistas, fiándolo todo a la mejora cíclica derivada del apreciable crecimiento económico. Como no podíamos cumplir tampoco en 2016, nos habían suavizado el objetivo -del 2,8% al 4,6%- pero seguíamos tan mal que, para alcanzarlo, ha habido que hacer «chapuzas». De ahí, el muy temprano cierre del gasto en los Ministerios o el excesivo pago fraccionado del impuesto de sociedades decretado para las empresas (que deberá serles devuelto en el próximo ejercicio).

Para 2017 el objetivo actual revisado de déficit es del 3,1% (2,2% en 2018) por lo que, desde el 4,6%, tendríamos que bajar 15.000 millones largos. El efecto positivo del ciclo económico (aumento automático de ingresos y menores gastos, como los de desempleo) contribuirá en una parte de ese importe. Pero faltarían 5.500 millones adicionales «oficiales» aunque, de acuerdo con los analistas económicos más fiables, yo creo que esa cifra se queda claramente corta y harían falta al menos 8.000 millones, aparte de requerirse nuevos ajustes en 2018.

En pura teoría la consolidación presupuestaria sería menos lesiva para el crecimiento si se realizase por la vía del gasto (sobre todo corriente) que por la del ingreso. Pero, en este momento, eso no parece lo más sencillo ni indicado. Porque partidas tan abultadas como los intereses de la deuda o las pensiones no se pueden tocar; nuevos recortes en educación o sanidad resultan indeseables; no es realista esperar en el corto plazo ahorros significativos provenientes de las necesarias reformas en la Administración del Estado; y, por último, la inversión pública se ha reducido tanto en los últimos años que no se puede minorar más.

Si se opta por elevar impuestos, el Gobierno incumpliría una vez más su programa electoral. Pero esta vez tendría alguna disculpa, por la necesidad de buscar apoyos parlamentarios que podrían demandar esa vía para el grueso del ajuste. En realidad, el nivel que los ingresos fiscales representan sobre el PIB en España es relativamente bajo en el contexto europeo y nos diferencia del promedio bastante más que en el gasto. Por otra parte, la imposición indirecta tiene menos efectos negativos que la directa y también es la que más nos distingue a la baja de nuestros socios europeos. Por lo que, en mi opinión, éste parece un camino adecuado para buscar mayores ingresos. Así, por ejemplo, podría resultar oportuno aprobar subidas apreciables en el impuesto sobre hidrocarburos, o en otros medioambientales. También la imposición sobre el consumo admite mejoras. Y, en general, deberían revisarse exenciones, bonificaciones o tipos excesivamente reducidos (tanto en impuestos directos como indirectos).

Ya veremos. Porque un Gobierno en minoría y con la amenaza de elecciones anticipadas tan pronto como el próximo año (a partir de mayo) no constituye el mejor andamiaje para cumplir un objetivo de déficit que, sin duda, exige decisiones impopulares. Entre las tres opciones posibles -bajar gastos, subir impuestos o seguir intentando «torear» a Bruselas con el déficit y generar deuda- no cabe descartar completamente que acabemos en esto último. Porque la deuda, de momento, es indolora y además la compra Draghi por lo que aparentemente nos cuesta poco. Por ahora…