Más presión fiscal a empresas, rentas altas y grandes patrimonios para elevar el gasto público

La justificación para elevar la presión fiscal sobre esos colectivos es que, según el Gobierno y Podemos, España tiene unos ingresos públicos inferior a la media europea y al del conjunto de la OCDE, siendo uno de los países que menos recauda en relación al PIB, un 37,9%, siete puntos menos que la media de la UE y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca y Suecia. Al mismo tiempo, el documento señala que España tiene un nivel de gasto del 41% del PIB, inferior al 47,1% medio en la Eurozona, el 56,5% de Francia y el 53,7% de Finlandia.

«Sin ingresos públicos suficientes no es posible mantener un Estado Social robusto que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social» , dice el acuerdo, que apela a una fiscalidad justa y con capacidad recaudatoria suficiente para reforzar la sanidad, la educación y el sistema de dependencia, combatir la pobreza, elevar las pensiones, sufragar la polítia de vivienda y elevar la inversión en ciencia e innovación.

«Hay margen para elevar paulatinamente la recaudación tributaria actuando en distintos niveles», señala el documento presentado esta mañana, en el que PSOE y Podemos citan como medidas para elevar los ingresos fiscales la lucha contra el fraude fiscal, la reducción de la diferencia entre los tipos impositivos nominales y los reales a las grandes empresas y el establecimiento de gravámenes más altos a sectores económicos que, a juicio del Gobierno y de Podemos, «están actualmente infra gravados o que directamente no tributan, como es el caso del sector financiero y la economía digital, respectivamente».

«El objetivo es que quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo, donde cada uno aporta en función su capacidad y recibe en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora, que es la que ha soportado con su esfuerzo los momentos más duros de la crisis», concluye el acuerdo.

El colectivo más perjudicado de la nueva política fiscal es el de las grandes empresas. El Gobierno y Podemos se han comprometido a establecer un tipo mínimo del impuesto de Sociedades del 15% sobre la base imponible positiva. La medida afectará a grupos empresariales que tributan en régimen de consolidación fiscal y empresas cuya facturación supere los 20 millones de euros al año. «El objetivo es que la tributación efectiva no se vea afectada de una forma excesiva por el uso de deducciones y bonificaciones que reducen la cuota a pagar del impuesto, especialmente en el caso de grandes empresas», argumentan.

Más aún, ese tipo mínimo será para el caso concreto de la banca y las petroleras, que ya tienen un tipo nominal incrementado, del 18%. Pero además, el Ejecutivo y Podemos han limitado la exención actual a los dividendos y plusvalías que las compañías obtienen y tributan en el exterior y que tenía como razón de ser evitar una doble imposición. Pues bien, socialistas y Podemos han reducido en un 5% esa exención, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto y de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.

El único guiño fiscal a las empresas es una rebaja de Sociedades del 25% al 23% a las pymes que facturan hasta un millón de euros, medida que según los técnicos de Hacienda apenas beneficiará a 7.202 empresas, apenas el 0,5% de las micropymes, con un ahorro de 36 millones, cifra que el Ministerio de Hacienda eleva a 260 millones.

La fiscalidad a las empresas incluye medidas concretas para tres sectores específicos. Por un lado, la banca. Aunque Gobierno y Podemos han rechazado crear un impuesto específico a las entidades financieras , sí han pactado establecer una tasa a las transacciones financieras, como actualmente negocian hasta diez países de la Unión Europea, aunque por ahora no hay un acuerdo sobre cómo implantarlo a nivel comunitario, que es la fórmula con que se evitarían efectos adversos como una pérdida de competitividad de los grupos financieros españoles o la deslocalización.

Pese a ello, el Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a imponer esa tasa en solitario. El acuerdo con Podemos contempla un gravamen del 0,2% a la compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero . La medida se limitará a los títulos emitidos en España por empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, y quedan fuera del impuesto la deuda tanto pública como de empresas, así como los derivados.

A ello se suma el impuesto a las tecnológicas. Se crea un impuesto sobre Servicios Digitales que gravará con un itpo del 3% actividades y servicios propios de la economía digital que hoy no tributan como los servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Este gravamen se aplicará a empresas con ingresos anuales a nivel global de al menos 750 millones euros y con una facturación en España superior a los 3 millones.

El acuerdo devolverá el control a efectos tributarios de las sicav, ahora en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como adelantó ABC . Además, se fijarán requisitos adicionales para la aplicación por las sicav del tipo impositivo reducido del que gozan, un tope a la concentración de capital de la sociedad en manos de un mismo inversor. Por otro lado, las socimis (sociedades de inversión inmobiliaria), que tienen un tipo del 0% por las rentas obtenidas en el ejercicio por su actividad de alquiler inmuebles, y un 15% por el resto, tendrán que abonar un tipo del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

Junto a las personas jurídicas, las personas físicas con rentas y patrimonios mayores verán también elevada la presión fiscal. Por ejemplo, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF para aquellos contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 130.000 euros, del 22,5% al 24,5% , y cuatro puntos, hasta el 26,5%, aquellos que ganen más de 300.000 euros . Esta medida implicaría que al sumar el tramo autonómico, en comunidades como Asturias, Andalucía y Cataluña supondría elevar el tipo máximo del impuesto para quienes ganen más de 300.000 euros hasta el 52%.

Las rentas del ahorro más elevadas también pagarán más. Así, el tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para rentas superiores a los 140.000 euros. Gobierno y Podemos han pactado además incrementar el 1% en el impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros. «Para poder financiar correctamente el Estado de bienestar, es imprescindible reforzar la progresividad general del sistema, y en particular recuperar el gravamen a los grandes patrimonios, que pueden aportar más», justifican.

El pacto de los Presupuestos también incluye una serie de rebajas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En concreto, los productos de higiene femenina, como compresas y tampones, pasarán de pagar el 10% al 4%. Además, se reducirá el tipo de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%.